Jáuregui le pide al Gobierno de Rajoy que «por favor, no meta el informe en un cajón»

 

NATALIA JUNQUERA Madrid 29 NOV 2011

La comisión de expertos del Valle de los Caídos a la que el ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, encargó en mayo un informe para reinventar el Valle de los Caídos, propone exhumar los restos de Franco para entregárselos a su familia, pero solo si lo autoriza la Iglesia y hay un acuerdo parlamentario. La hija del dictador manifestó hace unos meses a los dos presidentes de la comisión, el catedrático de filosofía del derecho Virgilio Zapatero y sl rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano, su deseo de que la tumba de su padre permaneciera donde está. La comisión no considera ese deseo vinculante, pero sí en cambio el de la Iglesia, al tratarse la basílica donde está enterrado, de un lugar de culto. Respecto a los restos de José Antonio primo de Rivera, muerto en noviembre de 1936 en la Guerra Civil, la comisión entiende que “no deben ocupar un lugar preeminente en la Basílica”.

La mayoría de los expertos de esta comisión creían desde que se les encomendó esta tarea, que no era posible dar otro significado al Valle de los Caídos, sin trasladar los restos de Franco a otro lugar, como ya adelantó EL PAÍS en junio pasado. Finalmente, solo tres de los 12 miembros del grupo, (González-Trevijano, el consejero del Consejo de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y el catedrático de Historia del derecho Feliciano Barrios Pintado) han redactado un voto particular al oponerse a la recomendación de trasladar a Franco. “La exhumación de los restos de un jefe de Estado, por incompatibilidad con su régimen político, resultaría hoy impropia en nuestro contexto europeo y occidental presente, donde no se ha dado nada semejante”, explican. “La exhumación es al menos hoy, inoportuna y contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública”, añaden.

La exhumación de los restos de Franco solucionaría en parte un problema que hasta ahora no tiene solución: el de los republicanos que fueron enterrados sin consentimiento de sus familias en el Valle de los Caídos junto a su verdugo. Varios familiares han reclamado al Gobierno que les entreguen los restos, pero tanto los forenses que envió el Ejecutivo a explorar esa posibilidad como la comisión de expertos han concluido que desenterrar e identificar individualmente esos restos es inviable debido al deterioro de las criptas y de los columbarios. Virgilio Zapatero ha declarado incluso que le había dado “vergüenza” ver el estado en que se encuentran las criptas, donde las filtraciones de agua han sido constantes en todos estos años.

El ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, era muy consciente cuando encargó en mayo a esta comisión un plan para “convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria reconciliada” que estaba dejando el proyecto “en la mesa del próximo Gobierno”. “Le pido por favor al Gobierno de Rajoy que no meta este informe en un cajón”, ha declarado esta mañana en La Moncloa en la presentación del escrito. “Esto no es un acto anacrónico, o simbólico, o de sectarismo. Es una necesidad política, un acto de justicia con las víctimas”, ha explicado Jáuregui.

El proyecto que propone la comisión de expertos incluye un memorial con los nombres de todas las víctimas de la Guerra Civil allí enterradas –el Valle de los Caídos es la mayor fosa común del franquismo, con casi 34.000 cuerpos-, así como la dignificación del cementerio, la creación de un centro de meditación para las personas que no profesen la religión católica y un centro de interpretación que explique a los visitantes qué significó la Guerra Civil y la dictadura, quién, cómo y para qué se construyó el Valle de los Caídos. La estimación del coste total de todas estas acciones asciende a unos 13 millones de euros.

La comisión ha decidido que el Valle de los Caídos siga llamándose Valle de los Caídos, con el principio de “explicar y no destruir”, y convertir la actual Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (creada en 1957) en un Real Patronato. “Ello colocaría la institución bajo la estricta dependencia del Gobierno sin perjuicio de los oportunos convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas”.

Jáuregui se ha comprometido a enviar el informe, de 30 páginas, a todos los grupos parlamentarios. Es muy consciente, como todos los miembros de la comisión, de que dependerá del Gobierno de Mariano Rajoy que se lleve a cabo.

http://politica.elpais.com/politica/2011/11/29/actualidad/1322570589_366542.html