La Justicia argentina pregunta a España si investigó el «genocidio»
El Gobierno deberá explicar si ha perseguido los crÃmenes del franquismo
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DIEGO BARCALA MADRID 27/10/201
La justicia internacional asume que los crÃmenes del franquismo fueron un genocidio o un crimen de lesa humanidad pese a la oposición que han mostrado al respecto los jueces españoles. La jueza argentina MarÃa Servini de CubrÃa, que archivó en primera instancia la querella que el pasado 14 de abril presentaron en Buenos Aires familiares de vÃctimas de Franco, ha enviado un exhorto por vÃa diplomática a España para que «la autoridad competente» informe de si realmente se han investigado «los hechos atroces» denunciados.
En caso de que el Gobierno español responda con una información insatisfactoria para Servini de CubrÃa, la jueza pondrá en valor el principio de jurisdicción universal y abrirá un proceso que podrá incluir extradiciones. Los querellantes solicitaron al tribunal que pidiera al Gobierno español los nombres de los altos cargos de los consejos de ministros, fuerzas armadas, falangistas y jueces que contribuyeron a llevar a cabo los crÃmenes que el Gobierno golpista llevó a cabo desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.
Según fuentes cercanas al caso, la respuesta del Gobierno puede preverse al analizar el escrito que el fiscal redactó cuando Servini de Cubria archivó el caso. El fiscal señaló que España tenÃa procesos abiertos en juzgados territoriales relacionados con los crÃmenes denunciados, «en información obtenida por internet». Los denunciantes recurrieron al considerar que «el fiscal basó su opinión en una hipótesis falsa y sin constancia legal».
Varios miembros del Gobierno, preguntados al respecto, han anunciado colaboración con lo que les sea solicitado, como declaró el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. La versión oficial del Gobierno alude a la Ley de la Memoria para explicar la postura de España con su pasado.
Respuestas que no convencen a los denunciantes. «No pueden responder asà mientras sigan vigentes las leyes franquistas. En España no habrá democracia mientras los criminales no sean juzgados», reflexiona por teléfono desde Buenos Aires DarÃo Rivas, hijo de Severino Rivas, alcalde de Castro de Rei (Lugo) fusilado el 29 de octubre de 1936 y enterrado en una fosa del cementerio hasta que su hijo DarÃo lo encontró en 2002. «Pude desenterrarlo, homenajearlo e incluso ponerle una calle. Yo sà pude limpiar su nombre y declarar que no fue un traidor a la patria como le acusaron, pero miles de personas no han podido», añade DarÃo Rivas.
El exhorto enviado por la jueza alude al caso de Severino Rivas para preguntar si en España se han juzgado los miles de crÃmenes similares que pueden ser incluidos en la siguiente definición: «Plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación fÃsica de sus más representativos exponentes».
La petición de la jueza, fechada el pasado 14 de octubre, se basa en los principios del artÃculo 40 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República Argentina y el Reino de España de 1989. Entre las posibles personalidades que deberÃa aclarar algunos de los crÃmenes se encuentra el senador Manuel Fraga que acusó en el diario El PaÃs a DarÃo Rivas de «guerrillero incivil» por buscar la fosa de su padre, tal y como recuerda el insultado.
Sucesos de Vitoria
Manuel Fraga, fundador del PP, se sentó junto a otros conocidos de la vida pública española como Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL o Rodolfo MartÃn Villa, ex presidente de Sogecable, en el consejo de ministros presidido por Carlos Arias Navarro, un mes después de la muerte de Francisco Franco. Fraga era ministro de Interior y Gobernación cuando la policÃa disparó, el 3 de marzo de 1976, contra los manifestantes en una protesta en Vitoria. Murieron cinco de ellos y 150 resultaron heridos de bala. La Ley de la Memoria las consideró vÃctimas de la dictadura.
La jueza pregunta al Gobierno por los últimos fusilados de los tribunales militares de la dictadura. De hecho, Silvia Carretero, viuda del militante del FRAP, José Luis Sánchez Bravo, asesinado por el Estado en septiembre de 1975, es una de las denunciantes. El Gobierno no podrá demostrar que ha investigado ese crimen porque Carretero, que desconfÃa del sistema jurÃdico en España, nunca ha pedido la nulidad de la condena, como si ha hecho sin éxito Flor Baena, hermana de Humberto Baena.
Las vÃctimas de los paseos de Falange
Severino Rivas
De profesión labrador, fue elegido democráticamente alcalde de Castro de Rei el 9 de mayo de 1936, como candidato socialista del Frente Popular. A los pocos dÃas del golpe de Estado que comenzó el 17 de julio de 1936 y se extendió por España un dÃa después, fue detenido. El 29 de octubre fusilado y enterrado en una fosa por «traidor a la patria»:
Hermanos GarcÃa Holgado
ElÃas, Luis y Vicente son los hermanos GarcÃa Holgado, que fueron fusilados por los golpistas entre 1936 y 1937. Su sobrina nieta, Inés GarcÃa Holgado, residente en Argentina llevó los casos a la querella. ElÃas GarcÃa Holgado fue alcalde de Lumbrales y diputado provincial en Salamanca entre 1931 y 1936. Fue fusilado el 5 de julio de 1937 por adhesión a la rebelión.
José Luis Sánchez Bravo
El caso del militante del FRAP asesinado en septiembre de 1975 en los últimos fusilados por el franquismo ha sido llevado a juicio por Silvia Carretero, su mujer, que fue torturada en 1975.
Los crÃmenes falangistas
Los casos son equiparados en el escrito de la jueza como ejemplos de «paseos» practicados por Falange Española como una «técnica perfeccionada».Â