El Gobierno no está legitimado para acordar con la Iglesia nada de espaldas al pueblo

 

 

PEDRO TARACENA.

La postura timorata del Gobierno, pidiendo aquiescencia a la Iglesia para dar una solución al Valle de los Caídos, es la prueba de la pérdida de papeles y la sumisión del Estado a la Iglesia. Este siniestro lugar fue mandado construir por el dictador más sanguinario en memoria al triunfo aplastante sobre la república y los que la defendieron. Como no podía ser de otro modo, albergó en esta nefasta caverna a un cenobio benedictino. Evidentemente sus crímenes hicieron propietarios de este lugar a: Franco y su ejército, a la Falange y el Movimiento Nacional, y a la Iglesia que bendijo la masacre como Santa Cruzada. Y de hecho han exhibido su legítima propiedad día tras día.

El Gobierno no está legitimado para acordar con la Iglesia nada de espaldas al pueblo. La necrópolis que sepulta la montaña de Cuelgamuros es del Estado. La abadía es patrimonio del Estado como el monasterio de El Escorial, y la basílica es también del Estado y además tienen algo que decir los familiares de los republicanos y nacionales que están ahí sepultados con su consentimiento o sin él. La Constitución no autoriza al Gobierno a negociar en régimen de igualdad a la Iglesia y al Estado. Toda concesión a la Iglesia aleja la reconciliación entre las dos españas. Ya son demasiadas brechas abiertas: Franquistas y sus víctimas, republicanos y nacionales, derechas e izquierdas, ricos y pobres, familia cristiana y las otras familias, el 15-M y el 20-N y ahora católicos y laicos. El comportamiento del Gobierno es una buena forma de fosilizar la Constitución sin resolver sus exigencias.

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