El alcalde de Poyales defiende en una carta la reacción “lógica” de los vecinos
Insiste en el traslado legal de los restos y pide “cordura”
C.T.I.
El alcalde de Poyales del Hoyo, Antonio Cerro, ha dirigido una carta a sus vecinos relatando los acontecimientos de los últimos días, a raíz del enfrentamiento vivido en la manifestación convocada el domingo pasado por varias asociaciones en defensa de la memoria histórica, tras el traslado de los restos de nueve víctimas de la Guerra Civil a una fosa común en el cementerio.
En la misiva, el regidor hoyanco detalla lo acontecido antes y después de la “insistencia de una persona” para llevarse los restos correspondientes de un familiar a una tumba privada.
El alcalde rechaza que las “discrepancias políticas” hayan sido el origen del traslado y puntualiza que, de haberse entendido como una “ofensa a las víctimas, además de sentirlo sinceramente, manifestamos que nuestra decisión no está tomada en ese sentido”.
Así, el traslado “se ha hecho en todo momento con la previa autorización del Ayuntamiento y el consentimiento de los familiares” e insiste en que “no tenía la menor intención” de llevarlo a cabo, pero que se hizo “a instancias de familiares de las víctimas”, a raíz de la inhumación realizada el pasado mes de abril, cuando se enterraron los restos de las siete personas exhumadas en la Cuesta del Avión el año pasado.
Un familiar mostró su “desacuerdo” con la última exhumación y se personó “en varias ocasiones” en el Ayuntamiento “manteniendo una actitud de verdadero acoso a familiares de las víctimas recientemente enterradas y a este Ayuntamiento, pretendiendo imponer sus deseos”, como eran “ostentar sobre la fosa un derecho perpetuo”.
Por ello, “uno de estos familiares solicitó autorización para trasladar los restos tanto de su padre y abuelo como de las otras cinco víctimas”, autorización que le fue concedida.
Sin embargo, días después, se presentó de nuevo en el Ayuntamiento la misma persona “que ha propiciado estos acontecimientos”, nieta de una de las tres primeras víctimas exhumadas, en el año 2002, para solicitar el traslado del cuerpo de su familiar a un nicho de su propiedad, lo que autorizó el Ayuntamiento “con la advertencia de que sea comunicado antes de su realización para avisar al resto de familias”, como así se hizo el 30 de julio y “en presencia de familiares representantes de los siete últimos enterrados, de la señora que solicita el traslado a un nicho de su propiedad de los restos de su abuela, de la jueza de paz así como del alcalde de este Consistorio y de Mariano López –miembro del Foro por la Memoria-, no así de los familiares de una de las tres primeras mujeres, porque no se han encontrado familiares”.
Allí, se retiró la lápida y “es entonces cuando se pudo comprobar el mal estado en el que se encontraba esta fosa”, por lo que “hubo que trasladar los restos a la fosa común (…), en todos los casos previa solicitud de los familiares”. Y añade: “la fosa común es bastante más distinguida que la tumba de la discordia” y, además, “está en terreno seco y en un lugar que podemos llamar ‘preferente’, en la misma entrada del cementerio, visible desde fuera”.
Enfrentamiento
Una vez realizado el traslado, el 6 de julio, el alcalde se reunió con “dos miembros de la Asociación de Víctimas de la Guerra Civil” y “un ilustre vecino del pueblo”, quienes le trasladaron la “necesidad” de que manifestara su “voluntad de reintegrar los cuerpos a la fosa originaria cuando se haya arreglado” y, así, poder desconvocar la manifestación que iba a tener lugar el domingo.
“Como era urgentísima la ‘desactivación’ del bombazo de la manifestación y como yo tenía que trasladarme por asuntos personales a Madrid, quedamos, a una hora muy temprana, las 8.30 horas, que luego acordamos fueran las 9, en el Ayuntamiento para firmar la comunicación”, continúa, señalando que, a las 9.30 horas, los representantes no se habían presentado y se tuvo que marchar y que, “a las 10.50 horas”, llegó el documento, “con el cual no estaba de acuerdo”.
Así, “el primer teniente de alcalde y los concejales me confirmaron mis sospechas primeras: que las asociaciones habían determinado montar el escándalo y que, con nota o sin nota, habrían buscado algún otro pretexto para no estar de acuerdo.
El domingo, según Antonio Cerro, la reacción del pueblo ante la manifestación fue “primero de sorpresa”, porque “vieron a unos ‘forasteros’ desconocidos del pueblo en un semicírculo portando una pancarta que decía ‘Somos los nietos de los obreros que no pudisteis matar’”. Eso fue considerado un “insulto a una masa del pueblo” por parte de “unos forasteros, más alguno del pueblo”, por lo que la reacción “fue lógica”.
“Los más violentos se lanzaron con insultos e intentos de agresión”, continúa, mientras que la “versión” de “alguno” de los componentes es que “le esperaban cuatro concejales dispuestos a agredirle”, pese a que, “según me dicen, sólo asistieron tres”.
Boicot
Finalmente, el regidor hoyanco afirma en su carta haber actuado, junto con su equipo, “con rectitud y siempre en legalidad”, aunque “no hemos podido evitar lo inevitable” y lo que, a su juicio, se puede evitar, “todos unidos, de todas las ideologías”, para “llevar a la práctica lo anunciado y propagado por el pueblo”, como es el “boicot” que se ha extendido “a nuestras fiestas, a no comprar nada en nuestro pueblo y a propagar que nadie visite este pueblo”.
En este sentido, desde la Corporación se invita a usar “la cordura” y “no respondamos a quienes nos quieren hacer daño”, con el fin de que “recuperemos la concordia y todos, de cualquier ideología que seamos, trabajemos por la unión entre todos, olvidando estas divisiones que tanto nos hacen retroceder y que tanto daño nos hacen a todos”.
“Los horribles e injustos asesinatos de todos nuestros familiares, de una y otra parte, son una lección que debemos aprender para no caer en el gran error que ellos cometieron”, concluye.
