ERC y PSOE pactan una enmienda transaccionada, aunque rechazan crear una subcomisión parlamentaria con este objetivo

E. M. / AGENCIAS / MADRID

El PSOE y Esquerra Republicana han acordado en el Congreso apoyar desde las instituciones la investigación de los casos de niños robados de hospitales desde los años 40 a los 90, aunque se ha desechado la idea inicial de los republicanos de constituir una subcomisión parlamentaria al respecto. ERC había presentado para la sesión plenaria de este martes una iniciativa en apoyo de la denuncia presentada el pasado 27 de enero por la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), que cifra en 300 los bebés sustraídos en esas cuatro décadas. El resto de partidos, PP, PNV y CiU también han expresado antes de votarse la propuesta su «solidaridad» con las familias que sufrieron el robo de sus bebés y han anunciado su apoyo al texto pactado por ERC y PSOE para que se investiguen los casos denunciados.

Además, el Pleno del hemiciclo se ha mostrado a favor de que la Comisión de Justicia escuche «en fechas próximas» a los representantes de los afectados por la causa.

Cosa o no de un régimen

Durante el debate parlamentario, el diputado de ERC Joan Tardà ha considerado que la iniciativa impulsada por su grupo tiene por objetivo reparar, si eso es humanamente posible, el dolor de tantas mujeres a las que se sustrajo «de manera forzada e ilegal» a sus hijos para dárselos a otras familias . En su opinión, desde que comenzaron los robos de niños hasta hoy, «los valores democráticos han madurado». Ha agregado: «No decepcionemos a aquellas madres a las que se les robó lo más preciado».

En su turno de intervención, la diputada del PP Susana Camarero ha expresado su preocupación por el hecho de que los casos de niños robados se extendieran hasta los años 80 y 90 y que aún «hoy haya personas que intentan comprar niños en una España que se cree democrática, avanzada y moderna». Camarero ha precisado, como alegan fuentes de la asociación Anadir que indaga en el «caso de los niños robados», que no son cosa de un régimen, sino que se trata de hechos detestables que no tienen color político.

De la mano del PSOE ha tomado la palabra el parlamentario Julio Villarrubia, quien explicó la enmienda transaccionada con ERC, ya que es necesario fomentar cuantas acciones legales sean posibles para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades penales pertinentes, si las hubiera de parte de personal sanitario, religioso o de funerarias.

El diputado del PNV Emilio Olabarría ha destacado que nos encontramos ante un posible delito de lesa humanidad. Y Jordi Jané, de CiU, ha pedido que el texto que se aprueba esta tarde no se quede en un planteamiento formal y de meras palabras, pues se trata de hechos delictivos que merecen ser investigados para que se depuren las responsabilidades. «Que el Ministerio fiscal llegue hasta el final», ha emplazado.

Tras la presentación por parte de Anadir de los primeros 261 casos, la Fiscalía General del Estado se pronunció en contra de abrir una investigación estatal sobre este asunto al descartar que haya una «trama nacional» y abogó por repartir las denuncias en las distintas instancias judiciales territoriales. La intención de ERC es que el Congreso manifestase su solidaridad con todas las mujeres víctimas de la trama de adopciones ilegales que presuntamente funcionó al amparo de instituciones hospitalarias y eclesiásticas y que una subcomisión parlamentaria investigase las tramas.

En el texto pactado con el PSOE se desecha la idea de la investigación parlamentaria, si bien se propone que la Comisión de Justicia facilite «el marco adecuado» para que los representantes de los afectados puedan ser escuchados por los grupos parlamentarios tanto «en fechas próximas» como al final de la legislatura para evaluar el cumplimiento de los compromisos.

Banco de ADN

Igualmente, se insta al Gobierno a colaborar con la Fiscalía para apoyar las investigaciones impulsando medidas de apoyo y servicios (banco de ADN, asesoramiento legal, facilitación de los procesos de búsqueda de información, creación de una oficina de gestión documental, etc. ) para contribuir al esclarecimiento de los hechos».

El pasado miércoles el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se comprometió con los afectados a crear un programa específico para que los familiares de los bebés puedan realizarse pruebas de ADN que faciliten las labores de búsqueda, siempre que así lo soliciten los jueces y fiscales encargados de las investigaciones. Además, anunció que su departamento nombrará a un responsable de coordinar la información y las peticiones suministradas por las diferentes asociaciones de afectados.

http://www.abc.es/20110222/espana/abci-robados-acuerdo-psoe-congreso-201102221709.html