El Parlamento maltrata a las víctimas del franquismo
Sus nombres y apellidos sonaron por primera vez en el pleno del Congreso. Los leyó el jueves Joan Tardá
VIERNES, 15 JULIO 2011
Sus nombres y apellidos sonaron por primera vez en el pleno del Congreso. Los leyó el jueves el diputado de ERC, Joan Tardá, durante el debate de la proposición de ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo. Eran más de un centenar. Fueron las víctimas de la sangrienta Transición. Todos ellos figuran en el libro con este título del periodista y escritor Mariano Sánchez Soler.
Pero estos muertos, los obreros asesinados a quemarropa en Vitoria, en Granada, en Ferrol…, los seguidores de Carlos Hugo en Montejurra, los jóvenes del “caso Almería”, los abogados laboralistas de Comisiones Obreras asesinados en la calle de Atocha, Yolanda González, Arturo Ruiz y tantos otros “caídos por la libertad” en los últimos años del franquismo y durante la Transición, han quedado excluidos del consenso de la nueva ley de víctimas del terrorismo.
Su inclusión equivaldría a admitir la existencia de un “terrorismo de Estado”, con grupos policiales, parapoliciales y paramilitares incrustados en las estructuras del Estado franquista que no querían la democracia y la combatieron a sangre y fuego. Y eso, como dejaron claro el socialista Antonio Hernando y el popular Alfonso Alonso, no era el objeto de un texto consensuado por todos los grupos y acordado con las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Como colofón de la lectura de los nombres de las víctimas de la ultraderecha y de los torturadores franquistas de las fuerzas de seguridad durante la Transición, cuando Adolfo Suárez cifraba en no más de 200 el número de policías demócratas, el diputado Tardá exhibió una foto ampliada de Salvador Puig Antich. “Mírelo, señor presidente”, le dijo a Zapatero, sentado en el banco azul. “Que no se reconozca a las víctimas del terror franquista es una vergüenza”, exclamó.
Luego, entre grandes protestas de los diputados del PP, preguntó a los socialistas: “¿Se imaginan ustedes que gane la derecha?, ¿se imaginan a la derecha en el poder durante ocho años?, ¿tendremos que esperar al 2020 para hacer hacer justicia? Sinceramente, presidente Zapatero, no lo entendemos. El dolor de una madre de un guardia civil muerto es el mismo que el de la madre de los que cayeron en Almería. En nombre de la fraternidad, compañeros de la izquierda, rectifiquen”.
Emilio Olabarría, del PNV, se sumó a la petición y Monserrat Surroca, de CiU, ofreció una enmienda para en seis meses revisar los casos de las víctimas de la violencia ultra y tardofranquista entre 1968 y 1977. No prosperó. Aunque todos los grupos, menos Rosa Díez, que rompió el consenso por la admisión de Bildu en las instituciones, votaron a favor de la nueva ley de víctimas, una sensación de “acto fallido, incompleto”, según vocablos de Olabarría, flotó en el pleno.
Pese a que en el debate de la ley de víctimas no se trataba de condenar políticamente al ex ministro de la dictadura, senador y presidente fundador del PP, Manuel Fraga Iribarne, como hubiera deseado el republicano Tardá, cuando estamos a punto de celebrar el 75 aniversario de la sublevación franquista del 18 de julio de 1936 contra las instituciones democráticas de la II República, se registró en el Congreso otro episodio revelador de un tiempo del cual algunos se resisten a separase. Fue la abstención del PP a la moción que ordena la retirada de los tomos contaminados de indecencia acientífica y franquista del Diccionario Biográfico Español.
Ni el socialista Álvaro Cuesta ni su paisano Gaspar Llamazares dudaron de la importancia y magnitud de una obra que tendrá 40.000 entradas, 42 tomos y en la que trabajan y han trabajado más de 5.000 expertos, con un coste hasta el momento de 6,4 millones de euros –más de mil millones de las antiguas pesetas– a favor de la Real Academia de la Historia. Tampoco el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que ha renovado el convenio con aportación, además, del Ministerio de Industria, dudó de la envergadura de la empresa.
Pero el bochorno de tener que soportar el “libelo propagandístico” de la biografía del dictador como un hombre “católico, valeroso, inteligente y moderado”, en vez de lo que fue: un militar sublevado que empleó las armas contra el pueblo y se proclamó dictador sobre una montaña de muertos y siguió asesinando, encarcelando y persiguiendo a la oposición democrática hasta el final de sus días, es algo que ni las víctimas ni la democracia se merece.
Los detalles de por qué la rancia Academia de la Historia y sus académicos se repartieron las biografías a su gusto, de por qué e reaccionario Luis Suárez, patrón de la Fundación Franco y presidente de la Hermandad del Valle de los Caidos, eligió la voz del dictador o por qué “ese ente machista” llamado Real Academia de la Historia (los epítetos son de la diputada de CiU Mercé Pigem) ha maltratado a las mujeres en su obra, merecen un estudio aparte.
Fue sorprendente que el diputado Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Mariano Rajoy, y persona que firmó el convenio para que la Academia acometiera la magna obra, se negara a frenar la distribución de los tomos contaminados (se han editado 1000 ejemplares de los 20 primeros) hasta que la comisión científica creada al efecto revise las entradas hagiográficas que contravienen “el rigor histórico” exigido en el convenio. Su invocación del derecho a la libertad de expresión y de cátedra y la prohibición de toda censura previa y posterior, conforme al artículo 20 de la Constitución, fue exacta e irrefutable.
Las víctimas del franquismo sólo pueden apelar al Código Penal para obligar a los falsarios a restaurar la verdad. Ninguna asociación ha iniciado acción judicial de momento contra quienes han utilizado el dinero público de la democracia para insultarlas académicamente. “¿Por qué ocurren estas cosas?, ¿por qué la democracia ha de ser tan tolerante contra los que la combatieron y aún la combaten?”, se preguntaban Tardá y otros diputados. Tal vez porque, como decía Italo Calvino, los cerdos se han subido a los árboles. Tal vez porque, como ha demostrado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, con el cierre al público del Pazo de Meirás para que los herederos del dictador disfruten sus vacaciones sin ser molestados, los herederos del golpe del 18 de julio siguen mandando bajo el disfraz democrático.
A modo de consuelo, el presidente del Congreso, José Bono, que defendió a uno de los asesinados en la Matanza de Atocha, ha propuesto y sacado adelante una declaración institucional de condena del golpe franquista que sumió a España en una bárbara guerra civil y en cuarenta años de miseria, atraso y represión.
