Familiares de víctimas piden al PP que censure al alcalde de Poyales
Los estatutos de los conservadores obligan a la solidaridad con quienes han sufrido violencia
DIEGO BARCALA Madrid
Las familias de los represaliados por la violencia franquista exigen al PP que se solidarice con las víctimas ante el acoso al que han sido sometidas por el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila) y su equipo de concejales. El pasado 30 de julio, el regidor del PP, Antonio Cerro, mandó reventar una lápida que honraba desde el pasado año los restos de diez represaliados, extrajo los esqueletos de nueve de ellos y los envió a una fosa común. Cuando los familiares y un grupo de asociaciones protestó por ello el pasado domingo, sus concejales, reaccionaron con violencia física y verbal para impedir la lectura de un comunicado.
Los estatutos del PP obligan a sus militantes a comprometerse con las «víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones». La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que contribuyó en 2002 y en 2010 a enviar al cementerio los restos de las víctimas de Poyales desde dos cunetas cercanas, pidió ayer a la formación en un comunicado que censure a este equipo municipal que pudo cometer dos delitos tipificados en el Código Penal.
Marcelino Iglesias cree «razonable» que se recupere a los muertos
Concretamente creen que la decisión tomada por el alcalde, sin solicitar el permiso de todos los familiares, vulnera el artículo 526 del Código Penal por «violar sepulcros» y el 510 por provocar «al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos ideológicos». «Se trata de un momento adecuado para que el PP demuestre que exige a otros la condena de la violencia, porque se deben condenar todas las violencias», asegura el comunicado.
El secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, pidió ayer «serenidad». «Es bastante razonable que la gente quiera recuperar a sus muertos», añadió. El diputado del PP Ignacio Cosidó se encargó de responder a esta petición: «Reabrir heridas del pasado me ha parecido siempre un error».
El secretario de organización del PSOE en Ávila, José María Burgos, denunció a su vez el comportamiento «poco democrático» de los concejales del PP en Poyales, algo que niegan los conservadores abulenses. Su presidente, Antolín Sanz, sostuvo que «han actuado de acuerdo a la ley vigente» e invitó a «acudir a los tribunales» a quienes crean que se ha infringido la norma, informa Europa Press.
Cosidó (PP) considera que «reabrir heridas del pasado es un error»
Por su parte, el teniente alcalde del Consistorio, Ángel Jiménez, negó que desde el ayuntamiento se animase a los vecinos a enfrentarse con los manifestantes .
Fue una de las familiares de los fusilados en el pueblo en diciembre de 1936 quien solicitó al alcalde la apertura de la tumba. Virtudes de la Puente deseaba que su abuela homónima reposara en un cementerio con otros de sus familiares, pero no tenía el permiso del resto de los familiares para reabrir el mausoleo. El alcalde aprovechó la petición para llevar a cabo la apertura del panteón, pese a que un informe municipal le instaba obtener el permiso de las familias.
El alcalde insiste
«El PP exige a otros que condenen la violencia», recuerda la ARMH
El primer edil insistió ayer en asegurar que había obtenido «por escrito» la bendición «de nueve de los diez familiares», informa Efe. Sin embargo, cinco de los enterrados bajo la tumba ni siquiera tuvieron descendencia. Yash Paul Gosain, bisnieto de la fusilada Pilar Espinosa, asegura que dio su negativa de palabra a la jueza de paz, apenas dos días antes de la apertura de la tumba.
Ante la tensión vivida en el pueblo, donde sólo han sido recordados oficialmente los fusilados por las milicias en los primeros días que siguieron a la sublevación fascista del 18 de julio de 1936, el delegado del Gobierno de Castilla y León, Miguel Alejo, ordenó ayer, de forma provisional, la presencia de la Guardia Civil.
