El patronato de la mujer, que presidió la esposa de Franco, entregó “al mejor postor” bebés de madres de “conducta dudosa”

 

Ana María Pascual / Fotos: Paco Llata

Médicos, monjas y matronas estuvieron implicados en el tráfico de niños robados que se produjo en España durante más de treinta años. Pero la trama no comenzaba en las maternidades, sino en los despachos del Patronato de Protección a la Mujer, un siniestro organismo oficial presidido por Carmen Polo de Franco, que desviaba a embarazadas solteras hacia esa red. Muchas de ellas eran recluidas en un chalé de la sierra de Madrid hasta que daban a luz. Sus hijos, de los que no sabían ni el sexo, eran entregados en adopción ilegal.

No fue el azar el que introdujo en la oscura trama de los niños robados a numerosas madres solteras que dieron en adopción a sus criaturas hasta bien entrados los años ochenta. No fue por ninguna recomendación clandestina por lo que aquellas mujeres acabaron en los paritorios del doctor Eduardo Vela y otros ginecólogos salpicados por el escándalo de los niños robados. En realidad, las directrices partían en muchos casos de despachos oficiales, de organismos públicos dedicados, en teoría, a velar por las mujeres y los menores, entidades del Estado que una vez llegada la democracia siguieron arrastrando los posos de corrupción de la dictadura franquista. Los testimonios de muchas mujeres que dieron voluntariamente a sus hijos en adopción sitúan el origen del comercio de recién nacidos y de las adopciones ilegales en España en su punto exacto de partida. Fueron a pedir ayuda al Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia. Y fue ese organismo el que las desvió y las introdujo en una trama ilegal que las hacía desplazarse por España y ocultarse hasta dar a luz.

En los años cuarenta se creó la congregación de las Misioneras de Jesús, María y José, en el barrio madrileño de Carabanchel. Nació como guardería para los hijos de familias humildes. También se atendía a las mujeres y a sus hijos, como muestra la fotografía. La congregación colaboró con los Patronatos de Protección de Menores y de la Mujer, organismos oficiales que le enviaban mujeres embarazadas.

El de Rosa (nombre ficticio), una vasca de 52 años, es uno de los testimonios que revelan la implicación del Estado en la adopción irregular de su hijo. En noviembre de 1979, Rosa, que entonces tenía 20 años, emprendió un triste viaje desde Bilbao, donde vivía, hasta Los Molinos, un pequeño pueblo de la sierra madrileña. Llevaba consigo a su hija, de dos años y medio. Rosa era una madre soltera que volvía a estar embarazada. Había decidido dar a la criatura en adopción y acabó en la madrileña clínica San Ramón, regentada por el ginecólogo Eduardo Vela, el nombre más repetido en el escándalo de los niños robados.

 

Más información en la revista interviú.

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/ninos-robados-el-gobierno-enviaba-embarazadas-a-la-trama