A Federico Landrove y Antonio García Quintana les tocó en suerte regir el Consistorio de Valladolid en la etapa republicana; y a ambos se los llevó la contienda

Los unía la militancia socialista y el tesón por defender la ciudad en una época convulsa; los separaba el talante personal y su proyección política nacional. Y anudaron sus vidas el cargo de alcalde y, de manera trágica, la represión que sobrevino con la Guerra Civil. A Federico Landrove y Antonio García Quintana les tocó en suerte regir el Consistorio de Valladolid en la etapa republicana; y a ambos se los llevó la contienda, aunque de diferente manera.

Hoy, a las siete de la tarde, el Paraninfo de la UVA les rinde tributo con un acto organizado por el PSOE local. Intervienen el ex secretario regional y diputado Jesús Quijano, el catedrático de Filosofía del Derecho y ex presidente del Congreso de los Diputados Gregorio Peces Barba, el candidato del PSOE por Valladolid, Óscar Puente, y dos nietos de los alcaldes homenajeados: Gerardo Landrove y Carmen Cazurro García Quintana.

Esta última, autora del libro ‘La hija del alcalde’, ha rememorado en varias ocasiones la tristeza que se apoderó de su familia aquel 8 de octubre de 1937, cuando una descarga de fusilería acabó con la vida de su abuelo.

Antonio García Quintana había venido al mundo en Villacarriedo, pueblecito de la provincia de Santander, el mismo año en que Remigio Cabello fundaba la Agrupación Socialista Vallisoletana; concretamente, el 8 de mayo de 1894. Ocupaba el cuarto lugar entre los seis vástagos nacidos del matrimonio formado por Antonio García Quintana y Avelina Núñez. Estudió el Bachillerato en el Colegio que los Escolapios regentaban en aquella localidad.

La familia llegó a Valladolid cuando el padre accedió a una plaza de administrador en el Ayuntamiento de Zaratán. En menos de un mes, y con apenas 13 años, Antonio entró a trabajar de tipógrafo en un taller de Artes Gráficas. Hasta que cumplió los 18 e ingresó como ayudante en el despacho del prestigioso notario local Enrique Miralles Prats. Luego ganó una plaza de cajero en la Caja de Previsión Social de Valladolid y Palencia, convocada por el Instituto Nacional de Previsión, y empezó a trabajar en las oficinas que dicha institución tenía en la calle Alarcón. Una vez aprobados los exámenes de secretario contable del Colegio Notarial, pasó a residir con su familia en el edificio de la calle Teresa Gil.

Militante socialista tras la huelga general de 1917, tres años después entró como concejal en el Ayuntamiento al tiempo que escalaba posiciones en el partido: en 1927 ya formaba parte del Comité ejecutivo de la Agrupación Socialista local, y en 1930 accedía al cargo de secretario. Repitió como concejal en las elecciones del 12 de abril de 1931, que trajeron la República. Fue entonces cuando su vida política se entrecruzó con mayor intensidad con la de Federico Landrove Moíño. Este, ferrolano nacido en 1883, había llegado a Valladolid en 1911, después de ejercer como maestro en Bilbao y ganar por oposición una plaza de profesor numerario de Aritmética y Geometría en la Escuela Normal de Maestros, de la que llegaría a ser director unos meses en 1936.

Al contrario que García Quintana, humilde y sencillo, Landrove lucía un porte profesoral que no pocas veces lo hacía aparentemente inaccesible. Riguroso hasta extremos insospechados, había sido concejal en 1917, cargo que repitió en abril de 1931. Y le tocó en suerte presidir el Consistorio republicano: Valladolid estrenaba la Segunda República con un alcalde socialista. Es ahora cuando la política anuda los destinos inmediatos de Landrove y García Quintana: asediado por los problemas del paro obrero y las rencillas desatadas en el seno de la Corporación, el primero decide dimitir. Era el 9 de enero de 1932. Dos días después, 25 votos a favor y 8 en blanco decidían que García Quintana le sucediera en el cargo.

Su labor más reseñable al frente de la alcaldía fue, sin duda, la educativa. Su denodado esfuerzo por crear más y mejores escuelas y paliar el grave problema del analfabetismo se materializó con el paso de 59 centros y 3.150 niños escolarizados a principios de 1931, a 127 y más de 6.500 escolares en 1933. A ello habría que sumar la creación de Jardines, sobre todo el actual del Poniente, el embellecimiento el Campo Grande, el impuso a las becas y colonias escolares, la mejora de instalaciones como la Gota de Leche, o el perfeccionamiento del alumbrado y alcantarillado en los barrios obreros de la ciudad.

Entretanto, Landrove escalaba puestos en la política nacional: su amigo Indalecio Prieto, como ministro de Obras Públicas, lo nombró delegado de los Servicios Hidráulicos en la Cuenca del Duero el 10 de noviembre de 1932, mientras Fernando de los Ríos hacía lo propio designándole, el 12 de mayo de 1933, para ejercer el cargo de director general de Primera Enseñanza. Dimitió como tal en agosto por desavenencias con la gestión ministerial. Fue, además, diputado nacional entre diciembre de 1933 y noviembre de 1934. Un mes antes, la revolución de octubre se había cobrado la cabeza edilicia de García Quintana, que por orden del gobernador civil fue desalojado de la alcaldía. En febrero de 1936, el triunfo de las izquierdas coaligadas en el Frente Popular lo devolvieron al puesto.

Pero la tragedia se avecinaba: identificados con el sector más moderado del socialismo español y opuestos, por tanto, a las ínfulas revolucionarias de Largo Caballero, el estallido de la Guerra Civil y la inmediata represión los puso en el punto de mira.

Mientras García Quintana lograba esconderse en el domicilio de su hermana Manolita -calle 2 de Mayo esquina con Licenciado Vidriera-, Landrove era apresado junto a su hijo, Federico Landrove López, en casa de unos amigos, en el número 86 del Paseo de Zorrilla; era el 3 de agosto de 1936. El consejo de guerra que decretó el fusilamiento de su hijo lo condenó a él a 30 años de reclusión mayor. Trasladado al Penal de San Cristóbal, en Pamplona, contrajo una grave enfermedad renal que obligó a trasladarle al Hospital penitenciario de Segovia, donde murió en junio de 1938.

Un año antes, concretamente el 24 de febrero de 1937, la delación de una amiga íntima de la familia propició la detención de García Quintana. El 11 de mayo, un Consejo de Guerra celebrado en el mismo salón de plenos que tantas veces había presidido lo condenó a la pena de muerte por el delito de rebelión. Firmaba la sentencia el comandante juez militar Ricardo Fajardo. Lo fusilaron el 8 de octubre.

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