La Comisión pola Memoria recurre al Valedor para exigir visitas al pazo en agosto
El colectivo, PSdeG y BNG acusan al Gobierno gallego de plegarse a los deseos de la familia Franco
Sada / Betanzos
El PP alega que «facilitó» que las torres fuesen «accesibles a todos los gallegos»
NURIA RODRÍGUEZ | SADA La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) recuerda que la ley del patrimonio cultural de Galicia obliga a abrir al público los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) al menos cuatro días al mes, por lo que, tras hacerse público que la Xunta cerrará el pazo de Meirás en agosto por el veraneo de los Franco, anunció que pedirá al Valedor do Pobo que inste al Gobierno gallego a cumplir dicha ley.
Así lo manifestó ayer su presidente, Manuel Monge, que insistió en que el acuerdo alcanzado entre la Xunta y los Franco para la apertura al público del pazo está «hecho a la medida» de la familia del dictador y que «incumple gravemente la ley del patrimonio cultural de Galicia». «Esperamos que reconsideren la situación. Si abrir el inmueble en agosto aumenta los gastos de seguridad, como dice la Xunta, que los pague la familia Franco, no le vamos a sufragar su veraneo», argumenta.
La CRMH solicitará un nuevo convenio sobre las visitas al pazo «que tenga en cuenta los intereses de Galicia» y remitirá un nuevo escrito al Valedor do Pobo -al que ya se dirigió para exigir la apertura de las también conocidas como Torres de Meirás- instándole a exigir a la Xunta el cumplimiento de la ley. «No puede ser que seamos los recaderos de los Franco y que se firme lo que nos ponen delante», concluye Monge.
La CRMH no ha sido la única institución que ha criticado la decisión de la Consellería de Cultura. El BNG registró ayer en el Parlamento gallego una proposición no de ley en la que exigen, al igual que la CRMH, que se inicien los trámites para la firma de un nuevo convenio, en el que la Xunta asuma «sólo los gastos a los que tiene obligación por ley» en lo relativo a la apertura al público de la que fue residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán, así como que se garanticen las visitas en agosto. Los nacionalistas registraron, además, varias preguntas en las que insisten en conocer los motivos por lo que la Xunta decidió asumir «en solitario» el coste de la seguridad del pazo, «incluida la seguridad de la familia Franco».
El PSdeG también presentó una serie de iniciativas en las que demanda al Ejecutivo que «exponga públicamente los motivos que le llevan a incumplir la ley de patrimonio cultural». Acusa a la Xunta de «sumisión» a la familia Franco y tilda la decisión de cerrar el pazo en agosto de «inaceptable, por cuanto supone de menosprecio a los derechos de los ciudadanos de Galicia».
Para el exalcalde de Sada, Abel López Soto, el cierre de las torres es «un trato de favor intolerable» y las justificaciones ofrecidas por la Xunta, «infantiles». Sostiene que la apertura del pazo «no debería suponer ningún coste para la Administración gallega» y que los responsable de cuidar la propiedad y de la seguridad «son los propietarios». «La Xunta no tiene obligación alguna de mantener la seguridad de un edificio privado y aducir que se cierra para no incrementar el coste no se sostiene», concluye.
El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, reconoció no estar «concretamente al tanto de la cuestión», pero defendió que fue la Xunta del PP la que «facilitó» que el pazo fuese «accesible a todos los gallegos» por primera vez. El delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, manifestó que «respeta» la decisión de la Xunta.
