Lo que suele emerger es un sentimiento de nostalgia, cuando no rencor, que va claramente contra los principios de la amnistía y de la reconciliación

RAMÓN TAMAMES

El pasado jueves, en esta columna de República.es, me referí a “La Guerra Civil: 72 años después“, tema en torno al cual he recibido bastantes comentarios, lo que me indujo darle una cierta continuidad; en la línea planteada hace una semana, incluyendo una serie de consideraciones sobre la Memoria Histórica.

Dice el Diccionario de la Lengua, que memoria es “la facultad física por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado“, en una idea claramente aséptica de visión del tiempo que quedó atrás. En contra de lo que acaece actualmente en España, por la manifiesta tendencia de algunos a reconstruir lo pretérito según sus deseos e intereses, para lo cual no vacilan en introducir versiones inexactas y partidistas; ya sea desde los nacionalismos al uso, o desde los nostálgicos en el poder que formulan las más extrañas proposiciones con ribetes ucrónicos. Y sin negar la existencia de no pocas gentes bienintencionadas, lo que suele emerger es un sentimiento de nostalgia, cuando no rencor, que va claramente contra los principios de la amnistía y de la reconciliación.

En ese contexto, la Ley de la Memoria Histórica (LMH, 52/2007, de 26 de diciembre), fue mucho más allá de la retención y el recuerdo antes aludidos. Polarizándose en lo que sucedió durante la trágica guerra civil española y el franquismo autocrático y represivo (sobre todo los cinco primeros años de la postguerra), para de facto reavivar la polémica sobre la más desgraciada de nuestras confrontaciones fratricidas. Que en buena medida parecían ya superadas desde 1977 al volver a la Democracia, con la Ley de Amnistía (46/1977, de 15 de octubre).

Además sobrevuela, la idea de que la Segunda República debería haber ganado aquella triste contienda, y que no habiendo ocurrido tal cosa, tiene a su favor una victoria moral. Sin reconocer los enormes errores de la República y sus presuntos defensores; empezando por el intento de golpe de Estado desde la izquierda que significó la revolución de Octubre de 1934; así como la definitiva ruina de la propia República cuan do desde el 18 de julio permitió toda clase de desmanes y crímenes; sin olvidar la propia muerte de José Calvo Sotelo por agentes del orden el 12 de julio, en lo que fue un acto insensato difícilmente calificable.

Con esa retrospectiva, el hecho de que el gobierno de la Nación consiguiera en 2007 una mayoría suficiente en las Cortes para promulgar una ley de tales características, resultó más que preocupante. Tanto por ir contra el espíritu de la transición, como por la doble circunstancia de que con la Ley de la Memoria Histórica (LMH) se conculcó la citada Ley de Amnistía y, sobre todo, la propia Constitución de 1978, en cuyo preámbulo se prioriza la convivencia democrática.

Legítimamente, nadie puede rechazar que se discutan los procesos históricos, incluso los ya muy alejados de nosotros. Como todavía sucede con las guerras del Peloponeso de hace casi 2.500 años, historiadas por Tucidides; o la reforma agraria de los Graco en la República Romana 200 aJC;, o la España de 1808. En ese último caso, en términos de si tenían o no razón los afrancesados y, por consiguiente, si la Guerra de Independencia fue el origen de la Nación, o si por el contrario no supuso otra cosa que abrir la marcha atrás al absolutismo del indeseable Fernando VII. Todas esas dialécticas van a continuar, como parte de la Historia misma, a la que Arnold Toynbee se refirió como “maestra de la vida”, simbolizando su aserto en el bifronte dios Jano, con una faz mirando al pasado, y la otra al futuro.

Y precisamente por ser de gran relevancia el debate entre historiadores, resulta de lo más criticable que el Estado haya intervenido con la LMH y su aplicación. Ejercitando, incluso, sus potestades legislativas y de otros órdenes, para sancionar qué fue lo correcto y qué resultó incorrecto; desmantelando monumentos ya históricos, modificando toponimias urbanas, vilipendiando por aquí y por allá, ensalzando capitanes de derrota. Todo ello en una deriva casi demencial, parecida —entre otras— a lo que embargó a Ramsés III, que talló su cartucho de faraón en obras precedentes en el intento de domeñar el pasado.

Lo expuesto, representa un dogmatismo próximo a lo patológico, al pretender decirle a la sociedad qué debe creer y pensar, y qué fue lo bueno y lo malo. Y todo ello, por obra y gracia de unos partidos políticos contaminados de sesgado historicismo y que no vacilan en manipular el pasado pro domo sua. Olvidando que desde la otra orilla de la República también hubo lamentables episodios, como el de Paracuellos del Jarama, Mora de Toledo, la muerte de Andreu Nín y del Obispo Polanco de Teruel; sin olvidar el grave crimen y error político del fusilamiento de J.A. Primo de Rivera.

En esa distorsionante dirección, podría llegar a sucedernos por estos pagos hispaniorum aquello que en cierta ocasión dijo Winston C. Churchill: “el pasado de la URSS es impredecible”. En alusión a los rectificados oficiales de la historia rusa en la Enciclopedia Soviética, que de una edición a otra convertía a héroes en traidores; o que restauraba como líderes modélicos a quienes ya habían sido condenados y ejecutados por las nomenklaturas del momento.

Eso es lo que sucede con el nuevo y nefasto sovietoenciclopedismo de un presidente de Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) que durante sus mandatos legislativos ha tenido la extraña habilidad de crear problemas donde no los había; para luego no saber resolverlos, creando con ello un espíritu antitransición proclive a la nueva división del país en dos Españas. Tema al que nos referiremos en la próxima entrega de esta columna de jueves en República.es.

A esa patética situación contribuyen quienes se empecinan en revolver presuntas heridas –harto restañadas por la inmensa mayoría desde veinte años atrás— del devenir de la Nación; con visibles insanas fruiciones y revanchismos, desconociendo oficialmente, al tiempo, toda la historia que no les interesa. En ese sentido, en el libro “Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo”, el autor de estas líneas pone de relieve que la Segunda República Española duró cinco años y tres meses, en tanto que la Dictadura de Primo de Rivera, se alargó por casi seis años y medio.

A ese respecto, puede comprobarse que actualmente desde el oficialismo antihistórico al estilo ZP, el poder entre 2004 y 2011, se ensalza la República con referencias, en cambio, casi nulas a periodos anteriores. Entre los cuales, el de los años 1923-1930, con todas las inconveniencias de una dictadura sui generis, significó, sin embargo, una importante modernización de España. En términos de infraestructuras, capacidades productivas, y también en el área de la cultura. Con el crecimiento del PIB más rápido de nuestra historia hasta entonces: 4,4 por 100 anual acumulativo. ¿Se debe ese olvido –cabe preguntar— a que el PSOE y la UGT apoyaron decididamente la dictadura, colaboraron con ella, y ahora prefieren no traer ese recuerdo a colación?

Todo lo dicho hasta casi el final de este artículo, se relaciona, con el tratamiento que históricamente merece la transición española a la democracia. Razón por la cual, aún tendremos una tercera entrega de estas meditaciones el próximo jueves.

Mis saludos más cordiales a todos los lectores de Republica.es. Y ya saben que sus comentarios serán bien recibidos. por correo electrónico, en castecien@bitmailer.net.

http://www.republica.es/2011/01/19/de-la-guerra-civil-de-hace-72-anos-a-la-memoria-historica/