La CPI puede reabrir la causa por los crímenes del franquismo, dejando en evidencia a nuestra judicatura

25/01/2011 JOSÉ RAMÓN Villanueva Herrero

En estos últimos días ha vuelto a vuelto a ser noticia el juez Garzón. Desde que en mayo de 2010 fuese suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional como consecuencia de una querella interpuesta por la organización ultraderechista Manos Limpias, se halla pendiente de que el Tribunal Supremo le abra juicio oral por declararse competente en la investigación de los crímenes del franquismo. Sin embargo, el pasado 14 de enero, se paralizó la tramitación de esta causa con el fin de tramitar las recusaciones presentadas por Garzón contra 5 magistrados, los cuales, al haber intervenido en diversos momentos de la instrucción de la causa, los inhabilita para juzgarle con la suficiente imparcialidad. A su vez, una nueva plataforma denominada Francohamuerto.com ha iniciado una nueva campaña en apoyo del magistrado bajo el lema de «Salva a Garzón, pásalo».

La cuestión de fondo que el procesamiento a Garzón plantea es el debate sobre la necesidad de aplicar, también en España, los principios reconocidos por la justicia penal universal en relación a los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista.

Garzón recordaba en su libro Un mundo sin miedo (2005), que fueron precisamente los dramáticos recuerdos de la guerra civil oídos de su tío Gabriel, los que le impulsaron a ser juez ya que, fueron «tantas las historias y las injusticias relatadas que, de alguna forma, quedaron grabadas en mi memoria infantil y decidí hacer algo para que esta etapa no volviera a repetirse». Por ello, desde que en 1988 se incorporó al Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional, y salvo su breve paso por la política (1993-1994), siempre se interesó por el principio de justicia penal universal, previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que permitía que los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad pudieran ser perseguidos por la justicia española con independencia del lugar en donde se hubieran cometido si entre sus víctimas había españoles. En esta materia, hubo un hecho determinante en la trayectoria judicial de Garzón cuando en marzo de 1996 se admitió a trámite en la Audiencia Nacional la denuncia presentada por la Unión Progresista de Fiscales contra la dictadura argentina (1976-1983) por crímenes de genocidio, tortura y terrorismo, los cuales, según sus propias palabras, «me transformarían y cambiarían mi carácter, ya especialmente sensible hacia las víctimas y mi vida entera». A partir de entonces, el compromiso ético de Garzón en defensa del principio de justicia penal universal ha sido constante, siendo su punto culminante el intento de procesamiento del dictador Augusto Pinochet (1998): tras la orden de detención internacional dictada por Garzón, a pesar de los obstáculos que a ello puso no sólo la Fiscalía sino también el entonces Gobierno de José María Aznar. Finalmente, asumió con valentía el mayor reto de su vida: la investigación de los crímenes del franquismo a partir de la apertura del sumario 53/2008 el cual supuso un aldabonazo hacia la conciencia moral de nuestros valores cívicos. En el mismo, siguiendo el modelo del Informe Sábato sobre la dictadura argentina, proponía la derogación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, un peaje pagado por la transición que exculpaba a los responsables de los crímenes del franquismo, puesto que las amnistías nunca pueden aplicarse a dictadores y represores, sino también la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación «para rehabilitar a los miles de víctimas que fueron muertas o expulsadas de España por discrepar ideológicamente de los vencedores de la guerra».

Por todo lo dicho, la trayectoria judicial de Garzón ha abierto nuevos caminos para que España se integre plenamente en un nuevo sistema de justicia penal universal que permita el procesamiento de los crímenes contra la humanidad, y ello ha sido la causa principal por la que sus adversarios (los sectores más conservadores de la judicatura y los grupos nostálgicos del franquismo), para intentar neutralizarlo, lo cual han logrado siquiera sea temporalmente. Sin embargo, el compromiso ético de Garzón en esta materia sigue firme, máxime cuando en la actualidad se halla vinculado a la Corte Penal Internacional (CPI), la cual, con arreglo al artículo 7 de sus Estatutos, permite enjuiciar este tipo de crímenes, los cuales tienen la condición jurídica de imprescriptibles. Por lo cual, la CPI, al igual que ya han hecho los tribunales de Argentina, en aplicación del principio de justicia universal, puede reabrir la causa por los crímenes del franquismo, lo cual, de no actuar los tribunales españoles con la misma valentía y determinación que Garzón, sería una indignidad para nuestra democracia y nuestra judicatura.

Próximos al 27 de enero, instituido como Día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto y de los crímenes contra la humanidad, y con el futuro procesamiento de Garzón en el horizonte y a quien reiteramos nuestro apoyo, considero que avanzar hacia la reparación, también jurídica, de las víctimas del franquismo, sería no sólo el mejor homenaje para con ellas y sus familias, sino un estímulo para la salud democrática nuestra sociedad, en este año 2011 en que se cumple el 80° aniversario de la proclamación de la II República Española, por cuyos ideales y valores muchas de ellas dieron la vida.

Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón

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