Pero restan 1203 fosas del franquismo que han quedado sin abrir, al menos por ahora

 

España, de cuyos inmigrantes descienden quizás millones de argentinos, atraviesa una época de muchos problemas. De una situación de pleno crecimiento y desarrollo ha pasado a conflictos en muchos casos derivados de la crisis económica que afecta a varios países europeos y ahora amenaza incluir otra vez a Estados Unidos, y en otros de cuestiones especiales, inclusive del último régimen dictatorial que soportó la península, cuyo líder fue Francisco Franco.

En el primero de los aspectos, el económico y sus repercusiones sociales -que ha determinado por ejemplo que muchos inmigrantes recibidos por España, decidieran retornar a sus países-, con el bajo rango de empleo y la inestabilidad surgida de una fuerza de «indignados» que movilizan la vida hispana.

El segundo, con una discusión que mucho se asemeja a enfrentamientos que se producen también en la Argentina, como repercusiones del autoritario gobierno que desembocó en el retorno de la monarquía y la democracia.

Nos referimos a la discordia vinculada con la búsqueda de las tumbas colectivas como consecuencia de la nefasta acción estatal contra sus opositores. Las fosas efectuadas por el franquismo para hacer desaparecer a sus víctimas sumaron nada menos que 2232, cifra establecida por información acumulada en todo el país, de las cuales 363 han sido exhumadas con 5000 cuerpos rescatados.

Pero restan 1203 (fosas del franquismo, como se las llama) que han quedado sin abrir, al menos por ahora, en tanto que al mismo tiempo se produjo una polémica cuando 11 familias de desaparecidos le pidieron al gobierno socialista obrero que retire del Valle de los Caídos los restos de sus familiares, porque quieren saber si están enterrados allí y retirarlos, para que no sigan reposando en un lugar creado por Franco para la exaltación propia y de la victoria franquista contra la República.

Vale la pena aclarar que cuando los familiares de caídos en la guerra civil le negaron al dictador el permiso para efectuar esas inhumaciones, el autoritario caudillo hizo vaciar casi 500 tumbas colectivas para trasladarlos a la fuerza, la mayoría proveniente de Andalucía, Castilla, León y Valencia. Lo hizo en condiciones de cargamento apilado y destrozado, por lo que el gobierno cree que individualizarlo sería casi imposible, al menos en la mayoría de los casos.

Otros partidos políticos -no el Partido Popular- le han pedido al Ejecutivo que haga los mayores esfuerzos para cumplir el deseo de los deudos de las víctimas del terrorismo de Estado. El enfrentamiento es tan grande que las regiones autonómicas que se hallan con gobiernos del Partido Popular se han negado a dar información de la ubicación de las fosas.

La discusión incluye ahora si España puede permitir la presencia del cadáver de Franco en ese lugar, que en realidad es un homenaje a los caídos en la guerra civil, no al autor de las masacres.

 

Ley de Memoria Histórica

Acotemos que existe una Ley de Memoria Histórica y en virtud de ella, casi 200.000 descendientes de víctimas, la mayoría en América Latina, han recibido la ciudadanía española con plenos derechos. Un conocido escritor hispano, José Manuel Caballero Bonald, decía recientemente al diario El País, de Madrid, que «el franquismo no se acabó, que sobrevuela el país y que hay franquistas latentes. Un ejemplo clarísimo es la maniobra contra el juez Garzón. ¿En qué cabeza cabe que la ultraderecha franquista presente una demanda contra el juez? Hay muchas cuñas franquistas en la derecha».

En la Feria del Libro de Buenos Aires, una muy importante editora en castellano, Beatriz de Moura, propietaria de la editorial Tusquets, contó una anécdota personal, que mostró hasta qué punto llegaba el extremismo franquista absorbido por muchos españoles. Ocurre que Beatriz y su pareja  vivían sin estar casados en un edificio de departamentos cuyos restantes moradores prácticamente no solamente les negaban todo trato, sino que hasta los delataban. Los porteros no les sacaban la basura ni les limpiaban la escalera.

Como contrapartida. La Real Academia de Historia de España acaba de editar un Diccionario Biográfico, de 50 tomos y 43.000 menciones personales. En la parte que se refiere al generalísimo Franco, se dice que no fue un gobernante de facto, es decir militar que derrocó a la República, ni tampoco un dictador, sino que lo presentan «como un militar de reconocidas habilidades, que montó un régimen autoritario, pero no dictatorial». Esto ha armado otro escándalo de quienes fueron víctimas o descendientes del franquismo

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