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Vidas robadas

Julio Antonio Vaquero. Lne.es, | 24 marzo 2011

La represión franquista como origen de las redes de tráfico de niños

JULIO ANTONIO VAQUERO IGLESIAS El espanto nos embargó el corazón cuando comenzamos a saber, tras el final de las dictadura militar argentina, cómo, con frecuencia, los militares represores se habían apropiado de los hijos de sus víctimas, los habían adoptado ilegalmente y aquéllos vivían sin saber que los que creían que eran sus padres no eran sino los asesinos y represores de sus verdaderos progenitores. Nuestro espanto continuó, cuando a partir de los noventa se profundizó en el conocimiento de la represión franquista y nos enteramos que los militares argentinos habían seguido en esa práctica ignominiosa las mismas pautas que los vencedores de la guerra civil habían tenido con los hijos de las madres encarceladas de los vencidos. Y ese espanto ha alcanzado su máximo nivel estos últimos años cuando se ha ido descubriendo que pasado el primer franquismo e incluso después del fin de la dictadura, ese tráfico de niños continuó en nuestro país sin esa finalidad represora, sino únicamente como un lucrativo y criminal negocio fundamentado en la tradición anterior.

De todo ello trata Historias robadas, del abogado Enrique J, Vila Torres, especializado en estos casos del tráfico ilegal de niños y asesor de Anadir, asociación dedicada a la defensa de los afectados por estos robos de niños. Vila Torres nos relata de forma novelada un ramillete de casos, sobre todo, referidos a la etapa en que, ya fuera de la originaria finalidad de control ideológico que tuvo en las primeras décadas del régimen franquista, el tráfico de niños se convirtió en un puro y duro negocio criminal que ha llegado hasta los años ochenta.

Victorioso el franquismo, uno de sus objetivos represores fue tratar de eliminar toda influencia de los vencidos considerándolos como una deformación de la raza española, ideología en la que tuvieron papel decisivo los planteamientos del psiquiatra del régimen Vallejo- Nágera que llegó a mantener que era necesario combatir «la propensión degenerativa de los muchachos criados en el bando republicano», aconsejando que éstos debían quedar bajo el control de la red asistencial falangista o católica como medio necesario para garantizar «una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotopo».

Sobre estos u otros parecidos fundamentos racistas represores se fundamentó la base legal que condujo al tráfico de niños que se desarrolló durante la primera etapa del franquismo. La orden del Ministerio de Justicia del 30 de marzo de 1940 estableció que las presas tendrían el derecho de amamantar a sus hijos y tenerlos con ellas en las prisiones hasta que cumpliesen los tres años. Lo que parecía un acto humanitario se convirtió, sin embargo, en la base para las deportaciones infantiles hacia las instituciones asistenciales franquistas que llegaron a alcanzar alrededor de los 10.000 niños. Y a partir de esas instituciones se desarrolló con el beneplácito del Estado un intenso tráfico de los hijos de las presas del franquismo que eran entregados sin el conocimiento y el permiso de sus padres en adopción a familias partidarias del régimen que solían realizar una profunda labor de adoctrinamiento de los niños contra la ideología que profesaban sus padres biológicos. Lo que dio lugar frecuentemente, como ocurrió en uno de los casos que nos relata el autor, al rechazo explícito por parte de los niños de sus verdaderos padres.

Sin embargo, cuando pasados los años de posguerra esa política represora del régimen fue abandonada, el tráfico de niños no desapareció, sino que continuó como un negocio ilegal y muy lucrativo, aprovechando las redes y la experiencia de la etapa anterior. No estamos hablando de algunos casos puntuales, sino que el número de las víctimas de ese criminal comercio puede ascender alrededor de las 200.000, como calcula el autor extrapolando los casos de su experiencia forense. Ni fueron actuaciones aisladas, sino el resultado de una trama articulada formada por médicos, enfermeras, funcionarios y religiosas que lograron sustanciosos beneficios ( la venta de uno de esos niños podía costar a los falsos padres varios cientos de miles de pesetas) con su comercio de carne humana a través del engaño a las familias sobre los cuerpos de los presuntos niños fallecidos y falsificando los datos de los registros institucionales y civiles y amparándose para todo ello en el Código Civil español en el que prevalecía el derecho de los padres a mantener el anonimato de las adopciones.

Las averiguaciones de sus familias y de ellos mismos favorecidas por la modificación del Código Civil que reconoce ahora el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos, han ido multiplicando el número de casos conocidos o sospechosos, dejando ver la enorme dimensión de un problema que la sociedad ya no puede ignorar ni la Justicia dejar de intervenir. De hecho, la presión de las asociaciones que representan a las víctimas de este tráfico ilegal ha logrado que la Comisión de Justicia del Congreso haya tomado cartas en el asunto. Los representantes de todos partidos han apoyado la investigación y búsqueda de esos niños robados y que se tomen las medidas legislativas oportunas que favorezcan las indagaciones documentales de los afectados y el peso de la ley caiga sin contemplaciones sobre los autores de esa trata de seres humanos, que, como ha mantenido incluso el diputado del PNV en la comisión, debe ser considerada como un crimen contra la humanidad y como tal que esos delitos no estén sujetos a prescripción. Ésa sería, sin duda, la medida necesaria para que, de verdad, los autores y responsables de esos hechos que todavía hoy vivan puedan pagar por su horrendo crimen.

http://www.lne.es/cultura/2011/03/24/vidas-robadas/1050579.html