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Violencia Institucional

Esther López Barceló. Información.es, | 20 julio 2011

Hoy más que nunca hemos de condenar los gestos que suponen una clara apología del franquismo

 

ESTHER LÓPEZ BARCELÓ, DIPUTADA DE ESQUERRA UNIDA EN LES CORTS VALENCIANES

Con motivo del desafortunado 75 aniversario del golpe militar contra la República, el 18 de julio de 1936, hoy más que nunca hemos de condenar enérgicamente todos aquellos gestos y/u omisiones institucionales que suponen una clara apología del franquismo y, por tanto, un atentado contra la democracia.

Los gestos simbólicos de añoranza y ensalzamiento del régimen dictatorial franquista se manifiestan diariamente en las políticas directas del PP. Ejemplo de ello es la eliminación por parte de la alcaldesa de Elche del nombre del parque dedicado a Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”, estandarte de la defensa de la democracia y la lucha contra el fascismo. La señora Mercedes Alonso, además, ha rebautizado una avenida de la ciudad con el nombre del último alcalde franquista ilicitano. Esta acción entendemos que debería ser constitutiva de delito, ya que contraviene la Ley de Memoria Histórica, la cual explicita en su articulado la obligación de eliminar símbolos y nombres de calles que ensalcen la Dictadura.

La democracia mantiene desde la época de la Transición una deuda pendiente en materia de reparación y dignificación de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. La Ley de Memoria Histórica aprobada en 2009 ni siquiera contempla la condena jurídica de la Dictadura, ni reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo. Este articulado lo que hace conscientemente es un juego semántico, porque declara la sentencias realizadas durante la legalidad franquista como “injustas”, las considera “ilegítimas” por vicios de fondo y forma, y de esta forma no declara su “ilegalidad”. Así pues, lo único que la ley reconoce es la condena moral de dichas sentencias. Por tanto, mientras no exista una condena jurídica de los tribunales y sentencias represivas franquistas, los tribunales continuarán siendo legales -aunque se consideren “ilegítimos”- y sus sentencias seguirán teniendo plena legalidad.

En esta lucha por la recuperación de nuestra historia democrática, Esquerra Unida ha presentado ya en Les Corts dos proposiciones no de ley dirigidas hacia la urgentísima tarea de recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico de este periodo, para que sus huellas materiales no se pierdan y, a través de ellas, podamos educar en valores de libertad y democracia.

Hemos exigido la catalogación y conservación de los casi 800 refugios antiaéreos que se conservan en el País Valenciano, los cuales fueron testigo de los dantescos bombardeos de las aviaciones fascistas y franquistas, los cuales asolaron las ciudades valencianas.

Y, además, seguimos reclamando que le sea otorgada la declaración de Bien de Interés Cultural a la conocida “Posición Yuste” en Petrer, la finca en la que se refugió el último gobierno de la II República. El objetivo es que la ciudadanía pueda visitarlo y forme parte de nuestra memoria colectiva.

Negar estas exigencias supone, como dice el profesor Vicenç Navarro, el ejercicio de la “violencia institucional. Porque es violencia negar a los vencidos que su historia sea la historia de la democracia española”.

http://www.diarioinformacion.com/portada-alicante/2011/07/18/violencia-institucional-esther-lopez-barcelo/1149999.html