El Gobierno estudia la reclamación de los hijos de un político fusilado en 1936

 

ÁNGEL MUNÁRRIZ SEVILLA 06/11/201

José Castilla, 80 años, y su hermana Carmen, 75, no se conforman con la reparación moral o la dignificación de la memoria de su padre. Tampoco quieren nada que no les corresponda. Ni nada que no puedan demostrar que sería suyo por herencia y lógica. Sólo quieren recuperar lo que le fue robado a su familia por el Estado mediante una multa pagada años después de que su padre, Virgilio Castilla, presidente republicano de la Diputación de Granada, fuera fusilado el 2 de agosto de 1936 por los golpistas. Fue un expolio documentado, demostrable, ilegítimo E impune.

«Es de justicia. Fue un enriquecimiento ilícito del Estado que se mantiene hoy», afirma José Castilla, hijo mayor de Virgilio. Tanto José como su abogado, José Miguel Castillo, afirman que su reclamación patrimonial es pionera en España y pretenden que «abra puertas». «Si así no lo conseguimos, iremos a un recurso vía contencioso-administrativo», asegura el abogado.

Sólo son capaces de citar un caso similar, el de la familia de Juan Negrín, presidente de la República entre 1937 y 1939. Sus herederos lograron que en 1995 el Consejo de Ministros, atendiendo a una reclamación ante el Ministerio de Justicia e Interior, aprobase un decreto que obligaba al Estado a abonarles 287 millones de pesetas como compensación. El decreto pretendía resarcir a la familia por los «daños y perjuicios» por la «incautación y administración judicial de los bienes integrantes de la herencia de don Juan Negrín Cabrera [padre del político] por aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939».

Es decir, el Gobierno dio la razón a Juan Negrín Fidelman, hijo del político, que reclamaba compensación por los daños causados al patrimonio familiar por las medidas tomadas por el Estado franquista en virtud de la ley del 39. Algo similar a lo que quieren los Castilla. ¿Por qué Negrín si y Castilla no?, se preguntan los herederos de este. Es más: ¿por qué los partidos y los sindicatos sí y los particulares no? Las organizaciones políticas y sindicales arreglaron con el Estado, llegada la democracia, la devolución de lo que les fue incautado. Pero nada se ha hecho para resarcir a los 200.000 particulares afectados por la represión económica, sobre todo entre 1939 y 1945. La Ley de Memoria Histórica obvió la cuestión.

Virgilio fue condenado a muerte el 1 de agosto de 1936 por un consejo de guerra que lo declaró culpable de los delitos de rebelión militar, provocación, inducción e instigación a la rebelión e insultos a la fuerza armada. El fallo lo consideraba parte de «un amplio movimiento subversivo para implantar en Granada las doctrinas ruso-marxistas». Fue fusilado al día siguiente en la tapia del cementerio de San José. Su expediente pasó a un Tribunal de Responsabilidades Políticas, que declaró la incautación de sus bienes como garantía del pago de una multa de 250.000 pesetas. Para afrontarla, los Castilla (entonces una viuda con tres hijos, el mayor de ellos José) tuvieron que disolver la sociedad familiar, Luis y Virgilio Castilla Confecciones SL.

«Las fuerzas enviadas por el juez tomaron militarmente mi casa y embargaron todo lo que había allí como garantía de pago: frigorífico, muebles… «, explica José. Luego, tras pagar la multa, se mantuvieron a flote gracias a la ayuda del padre de la viuda, un comerciante próspero.

Respuesta oficial

¿Tiene el Estado aquí una responsabilidad patrimonial? José y Carmen creen que sí. Tras la aprobación de la Ley de Memoria, se dirigieron al Ministerio de Justicia pidiendo un reconocimiento moral. Ahí, sin dinero en juego, lo tuvieron fácil. El 17 de julio de 2009, Justicia envió una carta que señalaba que Virgilio padeció persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, «siendo ejecutado […] en virtud de la sentencia dictada, sin las debidas garantías, por el ilegítimo» consejo de guerra. El ministerio expedía «una declaración de reparación y reconocimiento personal».

Con ese documento acudieron José y Carmen Castilla al Ministerio de Presidencia el 21 de octubre de este año, reclamando 262.832 euros. Según una pericia del catedrático de Economía Rafael Moreno, es la cantidad equiparable hoy a las 250.000 pesetas. Sólo ocho días después, el 29 de octubre, Presidencia respondió que el escrito ha sido ya trasladado «al Ministerio de Economía y Hacienda[…] para su conocimiento y efectos oportunos».

Ya hay precedentes aislados que se han topado con negativas de Hacienda. «No se contempla la devolución de bienes a los particulares», fue la respuesta que recibió Paqui, vecina de un pueblo de Sevilla que prefiere no dar publicidad a su caso.

Hasta ahora la iniciativa de reparación económica más organizada es la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista, que desde Catalunya ha reunido a 2.000 afectados. La asociación se encarga del dinero incautado en virtud de un decreto de 1938 del Ministerio de Hacienda del Gobierno golpista, con sede en Burgos, que prohibía tener papel moneda puesto en circulación por la República. Ciudadanos de toda España acudieron a depositar dinero en el Banco de España. Pese al compromiso del régimen de devolverlo, miles de personas nunca lo recuperaron.

http://www.publico.es/espana/345269/una-deuda-moral-de-262-832-euros