Lau Haizetara Gogoan, ha denunciado que el informe del Gobierno Vasco «mantiene la impunidad de los responsables y oculta el censo de víctimas»

 

Vitoria, 9 dic (EFE).-

La coordinadora de asociaciones de víctimas del franquismo de Euskadi y Navarra, Lau Haizetara Gogoan, ha denunciado hoy que el informe del Gobierno Vasco sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos «mantiene la impunidad de los responsables y oculta el censo de víctimas».

En un comunicado, esta plataforma, que se creó en el año 2006 para aunar esfuerzos en la batalla por la recuperación de la memoria histórica antifascista, ha criticado el informe que presentaron el pasado 1 de diciembre en el Parlamento Vasco la directora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, y su homóloga en el Departamento de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu.

En primer lugar, la coordinadora ha dicho que la metodología para su elaboración «no se ajusta a parámetros homologables con experiencias internacionales» porque no se ha consultado a los afectados y porque ha encargado su elaboración a una ONG «sin la experiencia ni los conocimientos necesarios para un trabajo de este calado social, jurídico y político».

Asimismo, esta plataforma ha explicado que en el documento «no se establecen garantías mínimas para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad», al negarse a incluir un censo de víctimas por «miedo a la verdad y a sus consecuencias jurídicas».

Ha opinado, además, que el texto «abandona absolutamente a las víctimas» a la hora de solicitar las ayudas correspondientes, ya que deben acreditar «por sus medios el cumplimiento de los requisitos exigidos».

Al mismo tiempo, según esta coordinadora, «el Gobierno Vasco se niega a diseñar una política pública de investigación y obtención de documentación bajo los parámetros» de las normas internacionales.

En cuanto a la clasificación de víctimas que hace el informe según tres etapas históricas, Lau Haizetara Gogoa se ha opuesto a hacer «una gradación respecto de la gravedad de las vulneraciones, en función de si han sido cometidas durante dictadura o en posteriores fases, supuestamente democráticas y que no se acotan con precisión».

También ha mostrado su disconformidad con el establecimiento de enero de 1968 como fecha de inicio sobre la que aplicar el mencionado marco normativo. EFE

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