Asturias se convierte en la primera región en adquirir una tumba colectiva para preservala

La fosa común de San Miguel de la Barreda, en Siero, se ha convertido en la primera tumba colectiva adquirida por una Administración autonómica para preservarla en virtud de la Ley de la Memoria Histórica.

Un total de 18 áreas de terreno son desde el pasado día 30 de diciembre propiedad del Principado, que se reunirá próximamente con los familiares de las víctimas para determinar qué actuaciones se acometerán en el lugar. En principio, la mayoría prefiere que los suyos continúen enterrados en San Miguel, aunque no se descarta que alguno prefiera también exhumar los restos para cambiarlos de ubicación. El Principado estudia la posibilidad de instalar paneles explicativos y un monolito con los nombres de las víctimas, entre otras cosas, para convertir la finca en “un lugar de la memoria democrática de Asturias”.

El proceso de compra fue iniciado a principios del verano pasado por el viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, en persona. La adquisición llevó su tiempo por varios factores. El primero fue técnico, ya que la finca tiene distintas calificaciones, desde núcleo rural a no edificable, incluso cuenta con dos torres de alta tensión dentro de su perímetro, por lo que su tasación tardó en concluirse. El segundo fue interno, pues la dirección general de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía, debía dar luz verde al proceso y se trata de un trámite burocrático lento. Con quien no hubo problemas fue con las propietarias del terreno, con las que el viceconsejero negoció personalmente el pago de los 50.000 euros que finalmente costó la finca y que salieron de las arcas de la Consejería de Bienestar Social.

Asturias es pionera “Es una actuación novedosa en el conjunto de España, lo que indica cómo está de mal la aplicación de la ley”, explicó ayer González. El viceconsejero calificó la compra como “algo necesario” y valoró el precio en positivo, “porque no es cuantificable pagar 27 euros el metro cuadrado para resolver un problema histórico, que incluso llegó a los tribunales porque los dueños querían retirar los cadáveres y los familiares se oponían, y porque, sobre todo, para dignificar la memoria de los asesinados”.

Ángel González reconoció que, durante las negociaciones, “se valoraron varias opciones, como el alquiler por 50 años, pero creemos que lo mejor es que el suelo sea público para evitar complicaciones y porque debe accesible dado que hablamos de un lugar histórico”.

La adquisición de una fosa común es pionera en España donde, según González, el Gobierno central no ha hecho demasiado bien su trabajo. “Hay que ser muy crítico con la permisividad del Estado porque hay muchas administraciones que inclumplen descaradamente la Ley de la Memoria Histórica y no se toman medidas contra ellas”, aseguró el viceconsejero, que puso como ejemplo de Gobierno incumplidor al Ayuntamiento de Oviedo, que aún mantiene en lugares públicos placas de homenaje a Franco y a otros militares golpistas. “Ya es hora de que el Estado asuma sus responsabilidades porque hasta ahora no ha hecho nada, no ha puesto ni un euro más allá de subvencionar a las asociaciones”, destacó González.

El viceconsejero pidió mano dura contra el consistorio carbayón y exigió medidas. “Según la ley, a las Administraciones que no cumplan se les pueden retirar las subvenciones y eso debería hacerse con Oviedo”, aseguró e insistió en que “el Gobierno de España debe mojarse”.

El viceconsejero recordó que “hay que ser duros con este tema” porque el objetivo de este proceso es “conseguir de una vez por todas que las personas que están en las cunetas dejen de ser animales”.

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