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Cádiz: La Fiscalía informa a la Policía Judicial

El Mundo.es, 21/12/2010 | 22 diciembre 2010

El robo de bebés durante el franquismo es un delito que todavía no ha prescrito

 

Ana María Fopiani | Cádiz

    * Las sospechas se centran en la residencia Zamacola, entre los años 60 y 79

    * También se investiga la clínica San Rafael

La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, considera que hay caso y ya ha ordenado que se abra la consiguiente investigación. Los familiares de los bebés presuntamente robados en las décadas de los 60 y 70 en Cádiz tras ser dados por muertos han conseguido ser escuchados. A primera hora de este martes, los afectados de una decena de familias se han sentado con Ángeles Ayuso quien les ha anunciado que se iniciará una investigación para esclarecer los hechos denunciados.

En breve, la Fiscalía de Cádiz dará curso a las denuncias presentadas formalmente, que ascienden ya a 14, para que la Policía Judicial comience a tomar declaración a los familiares.

Chary Herrera, afectada que busca a una hermana y portavoz de los afectados, ha confirmado que “la Policía Judicial nos llamará para declarar y ver si hay indicios de delitos en las desapariciones”. En caso de que efectivamente se demostrara que aquellos niños que nacieron en la residencia sanitaria Fernando Zamacola de Cádiz no murieron se continuaría con las diligencias judiciales, ya que la fiscal les ha aclarado que el delito no habría prescrito.

Chary, junto a otros afectados, no oculta su satisfacción por haber sido escuchados y, al menos, se investigue si aquellos bebés de la transición y el franquismo nacieron muertos o fueron dados ilegalmente en adopción. La duda no sólo la plantean hermanos o padres que aún están vivos y buscan a sus familiares, sino incluso hijos que dudan de sus actuales orígenes.

Las sospechas se centran en la residencia Zamacola, entre los años 60 y 79, además de en los partos atendidos en la clínica San Rafael, también en Cádiz, que, pese a su carácter privado, cedió sus instalaciones al servicio público cuando el hospital fue derribado para levantar el actual. Se da el caso que, algunos de los médicos que atendieron aquellos partos y que firmaron certificados de defunción, están aún vivos, aunque no ejercen, por lo que serán también llamados a declarar.

La decisión de la fiscal jefe, sigue los pasos de Juan Cisneros, fiscal en Algeciras, que ya actuó de oficio llamando a declarar a Flor y Cristina Díaz Carrasco. Estas hermanas que residen en Irún (Guipúzcoa) denunciaron que sus padres, emigrantes andaluces, se trasladaron a La Línea en 1967 para que la mujer diera a luz. El bebé, un niño, fue dado por muerto y enterrado. En 1980, las hermanas comprobaron que la tumba a la que durante tanto años fueron a poner flores no tenía los restos de Jesús Díaz Carrasco. Ni siquiera había registro de su sepelio o fallecimiento.

Los familiares solicitan que se hagan pruebas de ADN y que se desentierren los cuerpos para comprobar si, efectivamente, hay cuerpos enterrados donde supuestamente han de estarlo y si son de quienes se dice.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/21/andalucia/1292940911.html