El Congreso rechaza modificar un decreto de ayudas a vÃctimas del franquismo
Los diputados no aceptaron la moción de ERC que pedÃa compensaciones económicas a miembros de bandas armadas durante la dictadura
PUBLICO.ES/SERVIMEDIA Madrid
El Congreso de los Diputados rechazó hoy, por 26 votos a favor, 303 en contra y 2 abstenciones, que las vÃctimas que hayan padecido «violencia polÃtica» en los años de la Transición sean consideradas «beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la futura ley de reconocimiento y protección integral a las vÃctimas del terrorismo».
Asà constaba en la moción de interpelación urgente sobre las actuaciones del Gobierno para reparar con justicia a todas las vÃctimas de la dictadura y la Transición y que este martes defendió en el hemiciclo el diputado de ERC Joan Tardà .
Otro de los extremos de la moción es el que instaba al Gobierno a modificar el real decreto sobre las condiciones para el abono de las indemnizaciones reconocidas en la Ley de Memoria Histórica. Estas prestaciones afectan a personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la Democracia.
ERC defendÃa que el hecho de haber pertenecido a bandas o grupos armados durante la Guerra Civil y el franquismo no debÃa eximir de percibir las indemnizaciones contenidas en la citada ley.
ERC defiende que haber pertenecido a grupos armados durante la Guerra Civil y el franquismo no debe eximir las indemnizaciones
También pedÃa las disposiciones normativas necesarias para que los herederos de vÃctimas de la Guerra Civil o la dictadura franquista puedan inscribir en el Registro Civil a aquellos familiares que desaparecieron en la contienda o en el franquismo. Otra de las pretensiones de ERC consistÃa en que para el caso de aquellos que sà están inscritos, sus familiares puedan rectificar la causa de su muerte.
Certificados de nulidad
En la sesión plenaria de esta noche, el Congreso también rechazó una enmienda de adición propuesta por CiU para permitir que la FiscalÃa General del Estado pueda emitir «certificados de nulidad de pleno derecho de las resoluciones dictadas durante la Guerra Civil».
La petición de CiU se amparaba en el decreto de la FiscalÃa General del Estado de 5 de abril de 2010, que consideró que las resoluciones dictadas contra Lluis Companys eran nulas de pleno derecho.
Según defendió entonces la FiscalÃa General del Estado, las resoluciones dictadas por los Tribunales de Responsabilidades PolÃticas y los Consejos de Guerra, constituidos por motivos polÃticos, ideológicos o de creencia religiosa, carecen de «existencia jurÃdica por adolecer de un vicio esencial e insubsanable», haber emanado de órganos declarados posteriormente no legÃtimos.