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Andalucía: La Junta ve “innecesaria” la proposición de IU porque ya ha abordado “prácticamente todas sus medidas”

20Minutos.es, 10.04.2011 | 13 abril 2011

El Consejo de Gobierno cuestiona la “oportunidad de aprobar” una norma en Andalucía cuando “ya existe la Ley de Memoria Histórica”

 

La Junta ve “innecesaria” la proposición de IULV-CA porque ya ha abordado “prácticamente todas sus medidas”

EUROPA PRESS.

La Junta de Andalucía ha expresado su rechazo la proposición de Ley para la recuperación de la memoria democrática en la comunidad autónoma que IULV-CA defenderá el próximo miércoles en el Pleno del Parlamento por considerar que se trata de una norma “innecesaria” porque “prácticamente todas las medidas” que plantea ya han sido “abordadas” por el Ejecutivo andaluz.

En un acuerdo aprobado el pasado 29 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consejo de Gobierno manifiesta su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de Ley de IULV-CA y cuestiona la “oportunidad de aprobar” una norma sobre la memoria democrática en Andalucía cuando “ya existe la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y que estableció la bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”.

En este mismo sentido, el Ejecutivo que preside José Antonio Griñán recuerda a la federación de izquierdas hasta nueve decretos aprobados por la Junta desde el año 2001 orientados a la “reparación debida a las personas que sufrieron privación de libertad, persecución o vejación por motivos ideológicos, políticos o, aun más, sin ningún otro motivo que la relación familiar con personas perseguidas por el franquismo”.

Junto a ello, el Gobierno andaluz critica que la proposición de Ley de IULV-CA plantea “un conjunto indeterminado de actuaciones para localización de personas desaparecidas, descubrimiento de restos humanos o retirada de símbolos”, así como “la creación de un Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía” cuando la Junta “ya ha colaborado en más de 350 proyectos relacionados con la memoria histórica, ha aprobado un protocolo andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra o ha elaborado un mapa de fosas de la comunidad en colaboración con diversas entidades y universidades”.

Iu busca la “implicación real” de la junta

La norma elaborada por IULV-CA, que consta de 59 artículos, diez disposiciones adicionales y una final, persigue que la Junta se implique realmente en el impulso de las tareas de reconocimiento, individual o colectivo, a las víctimas andaluzas de la represión franquista, y de las medidas para la localización de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura y de todos aquellos andaluces “víctimas del nazi-fascismo”.

La proposición de Ley establece que corresponde a la Junta la divulgación de la memoria democrática en Andalucía, dando satisfacción al derecho de la sociedad a “conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y las circunstancias en que, durante este periodo, se produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de los derechos humanos”.

Para ello se prevé crear un Instituto Andaluz de la Memoria Democrática, que se encargará, entre otras funciones, de elaborar un censo de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista con los datos aportados por las familias de las víctimas, junto con los obtenidos por los estudios científicos; un Comité técnico para la recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, y un Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía.

Además, se contempla la constitución de un banco de ADN dependiente del Instituto de medicina forense de la Junta, en el que se conservarán muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo en la comunidad, con su secuencia de AND. Así, cualquier familiar que tenga víctimas en su familia podrá solicitar que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlo con los datos que se almacenen en este organismo.

Las disposiciones adicionales establece un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personajes ligados al régimen franquista, procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen. Además fija un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de la ley para que la Junta inicie acciones judiciales para la anulación del juicio contra Blas Infante, padre de la Patria andaluza.

http://www.20minutos.es/noticia/1016446/0/