Sinde critica «ingeniería judicial» de la Junta de Castilla y León para evitar salida documentos
El envío de 15 cajas de documentos está paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el 22 de noviembre
Madrid, 16 feb (EFE).- La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, ha reiterado hoy la voluntad del Gobierno de enviar al País Vasco los documentos del Archivo de Salamanca reclamados por el PNV, pero si no se han trasladado aún, ha dicho, es por la «ingeniería judicial» de quienes pretenden «dilatar y entorpecer» el proceso.
Así se lo ha explicado, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, al diputado del PNV Aitor Esteban, quien le ha preguntado los motivos del retraso en el envío, pese a que el pasado mes de noviembre el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica autorizó su entrega.
González Sinde ha señalado que el envío de 15 cajas de documentos está paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el 22 de noviembre, después de que la Junta de Castilla y León interpusiera un recurso.
La Junta, según la ministra, pretende extender la declaración de Bien de Interés Cultural a los bienes muebles que se encuentran en el edificio histórico donde está la sede del Centro Documental de la Memoria, para evitar así la salida de fondos.
Mientras se resuelve el recurso, y según se dispone en la Ley de Patrimonio Histórico, se aplica provisionalmente el régimen de protección de los bienes, por lo que los documentos no pueden ser trasladados a pesar de que están preparados, incluso en cajas ya precintadas para su envío.
«Algunos continúan con su propósito de dilatar y entorpecer con ingenierías judiciales la salida de fondos y, por tanto, el cumplimiento de la ley», ha lamentado la ministra, antes de reiterar la voluntad «firme e irrenunciable» del Ejecutivo de devolver los documentos a Euskadi.
Por su parte, el diputado del PNV ha considerado «sorprendente» que un informe «no vinculante» como el del Patronato del Centro Documental de la Memoria pueda provocar una paralización a través de los tribunales.
Y más sorprendente aún, ha añadido, es que el PNV, como actor reclamante de los documentos, no haya sido informado sobre lo que está sucediendo, lo que le sitúa en una «indefensión absoluta» al no saber si sería posible entablar actuaciones en los ámbitos administrativo o judicial.
Esteban ha pedido a González Sinde que haga lo posible por subsanar las dificultades que impiden el envío, y que el Gobierno imprima un impulso político «decidido» a esta cuestión puesto que la situación «no es aceptable». EFE
