ERC pide que constructoras que «esclavizaron» a republicanos paguen las exhumaciones del Valle de los Caídos
Jáuregui replica que la violencia no es legítima tampoco contra la dictadura y que no se puede indemnizar a afectados posteriores a 1977
MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) –
Esquerra Republicana ha planteado este miércoles al Gobierno que las empresas que, como algunas constructoras, «esclavizaron» a presos del bando republicano para hacer carreteras, embalses o el propio Valle de los Caídos sean las que sufraguen las exhumaciones de los asesinados por el franquismo, especialmente las de aquellos que fueron trasladados desde distintas fosas comunes al lugar en el que descansan los restos del dictador, Francisco Franco.
La propuesta la ha realizado desde la tribuna de oradores del Congreso el diputado republicano Joan Tardà en el marco de una interpelación que ha dirigido al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien ha rehusado hacer comentario alguno sobre la sugerencia.
Una semana después de que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba considerase «prácticamente imposible» rescatar los restos humanos del Valle de los Caídos, Tardà ha dicho en el Congreso que no se cree que no haya instrumentos técnicos para exhumar todos los restos de republicanos que reposan en Cuelgamuros y ha retado a Jáuregui a aclarar si son motivos políticos los que impiden al Gobierno favorecer esas exhumaciones.
«Ahora, sí el problema es económico, le propongo una solución: Que lo paguen empresas que se capitalizaron y que se aprovecharon del trabajo esclavo de los republicanos hasta 1979», propuso Tardà, quien citó en concreto a Huarte –ahora integrada en OHL– y a Dragados –actualmente en ACS–. «Ya que estamos en una sociedad de mercado, vamos a pedirles que colaboren», ha agregado.
En su réplica, el ministro de la Presidencia ha insistido en que existen dificultades técnicas para extraer huesos del Valle de los Caídos sin dañar los derechos de las familias que prefieren que no se exhume a sus seres queridos. Con esa salvedad, ha garantizado que, no obstante, se rescatarán todos los restos que se pueda.
LEY DE VÍCTIMAS, CASI UN AÑO CONGELADA
Además, Tardá ha aprovechado la interpelación volver a reclamar que la nueva Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, cuya tramitación lleva ‘congelada’ casi un año en el Congreso, beneficie también a las víctimas de la represión tardofranquista, incluidos los miembros de bandas armadas que fueron condenados en esos años.
Esa proposición de ley, pese a que fue registrada por todos los grupos parlamentarios en junio del año pasado, sigue pendiente de que los partidos presenten sus enmiendas. Esquerra volverá a plantear su reivindicación en este trámite, pero dado que el plazo para el registro de enmiendas se lleva prorrogando semanalmente desde hace octubre, ha optado por verbalizar su petición al Ejecutivo mediante una interpelación.
El diputado independentista quiere que el Gobierno tenga listo en dos meses un informe sobre todas las víctimas del ‘aparato’ franquista entre 1977 y 1983 y la posibilidad de que puedan acogerse a la nueva legislación. Su argumento: que la «solidaridad» debe ser la misma para todas las víctimas igual que lo es el «sufrimiento» que padecen sus familiares. «Son los grandes olvidados y no hay peor dolor que ser una víctima invisible», ha proclamado.
En concreto, ha mencionado a los jóvenes cántabros que fueron confundidos por etarras y «asesinados» por la Guardia Civil en Almería en 1981. «¿Qué les decimos a su familias, que están en el limbo?», le ha espetado a Jáuregui, antes de recalcar que la Constitución no entró en vigor hasta diciembre de 1978 y que por tanto todas las víctimas de ese año van a quedar desatendidas.
LOS LÍMITES DE LA LEY
Asimismo, ha vuelto a defender que también los miembros de bandas armadas que fueron ajusticiados por el franquismo puedan ser indemnizados y ha acusado al Gobierno de haberles dejado fuera de la Ley de Memoria. «La lucha armada es legítima bajo un régimen fascista y dictatorial; en democracia es terrorismo perverso», ha argumentado.
Jáuregui se ha mostrado en desacuerdo con esa afirmación. «La violencia no es nunca legítima, ni siquiera en la dictadura», ha sentenciado. Además, ha dejado claro que el Gobierno respetará el límite temporal para la concesión de indemnizaciones que la Ley de Memoria fija en 1977, año de aprobación de la Ley de Amnistía, porque su aplicación no se puede extender hasta el infinito y que no dará cabida a los miembros de grupos armados en la ley de víctimas.
Tardà, que plasmará todas sus reivindicaciones en una moción que se someterá a debate y votación en el Pleno del Congreso el 24 de mayo, también ha vuelto a pedir la anulación de todos los juicios del políticos del franquismo, incluído aquel por el que se condenó a muerte al presidente de la Generalitat, Lluis Companys.
Desde el Gobierno se ha recordado que la propia de ley de memoria ya reconoce la ilegitimidad de esas sentencias y de los tribunales que las impusieron. En el caso de Companys, ha recordado que la Fiscalía General del Estado ya ha establecido que el Consejo de Guerra al que se le sometió «es inexistente y nulo de pleno derecho».
