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Sepultando la historia

Francisco Espinosa Maestre. Todos los nombres.org, 22/12/2010 | 24 diciembre 2010

Quizás el fracaso de la ley, de cuyo nombre pocos pueden acordarse, radique en su propio planteamiento

TVE-2 dedicó hace poco el programa “Tengo una pregunta para mí” a la Ley de Memoria Histórica con el título “Vivimos en deuda con el pasado”, para lo cual contaron con José Álvarez Junco, Javier Pradera, Santos Juliá y Julián Casanova. De entrada llama la atención la escasa pluralidad de los intervinientes, ya que, salvo el último, los demás son de parecida opinión. Además sólo Casanova ha tenido relación directa con la investigación de la cuestión de fondo que se planteaba: la represión franquista.

Me centraré en las declaraciones de Álvarez Junco, que explican en parte por qué la Ley de Memoria salió como salió. ¿Se podía esperar algo de una comisión que, de entrada, parte del benemérito propósito de “cerrar heridas, no reabrirlas”, elaborar un texto “aceptable para todos”, PP inclusive, y “cerrar un ciclo”? Con esas ideas tan originales no es de extrañar que en poco tiempo fueran arrojadas por la borda las buenas intenciones. Y todo ello bajo un curioso principio: “La transición se hizo sobre el pacto de que eran válidos los actos del franquismo, excepto aquellos que fueran expresamente contrarios a la Constitución”. La frase parece inspirada en el humor paradójico de Groucho pero es de Álvarez Junco. No es de extrañar pues que se olvidaran rápidamente de algo clave como la anulación de las sentencias de los consejos de guerra franquistas. Herrero-Tejedor Jr. habló en su momento del riesgo de abrir puertas falsas a la legalidad por sus imprevisibles consecuencias, pero ahora se opta por otro argumento: el Estado tendría que cargar con los gastos de la reparación. De ahí la extraña disposición de pagar indemnizaciones sólo a partir de 1968.

Quizás el fracaso de la ley, de cuyo nombre pocos pueden acordarse, radique en su propio planteamiento. ¿En qué cabeza cabe que se puedan “cerrar las heridas” de los vencidos manteniendo intacta la validez de los actos del franquismo? ¿Cómo se puede pretender mezclar en una misma ley a todas las víctimas de la guerra civil y del franquismo desde 1936 a 1977? Falla por su propia base. Así se explica la confusión que le provoca a Álvarez Junco la palabra víctima. Suena a broma pesada preguntarse, como él hace, si Falange, por el hecho de presentarse ante la comisión como las demás asociaciones, fue víctima o no. Y peor aún resultan sus dudas sobre si todas las víctimas fueron “luchadores por la democracia”, citando ahí a los guerrilleros “estalinistas”, a “los anarquistas que estaban asaltando bancos”, a los etarras, etc. Imagino que sólo con tal escepticismo ideológico es posible confundir el concepto de víctima con el de verdugo.

Veamos cómo dividieron a las víctimas: las de la guerra, “por los dos lados” (1936-39), las del franquismo (1939-1968) y “las del final” (1968-1977). Recuerda esto al truco de las autonomías: crear muchas para diluir las históricas. Pues aquí igual: se mezcló todo y se extendió a las cuatro décadas de dictadura para tapar lo que hay que tapar. No tengo la menor duda de que en la comisión alguno sabía que una cosa son las víctimas del golpe militar y de la represión, que es donde radica la cuestión, y otra muy diferente las de la guerra; y también que no cabe en modo alguno no ya equiparar sino ni siquiera poner juntas las víctimas de ambos lados mientras no sepamos ni el número ni la identidad de las causadas por los golpistas. También disponían de información para saber que el ciclo represivo consecuencia del golpe militar, salvo algún coletazo, va del 17 de julio de 1936 a los primeros años cincuenta con el final de la resistencia armada organizada y que lo que vino después ya es otra historia. Dado el planteamiento erróneo de la ley la periodización, propuesta por la comisión, es absurda y busca, como el franquismo, tapar la represión con la guerra y la dictadura.

Destacaré finalmente dos declaraciones: la defensa de los que como la familia Lorca tienen “todo el derecho del mundo” a que los restos de sus familiares sigan donde los dejaron sus asesinos, y la opinión, dada la imposibilidad de consensuar una interpretación sobre el periodo 1931-1975, de que, por lo que respecta a la educación, “lo más sensato sería explicarles las distintas versiones” llevando ante los alumnos “uno de un lado y otro del otro”. Como Bono en aquel desfile. Respecto a las exhumaciones parece ignorar que, por encima de lo que piense la familia, está lo que marca la ley. Y sobre lo segundo olvida que no se trata de opiniones sino de hechos de lo que se está hablando y que son estos hechos, que tanto está costando demostrar, lo que hay que transmitir a la sociedad.

Tras estas declaraciones se entiende que la comisión vagara errática por aquella legislatura a base de rumores y borradores, y que finalmente su ley no gustara a nadie. En realidad, lo que se pretendía, una vez más, era poner fin a las demandas de la historia y de la memoria, o sea, renovar en lo esencial el pacto de silencio de la transición y ceder algo en lo accesorio. El auto del juez Garzón relegó al olvido más absoluto la comisión y su ley, y abrió el camino que llevaba de la verdad histórica en construcción a la verdad jurídica que hubiera puesto donde corresponde los “actos válidos” del franquismo. Pero la derecha permanente (política, judicial, mediática) abortó el proceso y hubo que volver a la ley de la comisión. Otra ocasión perdida.

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