Acuerdo unánime del Parlamento para retirar los símbolos franquistas
Encarga al Gobierno vasco la elaboración de un catálogo y que colaboren económicamente con los ayuntamientos para su retirada
EL PAÍS – Vitoria – 25/02/2011
El Parlamento acordó ayer por unanimidad encargar al Gobierno vasco la elaboración de un catálogo de símbolos franquistas y que preste colaboración económica a los ayuntamientos para su retirada. Aralar presentó la iniciativa, en petición del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
El Parlamento acordó ayer por unanimidad encargar al Gobierno vasco la elaboración de un catálogo de símbolos franquistas y que preste colaboración económica a los ayuntamientos para su retirada. Aralar presentó la iniciativa, en petición del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Pese a haber sido enmendada a la totalidad por el PNV y el PSE-EE, los tres grupos consensuaron un texto al que se sumaron PP, EA, EB y UPyD, informa Efe.
El catálogo incluirá una relación de escudos, insignias, placas u otros elementos que supongan «exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura» y llegará a los ayuntamientos a través de Eudel. Esta Asociación de Municipios y el Gobierno evaluarán el costo económico de su retirada y lo compartirán. Quienes se nieguen a eliminarlos verán retiradas cualquier tipo de ayudas o subvenciones públicas que puedan estar disfrutando. La unanimidad en la votación hizo que las intervenciones en el debate fueran básicamente coincidentes. Todos defendieron la necesidad de cumplir la Ley de Memoria Histórica y de retirar de las calles y edificios de los pueblos y ciudades de Euskadi símbolos ligados a un régimen dictatorial que pueden resultar ofensivos para las personas que sufrieron directamente su represión.
El promotor de la iniciativa, Dani Maeztu, tachó de «inaceptable» que se ensalce al régimen franquista en espacios públicos, un argumento coincidente con el del portavoz del PSE-EE, Mikel Unzalu: «No podemos permitir que en nuestras calles y plazas permanezca simbología que enaltece un régimen dictatorial», El popular Carmelo Barrio explicó el apoyo de su grupo como «expresión del cumplimiento de la ley» y pidió que se tengan en cuenta los edificios u obras protegidos por su valor artístico, histórico o arquitectónico. Se calcula que quedan una veintena de símbolos franquistas, entre ellos las placas con el yugo y las flechas del Instituto Nacional de la Vivienda ubicadas en barriadas obreras de la época, escudos preconstitucionales como los que hay en la Catedral de María Inmaculada de Vitoria o en el edificio de Hacienda en la plaza Moyúa de Bilbao.
Por otra parte, el PSE y PNV pusieron de manifiesto en el pleno de ayer sus diferencias en torno a la gestión de la política exterior. Los socialistas acusaron a los peneuvistas de haberla utilizado con fines «soberanistas» durante los gobiernos anteriores, mientras el portavoz del PNV, Andoni Ortuzar, sostuvo que el actual Ejecutivo «no sabe qué hacer con los temas internacionales». El PNV suscitó el debate con una iniciativa para exigir la designación «inmediata» del responsable para la delegación de EE UU, Canadá y México, que tiene su sede en Nueva York, que no resultó aprobada, al sumar sus votos para oponerse a ella el PSE, el PP y UPyD.
Ortuzar recordó que esa delegación fue creada por el Gobierno de Patxi López hace más de un año y todavía sigue «descabezada». La socialista Cristina González reprochó al PNV que se fije en los puestos más que en la acción del Gobierno y ha reprochado la creación anterior de «estructuras con personal que nadie sabía para qué eran». La delegación está funcionando, aseguró y el nombramiento «no es esencial». Aralar, EA y EB se sumaron a las críticas del PNV por la interinidad de la delegación, que está siendo dirigida, según dijo González, desde la Dirección de Acción Exterior, dependiente de Lehendakaritza. González contrastó la política exterior anterior, de promoción de políticas soberanistas, con la actual que busca «exhibir las potencialidades del País Vasco para que se invierta en este país».
Finalmente, el Parlamento acordó también instar al Gobierno a que colabore con la Diputación alavesa en la ejecución del Plan Director del yacimiento de Iruña-Veleia y que garantice financieramente su desarrollo. Ese plan para el yacimiento data de 2009, después del escándalo por los hallazgos supuestamente fraudulentos del equipo anteriormente encargado de las excavaciones. La propuesta de EA, responsable del área hasta salir del gobierno foral, fue respaldada por PSE, PP y UPyD, mientras Aralar se opuso y el PNV y EB se abstuvieron.
