Los indicios de la denuncia conjunta presentada ante Conde Pumpido son insuficientes para juzgar a los culpables

DIEGO BARCALA MADRID

La Fiscalía comenzó ayer a atender los 261 casos que una asociación ha denunciado en toda España

La supuesta red de adopciones ilegales que operó en España durante décadas dejó pocas pruebas que permitan reparar el dolor causado. Fiscales de diversos puntos de España comenzaron ayer a investigar los indicios que apuntan a un robo masivo de bebés en clínicas y hospitales durante más de tres décadas desde 1950, pero que todavía está lejos de convertirse en una causa judicial. Los representantes del Ministerio Público aseguran que la falta de pruebas documentales dificulta tanto llevar a los posibles culpables a un banquillo como conectar a las madres robadas con sus posibles hijos perdidos.

«Hay que tener en cuenta que estos casos eran considerados abortos y no hacía falta registrarlos», explicó ayer a este diario el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón. No obstante, recordó que la labor de la Fiscalía es investigar «a fondo» y luego considerar «si se archiva, ha prescrito o no». Esteban ha coordinado a seis fiscales que durante todo marzo reclamarán pruebas a 84 denunciantes de supuestos delitos similares cometidos en Madrid. «El objetivo es ayudar a estas familias a esclarecer sus sospechas», resumió.

Una de las madres afectadas, Remedios Toledano, de 78 años, despachó con el fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid. «Han comprado bebés como si fueran muebles», aseguró Remedios. Esta mujer fue una de las cuatro personas que comenzaron ayer a construir el caso judicial en la capital. Toledano dio a luz hace 53 años «a una hija sana» en una casa del Auxilio Social en la calle de Serrano en Madrid. «Pregunté por la noche a las enfermeras y no me contestaron. Al día siguiente le dijeron a mi marido que la niña había muerto y se la enseñaron, pero esa no era mía, porque la que enseñaron era un bebé más grande», explicó, informa Efe.

Casos complejos

«Son casos muy complejos pero la labor de la justicia también es ayudar a estas personas que han sufrido durante tanto tiempo», señaló Esteban. La dificultad se basa en la falta de pruebas, como admitieron otros de los denunciantes que acudieron ayer a la Audiencia Provincial. Los hermanos Ángel y Alfonso Casero buscan a su hermano nacido en 1967 en Madrid pero que su madre nunca vio. «La fiscal se ha quedado dudosa», resumieron tras asegurar que tienen pocas pruebas porque no consta ningún documento del nacimiento o la defunción del bebé. «Pido que por lo menos lo investiguen y a los culpables que se les caiga la cara de vergüenza», demandó Ángel.

«Algunos de los nombres de los ginecólogos y las religiosas se repiten y habrá que investigar la conexión aunque, de momento, parece difícil que existiera una red en toda España con médicos desplazándose a otras provincias», comentó el fiscal jefe de Madrid.

El fiscal general del Estado ha puesto en manos de una fiscal la coordinación de todas las investigaciones abiertas desde ayer en España. Cumple así con lo que le solicitó la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir) el pasado 27 de enero cuando presentaron 261 casos.

La Fiscalía de Barcelona comenzó ayer a investigar 34 denuncias. La mayor parte, como en el resto de España, son de madres que sospechan que sus hijos fueron dados en adopción sin su permiso. Pero también hay casos aislados de hijos que han descubierto que sus padres adoptivos les robaron en una adopción irregular. Es el ejemplo del presidente de Anadir, Antonio Barroso, de 41 años, que descubrió hace apenas seis años que sus padres habían pagado 200.000 pesetas por él y que le habían engañado sobre su paternidad, como demostró gracias a una prueba genética.

Médicos, curas y monjas

Barroso busca ahora a su verdadera madre. «Se ofrecían tres versiones, siempre las mismas, y se decía a los padres adoptivos que los bebés eran hijos de familias fallecidas en accidentes de tráfico o bien de madres drogadictas o prostitutas que no las querían», explicó a Europa Press. En su opinión, el avance de la investigación podría implicar a «médicos, comadronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del Registro Civil e incluso personas de los cementerios».

La Fiscalía de Castellón también comenzó ayer a recapitular testimonios de los afectados. «Se llegará hasta el fondo», afirmó el fiscal Juan Salom. «Esta situación humana que causa impresión podría ser verdad», añadió. Esta Fiscalía investiga cuatro casos. Dos de ellos pertenecen a la denuncia conjunta de Anadir y los otros dos han sido añadidos por otros dos particulares que han decidido llevar sus sospechas al fiscal.

Las denuncias no son nuevas. El fiscal jefe de Madrid explicó que antes de la de Anadir contaban con una denuncia aislada. De hecho, en Andalucía ya han comenzado a investigarse varios casos vinculados a hospitales concretos de Sevilla y La Línea de la Concepción (Cádiz).

Historias parecidas

El caso de Felisa Sosa, a quien aseguraron en el hospital Virgen del Rocío (antiguo García Morato) que sus hijas nacieron muertas, fue el primero en llegar a la Fiscalía de Sevilla. «Cuando comencé a escuchar historias parecidas a la mía empecé a atar cabos. Ni yo ni nadie de mi familia vimos a las niñas a pesar de que mi suegra y mi madre se lo pidieron a los médicos, porque mi marido estaba en la mili. Era el año 1977. Hace unos meses fuimos al cementerio y nos dijeron que sólo constaba un feto hembra, aunque luego nos han dicho que dos. Es muy raro. Así que decidimos presentar la denuncia directamente», afirma esta mujer de la localidad sevillana de Utrera, informa Olivia Carballar.

Felisa, que después se sumó a la denuncia colectiva de Anadir, mantuvo un encuentro con la fiscal jefe, María José Segarra, el pasado enero. Allí, según cuenta, llevó el historial clínico, un legajo de aborto y el certificado del cementerio. Ahora, el número de denuncias asciende a 22 y muchas familias ya han sido llamadas a declarar. «Ya se están investigando los casos, pero nosotros, hasta el momento, no hemos sido informados de nada más», añade Felisa, que hace dos días, junto a una treintena de familias, se hizo pruebas de ADN para cotejarlas con el perfil genético de supuestos niños robados, hoy ya adultos.

http://www.publico.es/365674/la-falta-de-pruebas-dificulta-la-investigacion-del-robo-de-ninos