A Darío Rivas, Adriana Fernández, Inés García y Silvia Carretero les une un afán: dar voz a las víctimas del franquismo y acabar con la impunidad

 

A Darío Rivas, Adriana Fernández, Inés García y Silvia Carretero les une un afán: dar voz a las víctimas del franquismo y acabar con la impunidad. La querella que en abril de 2010 presentaron ante la juez argentina María Servini de Cubría está dando sus primeros frutos. Los cuatro han compartido con GARA las secuelas que el golpe de Estado de 1936 dejó en sus familias y ellos mismos.

Ainara LERTXUNDI I

El 13 de diciembre, la juez argentina María Servini de Cubría emitió un inesperado exhorto en el que pedía al Gobierno español información oficial hasta ahora no desvelada sobre los crímenes cometidos desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977 y sus responsables. En él solicita que se identifique «a los Consejos de Gobierno, a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes de la Falange Española»; que se aporte el número de «personas desaparecidas, identificándoselos en la medida de lo posible con sus nombres y apellidos, fecha y lugar de su desaparición» , así como el de «niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias adeptas a la dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados de aquellos»; que se localicen las fosas comunes que han sido halladas, con «señalamiento de los cuerpos que han sido identificados hasta la fecha»; y que se facilite la «lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. Dicha lista obra en el Archivo General de Cuentas del Estado español».

Darío Rivasn de Galicia a Argentina con nueve años

Darío Rivas es uno de los principales impulsores de esta querella. Su vida y la de su padre -Severino Rivas, alcalde socialista de Castro de Rei (Lugo) fusilado por falangistas el 29 de octubre de 1936 en Portomarín- dan para escribir un libro. De hecho, ya lo hizo en 2008 cuando publicó su autobiografía, que lleva por título su propio nombre.

Al morir su madre, una de sus hermanas, que ya residía en Buenos Aires, le pidió a su padre que enviara a Darío a estudiar a Argentina. Pero al llegar se encontró con una precaria situación económica en el país de acogida, por lo que el sueño de estudiar quedó relegado y «a los 15 años me puse a trabajar». Esa carencia, sin embargo, no impidió que, hace poco tiempo, presidiera el Decanato de Salamanca en calidad de invitado, lo que le llena de orgullo a sus casi 82 años.

El viaje a Argentina lo hizo solo con nueve años. En el puerto quedó su padre, al que no recuperaría hasta muchos años después, cuando en 2005, gracias a casualidades del destino, supo en qué fosa estaba enterrado y pudo recuperar parte de sus restos, cerrando así un círculo de silencio y dolor. «Fue un momento emocionante», recuerda. «Los curas lo tenían escondido detrás de una capilla fuera del cementerio, porque no permitieron que fuera enterrado dentro. Fue un hecho trascendente porque se trató del primer exhumado en Galicia. En Argentina se publicaron páginas enteras», añade.

Pero ni la repercusión mediática del caso hizo que las autoridades eclesiásticas le permitieran colocar una placa, ni tampoco una cruz, en dicha capilla, por lo que «decidí llevar los pocos huesos que pude encontrar al panteón, junto a mi madre».

Llegar hasta él no fue tarea fácil. Su lucha se remonta a 1952, si bien «mientras vivió Franco y vivieron mis hermanos, no pude saber dónde estaba enterrado. Ellos sí lo sabían, pero no me lo dijeron porque sabían perfectamente que yo iba a hacer todo lo posible por recuperarlo, lo que, posiblemente, les hubiera ocasionado la muerte y también a mí mismo si me agarraban en España».

El secreto quedó al descubierto por una mera coincidencia cuando Darío viajó a Galicia para asistir a un homenaje a su padre, cuyo nombre fue puesto a una calle. «Fui de casualidad a un bazar cerca de Lugo. La dueña me preguntó si era turista. Yo le dije que en parte sí. Después, me preguntó dónde había nacido. La señora parecía de la Policía con tanta pregunta. Le dije que era originario de Castro de Rey. Entonces ella me comentó que cuando era niña había ido junto a otros niños a curiosear a un paraje situado a unos tres kilómetros de su casa en el que habían matado a un señor muy elegante y muy conocido en la zona». Aquel «señor muy elegante» resultó ser su padre.

Darío aún tuvo que sortear un nuevo escollo. En un principio, se creyó que había sido enterrado en el pueblo de Portomarín, «inundado para construir el embalse de Belesar. El cementerio también fue cubierto por el agua». Afortunadamente, su padre no estaba en ese lugar, sino a tres kilómetros. «No soy muy católico, pero haberme encontrado con esa mujer a 12.000 kilómetros de donde vivo fue casi un milagro».

Según consta en los expedientes, Severino Rivas fue procesado por «traición a la patria». Con estos documentos en la mano, Darío exigió al Gobierno español «una reparación moral». «Conseguí el desagravio oficial y la colocación de una placa con su nombre por ser un hombre bueno, un socialista de corazón, no de libros. Porque los traidores a la patria fueron los franquistas, falangistas y toda su camarilla».

Su experiencia personal le ha llevado a ser un activo defensor de los derechos humanos, pero «sin ideas políticas ni intereses económicos, porque el libro que edité prácticamente se regaló y los beneficios de los ejemplares vendidos en España fueron para el Ayuntamiento de Castro de Rei». La querella presentada en Argentina es otro paso más en su lucha, una iniciativa con la que quiere reivindicar a «los 115.000 asesinados-desaparecidos y a los 30.000 niños robados». Con tono crítico, afirma que la sociedad se ha olvidado de ellos «por miedo, por comodidad, por no conocer la historia o por la ambición innata del ser humano».

Preguntado sobre cómo influirá el cambio de inquilino en la Moncloa en el curso de este proceso judicial, asegura que «para mí será peor, porque este Gobierno es más fascista que el anterior. El Gobierno socialista no supo tomar las medidas necesarias porque quería también los votos del enemigo». En su opinión, «para que en España haya un cambio rotundo se debe cambiar la Constitución, porque Franco sigue gobernando después de muerto. Como él mismo dijo, dejó todo bien atado: el modelo de gobierno que le satisfacía, las leyes que quería… No podemos seguir viviendo en una monarquía. Con el grave problema económico que está viviendo España, tiene un rey cuyo sueldo es tres veces superior al del presidente y un príncipe de Asturias con un sueldo mayor que el del presidente. Y la Casa Real tiene un gasto de nueve millones de euros anuales mientras que el pueblo tiene que restringirse hasta la comida por la crisis económica que va a tener que soportar. Y se ha hecho un gasto en obras faraónicas, que no correspondía».

Adriana Fernández un fusilamiento ocultado

El abuelo de Adriana Fernández, Antonio Fernández González El Cesterín, natural de San Esteban de Valdueza (Ponferrada), también fue fusilado por falangistas. A sus 24 años, dejó dos hijos huérfanos, Constantino y Antonio, que en 1952 emigraron a Argentina. El 9 de octubre de 2011 desandaron el camino para asistir a la exhumación del cadáver, enterrado en una fosa en Villanueva de Valdueza. Adriana acompañó a su padre y a su tío en tan importante momento.

«Jamás voy a olvidar lo que vivimos. A mi abuelo lo mataron el 9 de octubre de 1936 y lo sacamos de la fosa el 9 de octubre de 2001, 75 años después, y no faltaba un solo hueso… ¡Estaba el esqueleto entero! Lo que me angustió fue no poder ponerle un rostro a sus restos porque no existen fotos suyas, y para mí es muy duro. Para mi papá y mi tío fue muy emocionante ya que vieron a su padre por primera vez. Mi papá tenía un año y medio y mi tío dos meses cuando lo mataron. Fue importante el aporte de los vecinos que se acercaron al lugar para contar lo que recordaban o lo que sus mayores les habían contado. Se vivió como una catarsis colectiva y así el pasado volvió a ser presente en esos relatos llenos de angustia guardados por tantos años», remarca.

«Ninguna autoridad del Ayuntamiento o eclesiástica se presentó en la exhumación ni en la entrega de los restos de mi abuelo -prosigue-. Yo había pedido que alguien estuviera presente, pero no obtuve respuesta. Solo el cura de la iglesia de la Encina me dijo que no podía ir y que hiciera el entierro `en silencio’», critica.

Ese silencio también se impuso en la familia de Adriana. «En verdad desconocía las causas de la muerte de mi abuelo, ya que lo que le habían contado a mi padre tenía más que ver con un crimen común y no con un delito de lesa humanidad. En la medida en que me fui involucrando con las víctimas de la dictadura de mi país, comencé a preguntarme si mi abuelo no habría sido una víctima del franquismo, ya que me llamaba la atención la fecha de su muerte y el hecho de que estuviera enterrado en una fosa común en una zona del Bierzo. Fue así que contacté con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que me facilitó el certificado de mi abuelo, que decía que había muerto `en la lucha contra el marxismo’ ,y con organismos de derechos humanos de Argentina que me guiaron para poder sumarme a la querella presentada por Darío Rivas».

Conocer su propia historia fue para Adriana «cerrar un círculo pero, al mismo tiempo, encontrarme con mi propia historia, que creo que llevaba en los genes porque me sentí heredera de los ideales de mi abuelo. Mi familia materna siempre fue muy religiosa y conservadora y, si bien soy docente catequista y milito en un colectivo de Teología de la Liberación, nunca sentí que encajara con esa ideología. Aunque no pudimos establecer si mi abuelo era de UGT o tenía algún otro tipo de compromiso político, sí supimos que su asesinato se produjo por avisar al alcalde republicano de San Esteban de Valdueza, Nicasio Astorgano, de que escapara porque estaban tendiéndole una trampa para matarlo. Al otro día, el camión vino a por él».

Ni su padre ni su tío pensaron jamás que «encontrarían a su padre, y menos en esas condiciones. Mi papá me decía que nunca le contaron nada sobre el régimen de Franco. Para él, la muerte de su padre era una más».

«Personalmente, comencé a tomar conciencia de la dimensión de la represión franquista cuando empecé a investigar los crímenes de los religiosos latinoamericanos y eso me llevó a involucrarme con las víctimas de la dictadura. Luego hice un seminario sobre terrorismo de Estado y allí se habló del franquismo no como guerra civil, sino como un genocidio. A partir de allí comenzaron mis dudas sobre la muerte de mi abuelo. Sentí que tenía que hacer justicia por él y por todos los que murieron como él en cualquier parte del mundo».

«Aunque parezca difícil», se siente optimista acerca del futuro de la querella. «Un juez de mi país dice que la verdad es estática y la justicia dinámica. Llegué a la verdad, ahora voy por justicia. Si hace diez años alguien hubiera dicho que en Argentina iban a comenzar los juicios de lesa humanidad y a derogarse las leyes de impunidad nadie lo hubiera creído y hoy los juicios se realizan a lo largo y ancho del país. Creo que además de un gobierno también es la sociedad la que debe tomar conciencia y generar estos espacios de memoria, verdad y justicia y reparación para que no gane siempre la impunidad», resalta.

De lo vivido en Argentina destaca que «organizaciones como Madres, Abuelas, Hijos… lucharon y mantuvieron sus ideales en alto y eso repercutió mucho en el resto de las personas que fueron sumándose cada vez más al pedido colectivo de justicia y de castigo a los genocidas. El Gobierno español no asume el genocidio vivido con el régimen franquista. Se habla de `guerra’ cuando no hubo una simetría de fuerzas y todavía no hay comisiones por la verdad ni búsqueda de identidad de los bebés apropiados ni reconocimiento de culpables».

Adriana rechaza la teoría de que hablar del pasado es reabrir viejas heridas porque, sencillamente, «nunca se cerraron. Hace 75 años que están abiertas, como la fosa de mi abuelo. Viven hablando de las víctimas de ETA, pero ignoran las del franquismo, es una hipocresía total. Todos los muertos deben tener un lugar digno y no una cuneta algunos y el Monumento de los Caídos otros».

La familia García, marcada por la represión

Inés García busca justicia para sus tíos abuelos Elías y Luis García y su tío Vicente.

Luis García inició su andadura política en las filas del PSOE de Astorga. Con la llegada de la República fue concejal del Ayuntamiento en 1931. Además de defender postulados anticlericales, era miembro de la masonería. Tras participar en la Revolución de Asturias en 1934, fue detenido y trasladado a Hervás, donde se reincorporó a la vida política y sindical de la mano del PSOE y UGT. En 1936 hizo campaña a favor del Frente Popular. Después de su triunfo, fue nombrado administrador principal de Correos de la provincia de Cáceres, por lo que tuvo que dimitir de su cargo de teniente de alcalde de Hervás, cargo que ostentó entre el 1 de marzo y 8 de mayo de 1936.

Aunque el inicio del golpe de Estado lo cogió en Madrid, no dudó en subirse al último tren hacia Extremadura. Fue detenido por la Guardia Civil en Plasencia y trasladado a la cárcel de Hervás, aunque salió en libertad gracias a las gestiones de su esposa y de un familiar falangista. Pero los falangistas de Hervás no le perdonaban su compromiso político. Tras seguirlo hasta Valladolid, lo arrestaron de nuevo. El 21 de setiembre de 1936, con 40 años, fue sacado de la prisión de Hervás y fusilado en una cuneta. Se contaron 49 disparos en su cuerpo.

No suficiente con eso, le pasaron un carro de mulas por encima y durante días exhibieron su cadáver en plena calle, llevando a un grupo de escolares de la localidad a contemplar al «rojo de mierda», según se recoge en el libro «Represión, silencio y olvido. Memoria histórica de Hervás y el Alto Ambroz». En la década de los 50, sus familiares lograron llevar sus restos a Astorga.

Elías García también ejerció cargos públicos durante la República, llegando a ser alcalde de Lumbreras (León) y diputado de Salamanca. En 1937 fue fusilado bajo la acusación de «auxilio a la rebelión».

La represión contra la familia García alcanzó además al tío de Inés García, Vicente, y al padre de éste, también llamado Vicente, aunque de momento no consta en la querella porque «es muy difícil reunir pruebas» que acrediten que su muerte mientras efectuaba «incansables trámites» en la Dirección de Pesca de Madrid no se debió a un accidente, sino a una acción planificada.

Telegrafista y militante del Partido Comunista, fue detenido y encarcelado al finalizar la guerra por el delito de «auxilio a la rebelión», y castigado con una pena de «12 años y un día» en la prisión de Alcalá de Henares. Aunque logró la libertad condicional, fue desterrado a Donostia, donde se unió a las cooperativas de pescadores, defendiendo sus derechos. En uno de los viajes que periódicamente debía hacer a Madrid para que le sellaran la cartilla, «cayó» por las escaleras de un séptimo piso de la Dirección de Pesca.

Su hijo mayor, también llamado Vicente, estudió Medicina en la Universidad de Salamanca. Al estallar la guerra, se alistó en la Milicias Comuneras Antifascistas, adquiriendo el rango de teniente médico. De su desaparición nada se sabe. Hasta la fecha, no se ha podido acreditar si murió en el campo de batalla, fue detenido o fusilado.

«Tras la muerte de mi abuelo y su hijo, mi abuela Mauricia se exilió en Buenos Aires con mi papá y otras dos hijas. Jamás volvieron. Mi papá dice que no piensa regresar», resalta Inés García. Abogada de profesión, tiene muchas esperanzas en esta querella, convencida de que «en Argentina vamos a poder conseguir justicia». Su experiencia en materia de derechos humanos y los múltiples avances que en este sentido ha habido en Argentina «me han servido de mucho a la hora de elaborar la querella».

Califica de «desastre» la respuesta que el Gobierno español dio al primer requerimiento de la juez Servini de Cubría, en la que aseguraba que había investigado lo suficiente los crímenes del franquismo. Los querellantes rebatieron todos y cada uno de los argumentos de Madrid en un documento de 66 páginas que fue remitido a la magistrada y admitido por esta.

«Debería haber dicho la verdad, es decir, que no está investigando estos crímenes. ¡Si hasta el propio juez que lo intentó hacer [en alusión a Baltasar Garzón] va ser juzgado! Es una pena la actitud que ha tomado el Gobierno», exclama.

El siguiente paso, explica García, será el traslado de la magistrada argentina a Madrid para recabar más denuncias y querellas, tal y como se recoge en el último párrafo del exhorto emitido el 13 de diciembre. No duda de que con el PP en el poder será «más complicado» poder realizar estos trámites porque «es un partido de derechas con mucha gente que es franquista».

Frente a quienes se oponen a «abrir las heridas del pasado», coincide con Adriana Fernández en que «las heridas siguen abiertas. Pero un pueblo que no ha abordado su pasado, no puede seguir adelante. Por más que se quiera taparlo, el pasado siempre acaba saliendo a relucir. La vida misma nos lleva a ello».

Silvia Carretero, torturada y viuda de un fusilado del FRAP

Silvia Carretero, exmilitante del FRAP, tenía 21 años y estaba embarazada de dos meses cuando la Guardia Civil la detuvo en un camino de Extremadura. «Me limité a decirles que iba a Portugal. Pasé toda la noche encerrada en una celda del cuartelillo. A la mañana siguiente fui trasladada a la Comandancia Central de la Guardia Civil de Badajoz». De allí logró escaparse y subirse a un taxi; pidió que la llevase a Madrid. «Pero, a unos 50 kilómetros de Mérida, fui interceptada y me volvieron a llevar a la Comandancia, donde empezaron las torturas. Me amenazaron con una tijeras enormes, me cortaron mechones de pelo, me pusieron unos palillos en las dos manos cuyo fin es romperte los huesos de los dedos, me colocaron también las manos esposadas encima de una mesa y empezaron a golpearlas, y me pusieron una soga al cuello. Uno de los guardias civiles me dijo que sabía que estaba embarazada porque tenía `las tetas muy gordas’. En un momento, rompí a llorar y les dije mi nombre y que mi esposo había sido detenido», recuerda Carretero.

De Badajoz fue llevada a la Dirección General de Seguridad de Madrid, donde «se me presentó el comisario Conesa y Billy el niño, quien me decía que para ser del FRAP era bastante mona y que cuando pasaran unos años pensaría de manera distinta». Tras su detención fue encarcelada en Yeserías. El último día de su incomunicación, le ordenaron que se preparaba porque iba a prestar declaración en un juicio, «del que yo no tenía ni idea». Nunca llegó a la sala de audiencias, ni siquiera a salir del furgón de la Guardia Civil. Al regresar a la prisión, sus compañeras le preguntaron qué tal había ido el juicio de su esposo, Luis Sánchez Bravo. «Me quedé blanca, porque no sabía absolutamente nada». Carretero se enteró por la televisión de la confirmación de la sentencia a muerte contra su marido. El 27 de setiembre, la llevaron a la cárcel de Carabanchel para «despedirse» de su esposo, que en pocas horas sería fusilado junto a José Humberto Baena y Ramón García Sanz, ambos también militantes del FRAP, y Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi, de ETA.

«Fue un momento doloroso, pero echando la mirada atrás, estuve muy entera y valiente. Uno de los militares me `aconsejó’ que intentara convencer a mi marido de que se confesara antes de ser fusilado. Le dije que no creía en Dios y que no se iba a confesar. Me acuerdo también que cuando salía de la prisión, había mucha luz y gente en el patio, me paré en seco y puño en alto grité `¡Viva la República!’».

Carretero confía «muy poco» en la Justicia española en lo que respecta a la memoria histórica. Si bien siempre se ha querido mantener en un segundo plano, el expediente abierto contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la hizo plantarse y decir «hasta aquí hemos llegado», por lo que se sumó a la querella.

«Los juicios fueron ilegales, las pruebas aportadas no fueron verdaderas, no se escuchó el clamor popular internacional. En España siempre se utiliza la coletilla de que queremos `revancha’, cuando lo que pedimos es justicia y que se reconozca a estas personas como verdaderos luchadores por la democracia. Pido justicia; sin ella un país no puede ser verdaderamente libre y demócrata». Y que se ponga fin a «35 años o más de impunidad», subraya.

«De Madrid espero que no se nos vuelva a engañar»

MÁXIMO CASREX I Abogado Argentino

Máximo Castex es parte del equipo de abogados que coordina la tramitación de la querella. Él lo hace desde Argentina. En la entrevista concedida a GARA, muestra su deseo de que el nuevo Gobierno español colabore y «no vuelva a engañar» como hizo el anterior. A nivel personal, muestra su perplejidad por la «crueldad e impunidad» con la que se cometieron estos crímenes.

¿Qué supone el exhorto de la juez María Servini de Cubría?

Un gran avance en la investigación por las medidas de prueba ordenadas y una alegría inmensa para los querellantes, ya que se han ordenado medidas concretas tendentes a individualizar a los posibles autores de los crímenes sufridos por sus seres queridos. Por primera vez, Darío Rivas e Inés García Holgado podrán saber quiénes «pasearon» a su padre y a sus tíos abuelos. Silvia Carretero podrá ubicar a las personas que individualizó como quienes la torturaron y someterlas al proceso como imputadas, y saber también quiénes fusilaron a su marido. El querellante Crispulo Nieto Cicuendez podrá obtener información de los jueces que ordenaron y firmaron la sentencia de muerte de su padre y su tío, así como de quienes los fusilaron. Igual información podrá obtener Eugenio E. Gómez San Juan respecto del encarcelamiento y posterior muerte de su abuelo.

Creo y espero que esta resolución suponga una señal o llamado para que todos aquellos ciudadanos españoles que han sido víctimas o hayan tenido algún familiar que sufrió algún crimen aberrante por parte de la dictadura franquista se presenten como querellantes en nuestra causa.

¿Qué espera del nuevo Gobierno español?

Colaboración y que no se nos vuelva a engañar como hizo en el exhorto anterior, cuando el ex fiscal general de Estado Cándido Conde-Pumpido afirmó que los crímenes de la dictadura franquista ya estaban siendo juzgados en el Estado español.

¿Qué impacto ha tenido en Argentina esta querella teniendo en cuenta la proliferación de los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar?

Por un lado, si bien la noticia no ha repercutido con la misma intensidad en los distintos medios de comunicación argentinos, ha protagonizado la portada del diario «Página 12» con el título «En caída franca». Por otra parte, esta querella es otro claro ejemplo de la importancia que tiene para la República Argentina la investigación de los delitos de lesa humanidad y genocidio.

¿Qué le ha impactado más de esta querella?

Como ser humano lo que más me ha impactado es la crueldad y la impunidad con la que se cometieron los crímenes. Los ejemplos de las atrocidades son inagotables.

El factor tiempo juega en contra porque, en muchos casos, los responsables ya han muerto. ¿Es un obstáculo insalvable?

Obviamente el tiempo juega en contra, no solo porque los posibles responsables se van muriendo, sino que también mueren las víctimas y los testigos de estos crímenes. Sin embargo, el problema no es si los represores españoles están vivos o muertos, aunque muchos están vivos. No hay que olvidar que el espacio temporal de investigación en nuestra causa llega hasta el mes de junio de 1977 y una de las querellantes denunció tanto las torturas que sufrió ella misma como las torturas y el posterior fusilamiento de su marido cometidos en 1975. No olvidemos tampoco que aún hoy se está condenando a criminales nazis.

Servini de cubría, la primera juez en restituir a niños robados durante la dictadura

A nivel internacional, a la juez argentina María Servini de Cubría se la conoce principalmente por sus actuaciones contra represores y por ser la primera en restituir a niños robados a sus padres desaparecidos. Desde pequeña tuvo claro que quería ser abogada. «Nací con eso adentro», confesó en una entrevista al diario «Página 12». Su sueño se cumplió. Fue la primera mujer en ejercer en la justicia penal. Lo hizo como defensora. En 1975, un año antes de la dictadura, fue nombrada juez de menores, cargo que desempeñó durante nueve años. Su marido era brigadier. Preguntada sobre si tuvo problemas con la dictadura, afirmó que «ninguno. Te voy a explicar por qué: mi marido llegaba a casa y no me comentaba nada de su trabajo. Y yo llegaba a casa y tampoco comentaba nada del mío». En su opinión, se tramitaron «como era debido» los «habeas corpus» presentados por familiares de desaparecidos. «Y por eso, los dos primeros chicos restituidos fueron en mi juzgado, Elimiano Hueravillo en 1977 y Cecilia Méndez en 1976. Fui la única juez que atendió a las Abuelas de la Plaza de Mayo en plena dictadura y ellas mismas pueden decirlo. Era lo que correspondía que hiciera», remarcó. En su carrera también destaca la orden de arresto contra el almirante Emilio Massera después de que se le derogase el indulto, y recientemente impuso dieciocho años de prisión al policía y apropiador del legislador Juan Cabandié. Se trata de la pena más alta que hasta el momento se ha impuesto a un apropiador. A.L.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120122/317008/es/Vidas-cruzadas-contra-impunidad