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El golpe del 36 en San Fernando. Un genocidio planificado

Juan Luis Martínez Muñoz-Cruzado. Público, 16-08-2011 | 17 agosto 2011

Cádiz y San Fernando fueron las primeras ciudades de la Península en sufrir las consecuencias del intento de golpe de Estado de 1936

 

Por Memoria Pública 16 ago 2011

Por Juan Luis Martínez Muñoz-Cruzado

Cádiz y San Fernando fueron las primeras ciudades de la Península en sufrir las consecuencias del intento de golpe de Estado de 1936, el cual desembocaría en la guerra civil que asolaría el país desde 1936 a 1939.

Los sediciosos, en el caso de La Isla, comenzaron entonces una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración.

El isleño José Enrique Varela Iglesias, que cumplía arresto militar una vez más a causa de sus reiteradas conspiraciones contra la República, es liberado el 18 de julio de su reclusión en el Castillo de Santa Catalina (Cádiz) por el gobernador militar, general López-Pinto Berizo. Acto seguido, Varela se pone al mando de las tropas alzadas y se hará con el control de la ciudad, tras asediar y rendir el Gobierno Civil. La resistencia popular fue escasa, lo que avala la afirmación de que en la provincia –y más aún como veremos, en San Fernando- no hubo guerra, sino simplemente represión.

En San Fernando, Ricardo Olivera Manzorro, a quien la República le retiró la confianza pocos días antes, fue nombrado comandante militar por los insurgentes, aprestándose inmediatamente a publicar el bando de guerra y a ordenar a fuerzas de Marinería e Infantería de Marina la ocupación de los puntos estratégicos de la ciudad. Al respecto, la historiadora Alicia Domínguez Pérez, en su libro El verano que trajo un largo invierno, reseña cómo en San Fernando, “(…) los únicos que resistieron al alzamiento fueron las dotaciones de los buques Lauria y Cánovas del Castillo. El primero fue cañoneado desde tierra, provocando esto su hundimiento, y el Cánovas, bombardeado desde el aire por dos aviones, izó la bandera blanca. La dotación fue desarmada y detenida”. No tardaría mucho en iniciarse una feroz purga contra la oficialidad y la tropa que se mostró leal a la República.

 

El 21 de julio los golpistas locales escenifican la constitución de la nueva Corporación Local. Ocupa la presidencia el susodicho Ricardo Olivera Manzorro, a quien acompañan seis oficiales, entre ellos Ricardo de Isasi Ivisón, “al objeto de posesionarlos en los cargos para que han sido designados en este Ayuntamiento”. En su discurso, Olivera Manzorro emplea la excusa que los facciosos usaron para confundir a la ciudadanía: “El glorioso movimiento emprendido por el Ejército y la Marina de Guerra (…) tiene como principal misión instaurar en España una República honrada y digna, restablecer el principio de autoridad y volver por los fueros de la Justicia que anularon totalmente los hombres que formaron el Gobierno de ese Frente Popular (…) Me persono en funciones de Comandante Militar para hacer cargo de su Presidencia (alcaldía) al Sr. Comandante de Intendencia don Ricardo Isasi”. El discurso acaba con sendos vivas a España y a la República, aunque esta última palabra acabaría siendo tachada. El alcalde impuesto, Ricardo de Isasi, también dirige una alocución a los asistentes: “(…) Siempre dentro de la Ley, actuaré en todo momento inspirado en favor de los intereses de San Fernando (…)”, a la vez que declara su respeto “(…) a todas las autoridades”, pese a que pronto sería cómplice en el asesinato del alcalde, Cayetano Roldán Moreno, y de buena parte de los concejales democráticamente elegidos.

Como explica Alicia Domínguez, los sediciosos comenzaron una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración. En San Fernando, los primeros en ser aprehendidos y asesinados fueron los líderes de sindicatos (CNT y UGT) y partidos de izquierda (Izquierda Republicana, PSOE y PCE), así como un buen número de militares que se mantuvieron leales a la República y también otras personas acusados de ser masones. También fue pasado por armas el pastor protestante Miguel Blanco Ferrer. Nada se dejó a la improvisación en la actividad represora. Tal como refiere José Casado Montado en Trigo Tronzado. Crónicas Silenciadas, y siguiendo las directrices del ‘cerebro’ del golpe, general Emilio Mola Vidal, en San Fernando también se practicaron homicidios selectivos y alevosos, toda vez que los facciosos, auxiliados para ello por falangistas, tenían perfectamente previsto y planificado a quiénes había que matar. Prueba del afán de exterminio que los movía lo constituye el castigo inflingido a las familias Barbacil y Roldán, a las que asesinaron todos sus miembros varones (padre y dos hijos, en el primer caso, y padre y tres hijos en el segundo).

José Casado expone que los primeros asesinatos en San Fernando tuvieron lugar el 21 de julio de 1936, y en su libro llega a contabilizar hasta veintiséis fusilamientos, estando datados los últimos en 1941. Todo apunta a que los hoy por hoy documentados sean solamente la punta del iceberg. En ‘Trigo Tronzado’ pueden leerse nombres y apellidos de 129 individuos, pero de muchos no quedó rastro alguno.

La mayoría de estas personas pasaron antes de ser asesinadas por un encarcelamiento en condiciones infrahumanas, hacinadas y hambrientas en los calabozos del Ayuntamiento, bien en los penales de La Casería o de Cuatro Torres (en el Arsenal de la Carraca), aunque algunos fueron recluidos en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Los lugares de ejecución más comunes: la tapia del cementerio, el caño ‘La Jarcia’ (en las inmediaciones del penal de Cuatro Torres), Barrio Jarana (concretamente en el paraje de Pino Gordo) y Las Canteras (Puerto Real). En el caso de las inhumaciones realizadas en San Fernando, los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes; la única localizada hasta el momento se encuentra en el cementerio, siendo probable que el resto se encuentren diseminadas por el término municipal, sobre todo en terrenos militares, y más específicamente dentro del Arsenal de La Carraca. Hoy por hoy se ignora el número de cuerpos que alberga la gran fosa común del cementerio isleño, pero testimonios orales hablan de varios centenares.

Juan Luis Martínez Muñoz-Cruzado es investigador y coordinador del equipo de Documentación, Archivo e Investigación de AMERE

http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/08/16/el-golpe-del-36-en-san-fernando-un-genocidio-planificado/