La clase polÃtica y las vÃctimas del franquismo
Es hora ya de que los partidos que han contado en sus filas con militantes represaliados rompan con sus dependencias e hipotecas adquiridas durante la transición
POR ANTXON GÓMEZ, IÑAKI ASTOREKA, ANDONI TXASKO, GOTZON GARMENDIA, MANUEL SAINZ, MIEMBROS DE LAU HAIZETARA GOGOAN – Viernes, 29 de Julio de 2011
EN los últimos dÃas se han desarrollado, en ámbitos parlamentarios, varios episodios que requieren la atención de quienes defendemos los derechos de las vÃctimas del franquismo y el terrorismo de Estado.
El primero sucede el 13 julio en el Congreso de los diputados. La Ley Integral de VÃctimas del Terrorismo excluye a las causadas por el terrorismo de Estado, la violencia policial y las organizaciones de extrema derecha. Y esto, pocas semanas después de que Antonio Hernando, portavoz de interior del PSOE, manifestase que las vÃctimas de la violencia policial iban a ser contempladas en esta ley. Una nueva palabra incumplida, un engaño histórico más. El PSOE sigue dando la espalda al sacrificio de los miles de militantes que, en su dÃa, le dieron aliento y forma. La ley sigue la estela de otras que discriminan a las vÃctimas según el origen de la violencia que han sufrido, lo que, en la práctica, supone legitimar el terrorismo de Estado y la violencia policial.
Mientras esto pasa en el parlamento español, comienza el segundo episodio. Entra en escena la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, que publica, el 16 julio, un artÃculo de opinión titulado «Memoria compartida», en el que pone al mismo nivel a los responsables del golpe militar de 1936 y a los defensores de las libertades.
El tercer episodio se produce en una fecha tan significativa como el 18 de julio. El señor Bono, presidente del Congreso, se niega a condenar el alzamiento del 36, a sus responsables y las consecuencias genocidas del mismo, en una lÃnea muy similar a la del artÃculo de la señora Mendia. En ambos casos quienes hacen distinciones cuando se trata de la violencia polÃtica de los últimos 40 años (cientos de muertos) para «no equiparar a vÃctimas y verdugos», no tiene ningún problema al equiparar a vÃctimas y verdugos de la rebelión militar de 1936 (cientos de miles de muertos).
Episodio cuarto: una nueva esperanza defraudada. Solo un dÃa después, en el mismo escenario, la clase polÃtica vuelve a dar la espalda a las cientos de miles de vÃctimas al no aprobar una propuesta del BNG que pretendÃa modificar la ley de amnistÃa de 1977 (en la práctica, una ley de punto final). Esta vez la culpa es compartida por PSOE, PP, CIU y PNV. Cabe destacar el papel de este último, que no rectifica su error de hace 35 años, ni salda la deuda de justicia que tiene con las vÃctimas. Justifica su negativa aduciendo que los responsables de los crÃmenes han muerto. Esto solo es cierto si nos referimos a los dirigentes de la rebelión militar de 1936, pero no si hablamos de muchos de los responsables de la dictadura y el terrorismo de Estado que siguieron a la victoria de los sublevados. Algunos partidos utilizan su pasado antifascista como parapeto en el que cobijarse para negar su responsabilidad por no establecer, en su momento, las vÃas de superación de las vulneraciones de los derechos humanos. Una vez más esto significa dejar a las vÃctimas en la cuneta del olvido.
Hasta aquà los hechos consumados, la fotografÃa que muestra la falta de dignidad de la mayor parte de la clase polÃtica. El pasado dÃa 26 de julio volvió a hablarse, en el Parlamento Vasco, sobre las vÃctimas del terrorismo de Estado (aunque no se les llamará por este nombre, sino vÃctimas de violencia de motivación polÃtica. En un Parlamento Vasco (que, dicho sea de paso, tampoco ha llevado a cabo ningún tipo de mención ni condena en este 75 aniversario del 18 de julio) llegamos a este debate en una situación en la que los partidos polÃticos que negaron a las vÃctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, siguen instalados en un discurso y unas prácticas que no buscan superar la dualidad entre vencedores y vencidos que se inició aquel 18 de julio de 1936, sino que, por la vÃa de los hechos, la consolidan.
Es hora ya de que los partidos polÃticos que han contado en sus filas con militantes antifascistas represaliados rompan con sus dependencias e hipotecas adquiridas durante la transición y reconstruyan un discurso y una práctica polÃtica coherente con sus orÃgenes. Porque, en todo este proceder, los únicos coherentes, en el discurso y los hechos, son los representantes de la derecha heredera directa del franquismo, quienes ejercieron el control efectivo sobre todo el proceso, amparados por el ruido de sables, que tantas veces ha sido utilizado como excusa por los partidos de origen antifranquista para justificar su actuación durante aquel periodo.
En tanto no se supere la situación de discriminación jurÃdica, en tanto solo se reconozcan las consecuencias de la violencia sobre una parte de la sociedad, mientras se niega la existencia de las mismas consecuencias para otros sectores sociopolÃticos, se estará dando continuidad a la misma dualidad establecida por el franquismo: privilegios para unos, represión y marginación para otros.