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La Guardia Civil establece un dispositivo especial en Poyales del Hoyo

El País, | 9 agosto 2011

El alcalde regresa al municipio tras ser denunciado junto a otros cuatro concejales

 

Continúa la tensión tras la exhumación de una tumba con represaliados de la guerra civil

El PP apoya la decisión del regidor

Cinco días después, el alcalde de Poyales del Hoyo, Antonio Cerro (PP), ha regresado al municipio para encarar el conflicto que él mismo provocó el pasado 29 de julio cuando ordenó exhumar una tumba en la que estaban enterrados diez represaliados de la guerra civil y trasladar los restos a la fosa común del cementerio. La decisión del regidor motivó la protesta de algunos familiares de los finados y una concentración de partidarios de la memoria histórica que terminó con la intervención de la Guardia Civil, una denuncia contra el primer edil y otros cuatro concejales del pueblo.

El PP de Ávila respaldó ayer la exhumación y posterior traslado a una fosa común de los restos de nueve represaliados de la guerra civil decidida por el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila). El presidente provincial del partido y senador Antolín Sanz declaró a Efe que la presencia de la juez de paz durante la apertura de la tumba “avala las actuaciones del equipo de Gobierno municipal”, así como que el regidor avisara a la Guardia Civil para que estuviera presente. Sin embargo, ningún agente acudió el pasado día 30 de julio a la exhumación, según ha reconocido el propio alcalde de la localidad, Antonio Cerro.

Sanz también defendió la actuación de los concejales del PP en Poyales durante los enfrentamientos que se produjeron durante una concentración contra la exhumación y que obligaron a intervenir a la Guardia Civil para proteger a militantes por la memoria histórica y vecinos del pueblo que protestaban por la decisión de alcalde. En una denuncia interpuesta por 17 personas ante el Instituto Armado se acusa directamente a los representantes del PP en el pueblo de instigar los insultos, amenazas y agresiones de las que, según el escrito, fueron víctima.

El PSOE de Ávila da por buena esta denuncia. En un comunicado, su secretario de organización, el también senador José María Burgos, responsabilizó de los enfrentamientos al PP y consideró que “instigar a la gente a insultar o golpear el megáfono de quien pretende dirigirse a los concentrados contraviene los valores fundamentales de un sistema democrático”.

En el ámbito nacional, el número tres del PSOE, Marcelino Iglesias, pidió “serenidad” aunque defendió que “la gente “quiera recuperar a su muertos”. Desde el PP, su portavoz en la Comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó precisó que “reabrir heridas del pasado es un error, en un sentido y en el contrario”.

El Instituto Armado ha establecido un dispositivo especial de control para garantizar la paz en el municipio, según ha confirmado la subdelegación del Gobierno en Ávila. Este dispositivo, que fue permanente durante todo el día de ayer, seguirá vigente al menos hasta mañana, cuando se decidirá si se mantiene o no, en función del desarrollo de los acontecimientos.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, ha informado de que la actuación de la Guardia Civil durante la manifestación del domingo consistió en “mediar” entre los que se enfrentaban con dos opiniones distintas.

Alejo ha apelado a la sensatez y al respeto hacia la memoria de los represaliados y ha considerado “que los vivos no deben pelear las batallas de los muertos”. El delegado de Gobierno ha expresado su confianza en que si alguien ha perdido la cordura la recupere y ha abogado por defender las ideas sólo con las palabras.

Además de intermediar en el pueblo, la Guardia Civil deberá tramitar la denuncia que interpusieron ayer 17 de los asistentes a la concentración de protesta que terminó en altercado. Dicha denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se dirige contra el alcalde de Poyales, ausente el día de los hechos, y contra los otros cuatro concejales que tiene el PP en la localidad.

Según el escrito, estos miembros del Consistorio “animaron a un grupo de unos sesenta vecinos (…) que protagonizaron insultos, amenazas, empujoes, rompiendo una pancarta y golpeando el megáfono con el que hablaba uno de los denunciantes”. Además, durante todo el acto de protesta se profirieron amenazas como “ten cuidado con tu coche y con tu perro” o “te vas a quedar sin cara, chula”, así como diversos insultos tales como “rojos de mierda, parásitos sociales” o “no eres ni española”.

Por su parte, el alcalde de Poyales ha declarado a la agencia Efe que hoy “todo ha vuelto a la normalidad y hay tranquilidad en el pueblo”. Sin embargo, se han vuelto a producir amenazas entre vecinos del municipio, según ha podido confirmar EL PAÍS.

Cerro ha asegurado que el traslado de los restos de los diez represaliados “cuenta con el visto bueno por escrito de los familiares de nueve de ellos”, firmado con posterioridad a la exhumación. Sin embargo, de cinco de dichos finados no se conoce descendencia.

El primer edil ha insistido en que el familiar del otro represaliado “tenía conocimiento a través de la juez de paz de que se iba a proceder a sacar estos restos humanos”. Sin embargo dicho familiar, Yash Paul Gosain, niega este extremo y asegura que únicamente le preguntaron si deseaba trasladar los restos a lo que él se negó.

En cualquier caso, Cerro tenía tomada la decisión con anterioridad, tal y como relató él mismo a EL PAÍS el pasado viernes y como lo confirma que pidiera diversos informes legales al respecto. Además, en un edicto firmado por él mismo el pasado 22 de junio, 11 días después de tomar posesión, el primer edil ya anuncia su disposición a trasladar los restos aunque dice que no se hará “por respeto a los familiares” y que la decisión es “mantener todos los restos funerarios” en su tumba.

>El PP de Ávila respaldó ayer la exhumación y posterior traslado a una fosa común de los restos de nueve represaliados de la guerra civil decidida por el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila). El presidente provincial del partido y senador Antolín Sanz declaró a Efe que la presencia de la juez de paz durante la apertura de la tumba “avala las actuaciones del equipo de Gobierno municipal”, así como que el regidor avisara a la Guardia Civil para que estuviera presente. Sin embargo, ningún agente acudió el pasado día 30 de julio a la exhumación, según ha reconocido el propio alcalde de la localidad, Antonio Cerro.

Sanz también defendió ayer la actuación de los concejales del PP en Poyales durante los enfrentamientos que se produjeron durante una concentración contra la exhumación y que obligaron a intervenir a la Guardia Civil para proteger a militantes por la memoria histórica y vecinos del pueblo que protestaban por la decisión de alcalde. En una denuncia interpuesta por 17 personas ante el Instituto Armado se acusa directamente a los representantes del PP en el pueblo de instigar los insultos, amenazas y agresiones de las que, según el escrito, fueron víctima.

El PSOE de Ávila da por buena esta denuncia. En un comunicado, su secretario de organización, el también senador José María Burgos, responsabilizó de los enfrentamientos al PP y consideró que “instigar a la gente a insultar o golpear el megáfono de quien pretende dirigirse a los concentrados contraviene los valores fundamentales de un sistema democrático”.

En el ámbito nacional, el número tres del PSOE, Marcelino Iglesias, pidió ayer “serenidad” aunque defendió que “la gente “quiera recuperar a su muertos”. Desde el PP, su portavoz en la Comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó precisó que “reabrir heridas del pasado es un error, en un sentido y en el contrario”.

http://politica.elpais.com/politica/2011/08/08/actualidad/1312817767_423578.html