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IU pide explicaciones al Gobierno por no apoyar una causa nacional por los ‘niños robados’ del franquismo

Europa Press, 03-02-2011 | 6 febrero 2011

Llamazares recuerda que Justicia prometió una oficina de coordinación

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) –

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha pedido explicaciones al Gobierno por la negativa de la Fiscalía a apoyar una investigación nacional sobre las denuncias de desapariciones de niños robados a sus madres por la dictadura franquista y de posteriores adopciones ilegales hasta los años ochenta.

Según recuerda, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid se inhibió el pasado octubre en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional respecto a “una denuncia por robo de niños durante el franquismo”, pero la Fiscalía se ha opuesto “con el discutible argumento de que no es posible la vía penal”.

En sus escritos, el diputado de IU entiende que al menos la Fiscalía sí apoyaría la vía administrativa “mediante la creación de una Oficina en el Ministerio de Justicia encargada de coordinar las denuncias y agilizar los trámites en la localización de los desaparecidos”.

En ese contexto, Llamazares se interesa por conocer cuándo se creará en el Ministerio de Justicia la prometida Oficina de coordinación y agilización de la búsqueda de los niños desaparecidos y si se piensa facilitar la creación de una base de datos, incluyendo el ADN de las víctimas y familiares que lo soliciten”.

AYUDA A LAS VÍCTIMAS

Pero, además, pide saber si el Gobierno va a permitir el acceso a las informaciones solicitadas por las víctimas o sus familiares supervivientes mediante una disposición específica que permita una interpretación flexible de la Ley de Protección de Datos.

“¿Piensa el Gobierno facilitar a las víctimas o a sus familiares la apertura debidamente justificada de los archivos del Tribunal Tutelar de Menores, de los archivos eclesiásticos y de las clínicas en las que presuntamente se realizaron las sustracciones y entregas de niños?”, es otra de las preguntas registradas.

A su juicio, “lo que había empezado con una motivación política se convirtió en un negocio en los años 60 y 70 e, incluso, prosiguió hasta inicios de los 80”. Según sus datos, “el mapa de adopciones ilegales se extiende por toda España: Clínicas privadas o concertadas como O’Donnell, Santa Cristina y San Ramón, en Madrid; Santa Isabel, en Valencia; o Pérez Serrano, en Zaragoza”.

“Esto constituye un delito de lesa humanidad que no ha prescrito, ya que muchas de las víctimas pueden aún estar vivas –argumenta–. Por ello, el juez Baltasar Garzón instó a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y se repare a las víctimas, de manera que puedan recuperar la identidad que les fue arrebatada”.

Llamazares subraya que todos estos hechos “están acreditados en el auto redactado por el juez Garzón”, que incluyó “cifras, basadas en fuentes históricas, que elevan a más de 30.000 el número de hijos de presas republicanas tutelados por la dictadura franquista entre 1944 y 1954, especificando distintas formas de sustracción de menores, sin olvidar a los que fueron repatriados desde el extranjero, contra la voluntad de sus familias, entre los años 1939 y 1949, a través de un entramado de acciones y organismos, principalmente el Servicio Exterior de Falange”.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-iu-pide-explicaciones-gobierno-no-apoyar-causa-nacional-ninos-robados-franquismo-20110203130050.html