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Destapar las vergüenzas

Josep En Vilar. El Debat.cat, 24/03/2011 | 26 marzo 2011

¿Se imaginan a una juez argentina en Madrid, en la Embajada de su país, tomando declaración, como testigos, a víctimas de los crímenes del franquismo?

¿Se imaginan a una juez argentina en Madrid, en la Embajada de su país, tomando declaración, como testigos, a víctimas de los crímenes del franquismo? Esta situación, inverosímil pero bastante descriptiva de la salud de la democracia y del estado de derecho del país, podría ser realidad dentro de unas semanas. La solicitud formal ya está efectuada por parte de la multitud de organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos que impulsaron la demanda por los crímenes del franquismo, en cuanto que crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, que tramita un tribunal de Buenos Aires.

La iniciativa surgió a raíz de la defenestración del juez Baltasar Garzón, considerado un héroe en países como Argentina o Chile por su entusiasmo, años atrás, en la persecución, a través de la justicia internacional, de los delitos cometidos por las dictaduras militares que asolaron los dos países en los años 70 y 80. Justamente estos días se conmemora el 35 aniversario del golpe de estado que posibilitó el ascenso al poder de aquella siniestra Junta militar que encabezaba Rafael Videla. La brutal represión que la siguió, inspirada en la obsesión del régimen franquista por la eliminación del adversario político e ideológico, causó la aterradora cifra de 30.000 muertos y desaparecidos.

En España, la causa por los crímenes del franquismo paralizada por el Tribunal Supremo habla de la desaparición forzosa de al menos 115.000 personas y el secuestro de unos 30.000 niños de madres partidarias de la República española, de la cual, por cierto, se conmemorará el 80 aniversario de su proclamación el próximo 14 de abril. Otro dato bastante elocuente sobre el alcance de la represión de la dictadura franquista señala que en 1940 en España había 270.000 presos políticos. Entre 1939 y 1944 más de 192.000 de estas personas murieron, esto es, más del 70%.

Para el eminente jurista argentino Carlos Slepoy no hay duda: el franquismo cometió un genocidio y la Ley de Amnistía del 1977, planteada para delitos de intencionalidad política, no puede ni abortar la iniciativa ni servir de base para acusar de prevaricación a quién la emprende. Un planteamiento, el del Tribunal Supremo, que hace recordar peligrosamente a aquellos delirantes consejos de guerra franquistas que condenaban a muerte a gente como Lluís Companys por el delito de rebelión que justamente habían cometido ellos, los verdugos.

Así pues, quizás haga falta que la juez argentina venga a Madrid y se forme en la calle una cola muy grande de víctimas del franquismo, en espera de turno para declarar, que destape las vergüenzas de un Tribunal Supremo mayoritariamente anclado en tiempos pretéritos.

http://www.eldebat.cat/cast/notices/2011/03/destapar_las_verguenzas_45971.php