Crónica y Galería fotográfica del acto celebrado el 16 de marzo de 2011 en el Ateneo de Madrid

I Ciclo Sociología de la Memoria. «Análisis del modelo español de Impunidad»

Francisco Espinosa (Historiador), «La ocultación de la matanza fundacional, base del modelo español de impunidad».

Ramón Sáez Valcarcel (Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), «La impunidad de los crímenes de la dictadura»

Miguel Ángel Muga (Abogado), miembro de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. «Memoria histórica, derechos humanos e impunidad»

Presenta: Pedro A. García Bilbao, (profesor de Sociología), Presidente de la Sección de Ciencias Sociales del Ateneo de Madrid.

Galería de fotos: Gabinete de Comunicación de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Crónica del Acto «El modelo español de impunidad», en Ciclo Sociología de la Memoria, Ateneo de Madrid, 16 de marzo de 2011.

Lleno hasta la bandera. El acto sobre «El modelo español de impunidad» organizado por la Sección de Ciencias sociales del Ateneo de Madrid en colaboración con el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid fue un completo éxito. El miércoles 16 de marzo y en el marco de un ciclo más amplio sobre Sociología de la Memoria, la sección invitó a Miguel Muga, abogado y presidente del Foro por la Memoria de Madrid, al catedrático de Historia contemporánea, Francisco Espinosa, y a Ramón Saez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Las intervenciones de la mesa suscitaron un amplio de debate.

Miguel Muga expuso con claridad, en una intervención seria y grave «Memoria histórica, derechos humanos e impunidad», que el estado franquista fue considerado por Naciones Unidas en su momento fundacional como un estado ilegal, fascista y ligado a los estados del Eje desde su inicio, de forma, aclaró, que la consideración o calificación de ese estado como basado en acciones criminales no está en cuestión. O no debe estarlo para quien respete la legislación internacional y a Naciones Unidas. Muga analizó dos piezas legales que han desarrollado el asunto de las responsabilidades por los crímenes franquistas: La ley de Amnistía, anterior a la Constitución, y la mal llamada Ley de Memoria, elaborada recientemente. La ley de Amnistía recogió los crímenes del propio régimen y los amparó, librando a sus autores de responsabilidades penales. Tal acción era ilegal de acuerdo a la legislación internacional firmada por el estado español ya entonces, pero por razones estrictamente políticas derivadas de la forma en que se llevó a cabo la transición, se mantiene la impunidad de esos crímenes y de sus autores. Señaló que incluso con la lógica interna de la propia Ley de Amnistía, para acogerse a ella los acusados deberían ser primero procesados, pero este extremo no se ha llevado a cabo nunca y no está ni remotamente en la línea de actuación del poder judicial en España.

La Ley de memoria, a la que Miguel Muga identificó en todo momento por su nombre correcto, por su parte habla en su planteamiento inicial de los principios de concordia y paz de la Transición como elementos que la inspiran. Muga recordó que el estado de derecho del que habla nuestra constitución no se basa en esos «principios», que son ajuridicos. Un estado de derecho, señaló, exige dos cosas: respeto absoluto a los derechos humanos y respeto a la ley. En el caso español actual no se respetan los derechos humanos de las víctimas del franquismo, a los que se les niega el derecho a la verdad, la reparación y la justicia, y no se respeta la ley al desentenderse el sistema legal español de las obligaciones impuestas por la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Francisco Espinosa, por su parte, desarrolló el tema «La ocultación de la matanza fundacional, base del modelo español de impunidad» y cómo el estado franquista en su evolución posterior hizo posible por reelaborar y reescribir la historia para tratar de justificar primero y hacer olvidar después el plan de exterminio en el que se basó el golpe de estado y el régimen, hasta llegar a la situación actual en la que nos encontramos en plena ofensiva revisionista en la que se infama a las víctimas, se falsea la historia y se defiende una falsa equidistancia que lo que hace, básicamente, es lavarle la cara al régimen franquista.

Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, expuso el tema «La impunidad de los crímenes de la dictadura», haciendo especial hincapié en que el modelo de transición español se basó en el sistema «de la Ley a la Ley», que explica que el estado actual sea continuador directo del estado franquista, con todas las derivaciones que eso implica, incluida la consideración de «inseguridad jurídica» a los actos de anulación de tribunales, leyes o sentencias que hoy se demandan en favor de las víctimas. Al ser «legales» y «ajustadas al derecho vigente en su época» las acciones represivas del régimen franquista y desoírse sistemáticamente las obligaciones nacidas del sistema internacional legal que regula los crímenes contra la humanidad, el problema de la impunidad del franquismo se muestra en toda su crudeza, destacando como para el estado actual el discurso dominante y la narración histórica y legal actual dominante condenan a las víctimas y exoneran y justifican al régimen y sus servidores. El magistrado ilustró su intervención en este sentido con un análisis de las sentencias en el caso de Miguel Hernández y en la muy reciente desestimación del recurso de Carmen Negrín sobre el conflicto planteado por la presencia de jueces que habían jurado los principios del movimiento en diversos casos, recursos todos ellos desestimados.

Como resumen de las ponencias, el presidente de la Sección, Pedro A. García Bilbao expuso que se hacía patente para todos que lo que define al modelo español de impunidad se basa en el modelo español de Transición, basado en la aceptación de las condiciones de impunidad total exigida por la clase dirigente y el aparato estatal del régimen franquista. Si en aquellos años de la transición se llevaron a cabo esos acuerdos entre los actores políticos de entonces, la pregunta ahora es por qué en el presente se acepta todavía aquel chantaje y no se aplica en España la legislación internacional y se respetan los derechos humanos de las víctimas. En este sentido, concluyó, el reciente proceso a Garzón no es más que un síntoma del verdadero problema, un modelo de impunidad basado en las complicidades políticas con los herederos del régimen franquista, de forma que se hace patente para todos la necesidad de tener claro las prioridades y cuál ha de ser la preocupación principal sin caer en nuevos engaños o manipulaciones.

En el coloquio público final, muy intenso, se expresó de forma amplia la necesidad de lograr la unidad de todo el movimiento memorialista y ciudadano contra la impunidad, superando cualquier problema o diferencia que pueda surgir.