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La policía exhuma a dos bebés en La Línea (Cádiz) por el caso de niños robados

El País, | 15 junio 2011

La juez indaga quiénes son los padres de los pequeños fallecidos en los setenta

 

LUIS GÓMEZ – Madrid – 15/06/2011

El caso de los niños robados vivió ayer un nuevo capítulo al producirse la exhumación en el cementerio de La Línea de la Concepción (Cádiz) de los cuerpos de dos bebés fallecidos en dicha localidad hacia los años setenta. Se trata de averiguar si son los hijos de dos mujeres a las que aseguraron que aquellos eran los cuerpos de sus niños, muertos poco después de nacer, ya que ellas sospechan que en realidad se los robaron para venderlos a otra familia.

La operación fue ordenada por la juez que lleva la instrucción del caso y se completará con otras tres exhumaciones en próximas fechas: dos más en la provincia de Cádiz y una tercera en Málaga.

policía ha extremado todas las precauciones para mantener en secreto dichas intervenciones, como, por ejemplo, avisar a los familiares con solo unas horas de antelación y disponer las actuaciones en el cementerio fuera del horario de apertura. El sumario del caso está declarado secreto.

La Línea de la Concepción es, por ahora, la única localidad española donde la investigación de varias decenas de casos de posibles robos de niños llevada a cabo por una fiscalía concluyó en su remisión a un juzgado, previo informe fiscal en el que se apreciaban indicios de delito. En la inmensa mayoría de los casos conocidos hasta el momento, en la mayor parte de las provincias españolas (más de 800 denuncias) no se tiene conocimiento de que los fiscales hayan apreciado tales “indicios de delito” y, en consecuencia, que hayan remitido las denuncias a un juez.

En algunas fiscalías se han practicado pruebas de ADN a familiares, pero no se conoce ningún resultado que conduzca a la evidencia de ningún quebrantamiento de la ley.

La Línea de la Concepción apareció en un primer momento como la localidad donde estaban mejor documentados varios casos que inducían a la sospecha. No eran los más numerosos (al principio no pasaban de 20), pero sí los que llegaban a manos del ministerio público, en este caso, Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras, mejor documentados. En los casos presentados se podía apreciar una coincidencia de ginecólogos, matronas y algunas personas que trabajaban para las funerarias y que firmaban en los legajos de abortos como “representantes” de las familias. Casi todas las denuncias presentadas por posible robo de bebés correspondían al Hospital Municipal de La Línea, reformado posteriormente en los años ochenta y convertido en residencia sanitaria.

Durante casi seis meses, fue la Fiscalía de Algeciras la que impulsó la investigación. Aparecieron nuevas denuncias y se procedió a la toma de pruebas de ADN a todos los familiares afectados. Fue en el mes de mayo cuando la fiscalía decidió dar traslado de las actuaciones al juzgado: en el informe final había cuatro casos donde se apreciaban “indicios de delito”.

La policía ha seguido tomando declaración a numerosos testigos durante estas últimas semanas. Fuentes de la investigación reconocieron a este periódico que el conocimiento de estos casos a través de los medios de comunicación ha propiciado que algunos vecinos de La Línea hayan perdido el miedo y se hayan atrevido a declarar sobre hechos que conocieron hace más de 30 años. Para la policía, la mayor dificultad en la investigación era convertir los indicios en pruebas, habida cuenta del tiempo transcurrido.

Fue así como hace un mes surgió la posibilidad de exhumar algunos cuerpos de bebés que, por diversas circunstancias, pudieron ser enterrados en nichos o panteones familiares perfectamente localizados. Durante aquellos años, los hospitales solían ofrecer a los padres encargarse del entierro de los bebés y lo hacían en fosas de cementerios o en lugares destinados al efecto en el mismo hospital.

Con estas exhumaciones realizadas por orden judicial, la policía trata de comprobar si los restos de los bebés allí enterrados son los hijos de las madres que presentaron las denuncias por posible robo de niños o, si por el contrario, se convierten en las primeras pruebas fehacientes de que algunas personas pudieron cambiar un bebé sano por uno ya fallecido para venderlo a otra familia.

Estas exhumaciones suponen un paso adelante muy importante en la situación judicial de los casos por robo de niños. De hecho, las familias afectadas, los denunciantes, comienzan a impacientarse por la aparente lentitud o indiferencia de los fiscales que recibieron hace varios meses sus denuncias sin que se hayan producido avances desde entonces, especialmente la toma de declaración a los médicos y monjas que ellos señalan como culpables de la desaparición de sus bebés.

Denuncias e investigaciones

– Noviembre de 2008. Garzón habla de 30.000 niños robados. El juez, entonces todavía en la Audiencia Nacional, denuncia en un auto el robo de cerca de 30.000 niños durante el franquismo. “Durante más de 60 años no ha sido objeto de la más mínima investigación”, asegura.

– Noviembre de 2010. El fiscal Zaragoza recibe a familias de afectados. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, donde ya no trabaja Garzón, comunica a un grupo de familias durante una reunión en su despacho que los hechos que han denunciado no son competencia de la Audiencia Nacional y que, por tanto, no puede investigarlos. Añade que, en cualquier caso, considera prescritos los posibles delitos y se compromete a intermediar por ellos ante el Ministerio de Justicia. Zaragoza les sugiere la creación de una base de datos genética para cotejar el ADN de los afectados.

– 27 de enero de 2011. Pumpido recibe 261 denuncias. El fiscal general del Estado recibe en un mismo día 261 denuncias por robo de niños. Los afectados acuden en autobús desde varias provincias para depositar personalmente la denuncia. Pumpido reparte la causa entre las fiscalías territoriales y nombra a un fiscal para que coordine todas las investigaciones. Las denuncias siguen creciendo. Hoy rondan el millar.

– Febrero de 2011. Caamaño se reúne con los afectados. El ministro de Justicia se compromete ante varias familias que sospechan que les robaron a sus hijos a facilitarles pruebas de ADN gratuitas siempre que hubiese una autorización judicial. “Hechos tan graves no pueden quedar impunes”, asegura.

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/policia/exhuma/bebes/Linea/caso/ninos/robados/elpepisoc/20110615elpepisoc_5/Tes