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Acusan a la Xunta de ‘someterse a los intereses de los Franco’ al cerrar el Pazo de Meirás

El Mundo.es, 16/07/2011 | 17 julio 2011

Memoria Histórica acusa a la Xunta de ‘recadera’ de los herederos de Franco

 

Marcos Nebreda | A Coruña

PSdeG y BNG exigen que se abra según lo establecido en la Ley de Patrimonio

Consideran que el Gobierno gallego no debe asumir los gastos de seguridad

El convenio firmado con la familia no incluía el cierre para su uso en verano

Cultura sigue sin concretar cuánto ahorro supondrá el cambio de los horarios

 

La decisión de la Xunta de cerrar el pazo de Meirás al público durante el mes de agosto para alojar a sus propietarios legales, la familia de Francisco Franco, ha suscitado ya encendidas críticas por parte de la oposición política que acusa al Gobierno autonómico de “claudicar” ante los intereses de los herederos del dictador. PSdeG y BNG exigen que se cumpla lo establecido en la Ley Patrimonial sobre los Bienes de Interés Cultural (BIC) y que la Xunta deje de asumir unos gastos de mantenimiento que no le corresponde.

El acuerdo al que el Gobierno de Núñez Feijóo llegó en marzo con los parientes del dictador fijaba la apertura del pazo durante al menos cuatro días al mes tal como establece la citada ley, pero no contemplaba ninguna cláusula especial por la que se debiese cerrar el inmueble durante un determinado período para disfrute de sus propietarios. Éstos trataron de impedir la apertura de la propiedad a través de varios recursos judiciales pero tanto el TSXG como el Supremo los rechazaron, aunque el procedimiento judicial sigue abierto.

La medida del cierre ha sido tomada, según informa la Consellería de Cultura, debido al “elevado incremento” en los gastos de seguridad que supondría compaginar la estancia de la familia con las visitas públicas en agosto y que asume la Xunta. “La decisión es inaceptable y supone una sumisión a los intereses de la familia Franco y un trato de favor”, critica la portavoz parlamentaria de Cultura del PSdeG, Concepción Burgo, que advierte que a través del convenio firmado con los Franco la Xunta asumió unos gastos de seguridad a los que no está obligada por ley, sino que “deben correr a cargo de los propietarios”.

El PSdeG ya ha presentado una pregunta en el Parlamento gallego donde exige conocer lo que cuesta a las arcas públicas la vigilancia durante las visitas (encargada a la empresa Prosegur), así como el “coste adicional” que supondría mantener el pazo abierto en agosto y que de momento la Xunta no ha desvelado. El convenio establece visitas durante un año por lo que los socialistas también quieren saber si se va a renegociar la apertura de Meirás a partir de marzo de 2012.

‘La familia no veranea aquí desde hace diez años’

Los mismos argumentos esgrimen desde el BNG que consideran el cierre una “arbitrariedad” y una “dádiva de la Xunta a sus propietarios”, según cuenta el portavoz nacionalista y ex alcalde de Sada, enclave de la propiedad, Abel López Soto. Acusa de “oscurantismo” al gobierno gallego por no haberlo anunciado antes y por no dar a conocer las condiciones reales del acuerdo pactado con la familia Franco. Según López Soto, el convenio respeta el ámbito de privacidad de los propietarios ya que impide el acceso a estancias privadas por lo que encuentra “incoherente” la decisión, más cuando “los herederos del dictador no veranean en el pazo desde hace una década, solo vienen días puntuales”.

El ex alcalde de Sada considera incongruente también que la supresión de las visitas en agosto vaya a ser compensada con el nuevo calendario que establece un día más a la semana durante julio y septiembre, especialmente al no haber plazas disponibles para entrar en Meirás hasta 2012, según aseguran desde Cultura. El malestar se refleja también en las pérdidas económicas que el cierre estival supondrá a Sada en un mes especialmente importante para el turismo, una crítica respaldada también por los socialistas.

Al igual que ellos, el Grupo Parlamentario del BNG ha presentado una proposición no de ley y cuatro preguntas parlamentarias para saber los motivos que se esconden tras la decisión de la Xunta, si el convenio con la familia contemplaba el cierre en agosto, si se va a modificar y por qué asume en solitario el coste de seguridad “que deben costear los propietarios”.

Necesidad de un nuevo acuerdo

La elaboración de un nuevo convenio es también otra de las peticiones de los nacionalistas que comparte la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH). Piden que en este nuevo texto la Xunta “no ejerza de recadero de la familia”, que el pazo se abra todos los días y que la seguridad corra a cargo de los Franco. “Si cree que los gastos de mantenimiento son excesivos la familia debe irse y dejar el pazo al pueblo, su verdadero propietario”, advierte Manuel Monge, presidente de la CRMH, que insiste en que la Xunta “incumple el decreto por el que declaró el pazo BIC en diciembre de 2008”.

Monge reclama que el Gobierno gallego “ejerza su autoridad” y obligue a respetar el decreto, y considera “vergonzosos” los argumentos económicos esgrimidos para cerrar Meirás en agosto, algo que sólo tiene como objetivo “beneficiar a la familia Franco”. La CRMH, que ha sido abanderada en la lucha por “devolver” a Meirás al pueblo como “su legítimo dueño”, anuncia que acudirá al Valedor do Pobo para exigir a la Xunta que cumpla el convenio de apertura. “Éste es el único caso de Europa en el que tras la muerte del dictador, sus propiedades siguen perteneciendo a la familia”, apostilla Monge.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/15/galicia/1310731513.html