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«Las armas vencieron a las letras»

Diario de León, 17/01/2011 | 18 enero 2011

Un total de 927 enseñantes sufrieron la «purificación» del franquismo en León

17/01/2011 ANA GAITERO | LEÓN

Al menos 45 fueron fusilados o paseados y una veintena fue apartada del magisterio El objetivo era «eliminar el modelo educativo republicano e imponer por la fuerza de las armas el nacional católico», afirma Javier Rodríguez

«La Guerra Civil supuso el triunfo de las armas sobre las letras». Javier Rodríguez cierra con estas palabras el capítulo dedicado a León en el libro Muerte y represión en el Magisterio en Castilla y León que la Fundación 27 de Marzo acaba de publicar y presenta en el Auditorio de León este miércoles.

La lista de enseñantes que sufrieron el proceso de «purificación» del franquismo es tan larga, 927 en la provincia de León, que no cabe en la segunda investigación que se lleva a cabo sobre la represión educativa en la provincia -«la primera data de 1986 y es obra de Wenceslao Álvarez Oblanca-» dirigida por los historiadores Enrique Berzal de la Rosa y Javier Rodríguez González.

El objetivo de la «extremadamente cruel represión» que el franquismo llevó a cabo en la enseñanza no era otro que «eliminar el modelo educativo republicano, que se desarrolló entre los años 1931 y 1936 bajo el marco de una democracia parlamentaria; y proceder a la imposición por la fuerza de las armas del modelo educativo nacionalcatólico que permaneció en nuestro país desde 1936 hasta 1975», afirma Rodríguez.

Quien fue ministro de Educación Nacional de España entre 1939 y 1951, Ibáñez Martín, lo justificaba así en un discurso de 1943: «Ha sido preciso someter una tarea dolorosa, pero necesaria de aniquilamiento y depuración (…). Al magisterio afectó quizá con inusitada fuerza esta tarea de purificación. Pero un interés religioso y un soberano interés nacional lo exigían así».

La «purificación» del magisterio en León supuso pasar por las armas, en muchos casos sin ni siquiera haber teatralizado un consejo de guerra, a al menos 45 docentes, en su mayoría maestros de primaria, mientras que una veintena sufrieron represalias de diversa índole, desde la cárcel hasta la incautación de sus bienes y el apartamiento de la docencia.

«Hubo una normativa específica de depuración y aunque el catolicismo no fue el único factor que se tuvo en cuenta, sí adquirió un protagonismo especial», argumenta Javier Rodríguez, dentro de una «limpieza» que eliminó a los enemigos físicamente, los encarceló o condeno al exilio y además controló el acceso a la actividad pública, «vetado para los que no demostraran simpatía con el nuevo régimen».

La enseñanza fue objetivo prioritario desde el primer momento, incluso antes de que en diciembre del 36 se dictara la norma sobre depuración. Tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, el gobernador civil de León y el rectorado de Valladolid dictaron la destitución y sanción de más de 300 profesionales de la enseñanza en la provincia, así como la sustitución y cese de todos los directores de centros.

Fueron depurados también 14 inspectores y dos de éstos asesinados. Se trata Rafael Álvarez García, fusilado el 18 de agosto de 1938 y Luis Vega Álvarez, paseado el 16 de agosto de 1936; otros cinco fueron separados del puesto y baja definitiva en el escalafón, a cuatro les fue impuesta baja temporal de servicio, traslado forzoso e inhabilitación para cargos directivos y de confianza. La investigación revela que tan sólo tres fueron repuestos tras unos meses de suspensión.

Del Instituto de León fue fusilado el catedrático de Lengua Española Manuel Santamaría Andrés y apartado definitivamente de su cátedra de Filosofía Hipólito Romero Flores. Los «cargos» de masón, ex presidente del Ateneo Obrero y gobernador civil con el Frente Popular así como «íntimo amigo del sindicalista Victoriano Crémer» le valieron también el encarcelamiento en San Marcos y Valladolid y la incautación de sus bienes, entre ellos, «varios muebles y el saldo de dos libretas que posee en el Banco Urquijo Vascongado de esta capital», según el documento de responsabilidades políticas. La represión económica benefició a los afectos al nuevo régimen, entre quienes se subastaban los bienes incautados, según se apunta en el capítulo leonés.

En el Instituto de Astorga, fueron separados definitivamente del servicio siete profesores, entre ellos Luis Sánchez Gerona. En Ponferrada las separaciones definitivas de tres profesores del instituto fueron conmutadas por penas menores.

La Escuela Normal fue otro de los focos de la represión docente. De las 25 personas de su cuadro docente fue cesada inmediatamente la que era su directora desde 1913, Mercedes Monroy por pertenecer a la Fete (Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT) y tener amistad con Félix Gordón Ordás, quien llegó a ser presidente de la II República en el exilio.

Fueron depurados también profesores destacados como David Fernández Guzmán, quien había sido el número cuatro en su promoción en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, pero sobre quien pesaron antecedentes como ser afiliado al Partido Radical Socialista de Gordón Ordás).

Eustasio García Guerra, profesor y metodólogo de la Historia, fue acusado de de defender «posturas anticristianas y antiespañolas al haber defendido el materialismo dialéctico».

La inspectora Francisca Vicente Mangas, cuya afiliación más relevante fue pertenecer al grupo excusionista Inquietudes y haber participado en la manifestación del 1º de mayo «con jersey rojo y pluma en el sombrero», fue depurada y «murió en Sevilla en 1941 a consecuencia de las secuelas psicológicas -«delirio agudo-» que le dejó la muerte de su marido, el también inspector Manuel Álvarez García», señala Rodríguez.

Fructuoso López Díaz, de la Escuela Superior de Veterinaria, fue asesinado y su ayudante Manuel Fanjul apartado definitivamente del servicio. Nicostrato Vela Esteban profesor de Bacteriología1, jefe de los servicios veterinarios del ayuntamiento León y director del matadero municipal fue fusilado en el campo de tiro de Puente Castro el 4 de diciembre de 1936 junto a Víctor García Herrero, contador de la Federación Local de Sociedades Obreras.

La mayoría del personal docente ejecutado fue víctima de los paseos , sin juicio ni garantía procesal alguna. Los montes de Valverde del Camino, Villadangos, Casasola, San Isidro,Montearenas en Ponferrada, así como el depósito de máquinas de la azucarera de León, el polígono de tiro de Puente Castro y el Campo de Fresno del Camino son los escenarios más conocidos de estas ejecuciones que se produjeron sobre todo en el primer año de la guerra.

Entre las 40 personas ejecutadas en el Campo de Fresno en octubre de 1936 figuraban varias personas ligadas a la educación como Pío Álvarez Rodríguez (encargado de la Biblioteca de la Fundación Sierra Pambley en León), Julio Marcos Candanedo (maestro del Grupo Guzmán el Bueno de la capital) y Luis Vega Álvarez (Inspector de Primera Enseñanza).

Otros fueron víctimas de los consejos de guerra que se celebraron en el cuartel del Cid y en la Diputación provincial. Los profesores Félix-Estanislao Sampedro Jiménez (presidente del Frente Popular en León y vocal de Unión Republicana en el Frente Popular) y Lorenzo Martín Marasa (miembro de Unión Republicana) y el catedrático y el Catedrático de Lengua Española del Instituto de León, Manuel Santamaría Andrés (vocal de Izquierda Republicana en el Frente Popular) fueron ejecutados después uno de estos consejos en el campo de tiro de Puente Castro. Oficialmente, «murieron por parálisis cardíaca, tal y como consta en la sección de Defunciones del Registro Civil de León», indica el historiador.

En León se da la particularidad de que reprimió además a una institución completa, la Fundación Sierra Pambley, que pasó a ser tutelada por la Diputación provincial. «Del mismo modo en que a nivel nacional fue descalificada la obra educativa de la Institución Libre de Enseñanza, en el ámbito leonés fue atacada la tarea ejercida por la Fundación Sierra Pambley, cuyos representantes fueron destituidos apenas iniciada la contienda», subraya el el historiador y profesor de la Universidad de León.

La investigación apunta al obispo Álvarez Miranda como un ariete significativo en la represión llevada a cabo en la provincia. Los curas fueron obligados mediante una circular remitida por el prelado a informar «sin evasivas» de la conducta religiosa de los maestros, si asistían a misa y comulgaban, pertenencia a asociaciones piadosas o a la masonería. Esta circular molestó a algunos sacerdotes, lo que, a juicio de Rodríguez, muestra la «existencia de dos tendencias en la iglesia, la de la jerarquía y la de algunos sacerdotes de base».

«Un maestro sin religión parece un imposible y deja de ser maestro. Será en tal caso un domador de los que se dedican a domesticar o enseñar ciertas habilidades en algunos animales pero no será un educador de seres racionales», señala la pastoral dirigida por el prelado a los maestros y maestras de enseñanza primaria el 15 de septiembre de 1936.

Al maestro de Castrocalbón, David Escudero, le sirvió de poco el informe positivo del cura párraco sobre su conducta moral y religiosa. Fue fusilado el 13 de marzo de 1937 «como autor responsable de un delito de adhesión a la rebelión». Estaba afiliado a la Fete, era Tesorero del Comité Ejecutivo de la Federación Provincial Socialista y representante de este partido en el Frente Popular en León.

En cambio, el obispo Álvarez Miranda intercedió, sin éxito, por el capitán Lozano (abuelo del actual presidente del Gobierno) condenado a muerte en un consejo de guerra junto a Alfredo Barthe, delegado de Campsa, y otro capitán de infantería. Fueron ejecutados en Puente Castro el 18 de agosto de 1936 junto al inspector de enseñanza Rafael Álvarez, de Villablino, muy cercano a la Institución Libre de Enseñanza.

http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=578289