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Carlos Jiménez Villarejo: “El Tribunal Supremo está poniendo en juego la institución judicial y la estabilidad democrática”

Revista Fundación César Navarro Nº 18, | 26 octubre 2010

Por Inma Chacón y Enriqueta de la Cruz. Entrevista realizada durante las Jornadas de Santa Cruz de Moya 2010

 

  • Estamos ante una situación crítica, una operación encaminada a rehabilitar el franquismo y todos sus crímenes y a borrar a las víctimas.
  • Hay una debilidad institucional para afrontar la denuncia del franquismo.
  • Las raíces están en la Transición. Un sector del franquismo mantuvo el control.

 

El ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha concedido una entrevista a la Fundación César Navarro en la que analiza las intenciones que están detrás del proceso abierto al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

Según Villarejo, estamos ante una persecución y represión de la oposición al franquismo. “Estamos ante una situación crítica –dice- no podemos bajar la guardia ante una operación encaminada a rehabilitar el franquismo y todos sus crímenes y a borrar a las víctimas, la posibilidad de ejercer acciones en demanda de verdad, justicia y reparación; lo digo sabiendo lo que digo y eso es muy grave”. Para Villarejo, esta operación tiene nombres y apellidos: “está dirigida desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vamos a imaginar que no sólo desde ahí”, añade.

En una conversación mantenida con dos miembros de la Fundación, las escritoras Inma Chacón y Enriqueta de la Cruz, el jurista se reafirma en que “el Tribunal Supremo sigue siendo un instrumento del fascismo español”. Y añade más: que “está poniendo en juego la institución judicial y la estabilidad democrática”. Asegura que lo que está ocurriendo es una “perversión del sistema democrático” y habla de jueces cobardes o tibios que “tienen nombres y apellidos” y de una sociedad que se ve incapaz de enfrentarse al poder judicial.

La conversación con Chacón y De la Cruz se desarrolló en Santa Cruz de Moya (Cuenca) tras su intervención en las XI jornadas sobre la guerrilla española organizadas por la Asociación La Gavilla Verde los días 1, 2 y 3 de octubre. Dichas jornadas contaron también con la presencia de la esposa del juez Baltasar Garzón, Rosario Molina, su hija y su nieta de pocos meses. Molina se limitó a pedir justicia, sin hacer otro tipo de comentarios.

A juicio del experimentado y reputado jurista Carlos Jiménez Villarejo -ex fiscal anticorrupción y testigo directo de los más importantes acontecimientos históricos en el ámbito judicial de los últimos años-, todo el mal se arrastra de la Transición considerada en su conjunto desde lo político, los jueces o la propia Ley de Amnistía porque el control lo mantuvo el franquismo y la contrapartida fue no tocar el aparato represor.

Ya en la mesa en que le tocó intervenir: “Justicia y Memoria. El año de Garzón. ¿La memoria amputada?”, Villarejo hizo algunas afirmaciones rotundas y valientes: que el proceso a Garzón es “un intento de rehabilitación del franquismo por algunos jueces y magistrados que son directos herederos de la ideología franquista. Es un hecho histórico que produce perplejidad y un retroceso en los valores democráticos”, asegura.

Se quiere, según Villarejo, destruir a las víctimas y cerrarle la puerta de los tribunales. “¿Qué juez se va a atrever ahora a abrir una causa?”, se preguntó y recomendó hacer frente a la situación, “seguir diciendo `no´ al Supremo y no cesar en denunciarlo.

A Villarejo le queda claro que en la querella de Manos Limpias contra Garzón no había nada y que “la munición la que le dio la Fiscalía de la Audiencia Nacional”. También insiste en escandalizarse de que no sea sino Manos Limpias y la Falange –no exactamente la vía fiscal- la que haya puesto este freno a abrir un proceso al franquismo.

Todo lo que ocurre demuestra, dice, que “tenemos una democracia débil con poderes que no han asumido valores democráticos y usan su poder para una corrupción lo que es una corrosión y perversión del sistema democrático”.

 

 

P. ¿Dónde están las raíces de lo que ocurre en estos momentos?

R. Las raíces están en la Transición globalmente considerada. El control lo mantuvo el sector franquista llamado aperturista con la contrapartida, además, de que el aparato represor no se toca y en él estaba el Tribunal de Orden Público (TOP) y el Tribunal Supremo que ratificaba a ciegas las sentencias condenatorias del TOP.

 (El jurista nos remite al libro publicado en 1984 y escrito por el ex ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, “Al servicio del Estado”, donde éste relata con precisión esto, que el aparato represor no se toca).

 

P. Es decir, ¿están los mismos?

R. No son las mismas personas pero si hablamos de aparato represor… No ha habido nunca un verdadero ajuste de cuentas con la Dictadura. En la Constitución del 78 no hay disposición derogatoria alguna en la que se enumeren todas las disposiciones represivas del franquismo relacionadas con los tribunales de guerra, la masonería, el comunismo, etc. Hasta la Ley de Memoria, hasta el 2007 cuando se plantea, eso destacaba por ausencia.

 

P. ¿Por qué se ha quedado tan corta la Ley de Memoria Histórica?

R. El Gobierno no quiso avanzar en esta ley en la nulidad de las sentencias del franquismo por cobardía a colocar al franquismo en la relevancia que tuvo en el proceso de inicio de la democracia.

 

P. Pero ¿qué está pasando en realidad? ¿Por qué nos encontramos en esta lamentable situación -única entre los países democráticos desarrollados- frente a los crímenes del franquismo de no poder acceder a verdad, justicia y reparación que demandan las víctimas cuando han transcurrido más de 70 años del golpe de Estado contra el régimen legal de la II República que dio lugar a una Guerra y a una Dictadura?

R. Debilidad institucional para afrontar la denuncia del franquismo. Instituciones que no tienen capacidad para mirar de frente al franquismo.

 

P. ¿No será que late en el fondo el problema de la monarquía que se ha tachado por algunos políticos de “intocable”?

R. Las sentencias para las que se pide la anulación, por ejemplo, afectan en todo caso a militares, etc. no a la Corona.

 

P. Pero es mucho el daño que se hace aún a las víctimas del franquismo, ¿no es así? Porque a ver, ¿cuál es la importancia de que esas sentencias franquistas sigan ahí?

R. Que puedan subsistir sentencias dictadas por tribunales ilegítimos y que no se atrevan a anularlas, que no sean declaradas nulas, significa que esas personas están condenadas. Mientras no sean declaradas nulas dichas sentencias, no son inocentes.

 

P. ¿Hay alternativas sobre la mesa para encarar una situación que lleve a la reparación, verdad y justicia?

R. La Unión Progresista de Fiscales ha solicitado una Agencia Nacional de Reparación de Víctimas entre otras cosas para recuperar los restos, para mediante ADN, llegar a desaparecidos, para obtener una reparación, etc. y ha pedido que un fiscal se encargue… Se llame Agencia o sea otra cosa, estas propuestas se conocen, están ahí.

 

P. O sea, que sí hay propuestas y se hace oídos sordos. Bueno y sobre el caso Garzón en concreto el proceso que se le ha abierto, ¿qué destacaría?

R. La dilación. Han pasado más de cuatro meses. La dilación es inaceptable de un proceso en el que se da ya una situación de excepción porque hay ya un imputado (Garzón) que está ya cumpliendo la pena porque está expulsado y en esas causas hay una exigencia legal de actuar con diligencia. El Tribunal Supremo se toma plazos que no están en las leyes para resolver recursos. Lo que ocurre es un atentado a los principios que inspiran el poder judicial, a la independencia. El proceso quiebra la independencia. Es el proceso con menos garantías que conozco.

 

P. Sus últimas declaraciones en la Universidad sobre este proceso levantaron reacciones airadas por parte incluso de periodistas que se denominan demócratas. ¿Se reafirma en ellas?

R. Sí. El Tribunal Supremo sigue siendo un instrumento del fascismo español. Insisto en ello.

 

P. ¿Quiere añadir algo más al respecto o puntualizar?

R. El Tribunal Supremo está poniendo la institución judicial y la estabilidad democrática en juego.

 

P. Desaparecidos y crímenes de lesa humanidad. La Ley de Amnistía no puede poner un punto y final a esto. ¿No es así?

R. Los desaparecidos forzosos y detenidos ilegalmente, esto es un delito que sigue cometiéndose hasta que no sea conocido su destino, el de las ciento y pico mil personas, y sean enterrados dignamente. Sigue el delito y no puede apelarse a la Ley de Amnistía que se refiere a delitos consumados. Hay que tener en cuenta, sobre todo, la Convención de las Naciones Unidas. Esa Ley no puede alcanzar nunca a crímenes contra la Humanidad porque son delitos contra el género humano de lo que estamos hablando.

http://www.fundacion-c-navarro.com/