Se trata, en definitiva, de exhumar la memoria

16/01/2011 LUIS Naranjo

Desde el pasado 30 de junio, representantes del Foro por la Memoria de Córdoba, del Foro Ciudadano y de la Asociación Agora, bajo la eficaz coordinación técnica del Archivo Municipal, vienen desarrollando una meticulosa labor de contraste de fuentes historiográficas y registros documentales con el objetivo de validar –en la medida de lo posible– el listado de hombres y mujeres fusilados en Córdoba por las fuerzas franquistas durante la guerra civil y la dictadura, que se encuentran enterrados en fosas comunes en los cementerios de San Rafael y la Salud. Más allá de posiciones apasionadas o políticamente interesadas, creo que esta es una buena oportunidad para plantear un debate sobre el sentido último de las prácticas memorialistas, incluidas, claro está, la realización de exhumaciones. Este sentido no puede ser otro que el ejercicio del «derecho a la verdad» en relación con el genocidio sostenido y programado que caracterizó no solo los años de la guerra, sino también la primera etapa de la dictadura. En el marco de la memoria histórica, las exhumaciones no pueden considerarse solo como un acto privado o familiar o como un derecho exclusivo de los descendientes, sino que poseen una dimensión pública y cívica, que se basa en el derecho de todos los ciudadanos a conocer lo que ocurrió. Las exhumaciones forman parte así de un conjunto interrelacionado de actuaciones de reconstrucción de la memoria colectiva, que consisten en: 1) la localización e identificación de las víctimas, 2) su reconocimiento y reparación, 3) explicar y contextualizar y 4) exhumar.

Si proyectamos estas tareas a lo realizado hasta ahora en Córdoba, puede concluirse que se ha dado un gran paso en la localización física de las fosas y en la identificación de gran número de víctimas (2.298 hombres y mujeres), aunque la cuestión sigue abierta y, contando con la colaboración ciudadana, se seguirán añadiendo sin duda nuevos nombres al listado existente. En cuanto a la reparación, no se trata en ningún caso de «devolver» la dignidad a las víctimas, puesto que murieron con ella (en todo caso la perdieron sus verdugos), sino de recuperar su memoria y la de los valores democráticos por los que lucharon para el conjunto de la ciudadanía. Este es precisamente el objetivo de los muros, que incorporan los nombres de las víctimas y establecen un espacio de la memoria como ámbito de presencia, de homenaje y de recuerdo.

La explicación pública y abierta de las causas históricas sirve para entender el porqué de aquellos asesinatos masivos, y constituye una premisa necesaria para el conocimiento de los valores e intereses que defendían víctimas y victimarios. Para sustentar esta explicación en bases científicas, el Foro por la Memoria y el Archivo Municipal coorganizan unas jornadas que tendrán lugar en el Salón de los Mosaicos del Alcázar, del 25 al 29 de enero, en las que intervendrán destacados historiadores, así como descendientes de las víctimas.

Por último, retomamos el meollo de la cuestión: las exhumaciones. Estas sin duda refuerzan y complementan la identificación de las víctimas (a través de las pruebas de ADN), contribuyen a su reconocimiento y reparación y sustentan como prueba irrefutable el relato histórico de la crueldad de la política represiva del franquismo, tanto durante la guerra como en la dictadura. Pero para que todo esto ocurra deben cumplirse ciertas condiciones técnicas y legales que otorguen significado social y memorialista al hecho de exhumar, más allá de la comprensible exigencia familiar de dar digna sepultura a sus ascendientes. En primer lugar, desde el punto de vista técnico, la exhumación de fosas con miles de cadáveres presenta una enorme complejidad, además de un alto coste económico, que solo podría ser solventada con garantías a partir de la actuación combinada de diferentes administraciones (central, autonómica y local) junto con las asociaciones de memoria histórica. Recordemos que el deber de exhumar corresponde al Estado, como cuerpo que sustenta los valores democráticos, y no solo –ni siquiera principalmente– a las corporaciones locales. Además, debe tenerse en cuenta que no todas las fosas son exhumables, por la sencilla razón de que se ha construido encima. En el caso de Córdoba, hay evidencias fidedignas de al menos cuatro fosas más, dos de las cuales se situarían respectivamente junto al antiguo matadero municipal y en el entorno de la Choza del Cojo, cerca del actual Carrefour.

Más importante aún que los requisitos técnicos resulta el marco legal en que se realiza la exhumación. El actual Gobierno suscribió en septiembre de 2009 los acuerdos de la convención internacional de protección contra las desapariciones forzadas, que reconoce esta figura jurídica como delito imprescriptible y no amnistiable. Pues bien, en las dos fosas de San Rafael y la Salud reposan más de mil personas innominadas, asesinadas en sacas colectivas. Se sigue produciendo así un delito de desaparición forzosa, que exigiría la tutela judicial o la asistencia de una fiscalía de la memoria en las tareas de exhumación, aspecto que no contempla el actual protocolo andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la posguerra.

Con presencia judicial y garantías técnicas y presupuestarias, el Foro por la Memoria de Córdoba está dispuesto a impulsar y participar en un proyecto de exhumación de las fosas, para que la ciudadanía cordobesa reconozca todo su pasado reciente, y no solo la versión entre costumbrista y nostálgica (y, por tanto, falsa) que de los años de la dictadura sigue ofreciéndose. Se trata, en definitiva, de exhumar la memoria.

* Profesor y vicepresidente del Foro por la Memoria de Córdoba

http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=610456