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La justicia al revés

Semana.com, | 31 enero 2012

El proceso contra el juez Baltasar Garzón tiene más de retaliación del extremismo franquista, enquistado en el Partido Popular, que de defensa de la legalidad

 

Cualquiera pensaría que la figura del juez español Baltasar Garzón, quien ha recorrido el mundo en defensa de los derechos humanos, inspira el respeto reservado a los héroes. Esa percepción, sin embargo, no es compartida por el más alto tribunal español, que desarrolla contra él una persecución judicial que tiene en entredicho a la Administración de Justicia española e incluso al gobernante Partido Popular. A pesar de la admiración que inspira por sus luchas, Garzón también es profundamente odiado por un sector de los abogados y los jueces de su país y, en alguno de los tres juicios que ahora enfrenta, podría ser condenado a 20 años de inhabilidad, lo que daría fin a su carrera.

“La temeraria actuación contra Garzón por las fosas del franquismo daña la imagen de España”, aseguró el diario El País de Madrid, y Amnistía Internacional (AI) calificó de “escandalosos” estos procesos contra el juez. “Es la primera vez que se procesa a un juez por defender los derechos humanos y es la primera vez que en la Unión Europea a un juez se le lleva a juicio por perseguir crímenes de lesa humanidad”, añadieron portavoces de AI.

Garzón fue apartado de sus funciones de juez en 2010, cuando la Administración de Justicia aceptó tres denuncias en su contra: una por recibir pagos indirectos del Banco Santander por conferencias impartidas en Nueva York en 2005 y 2006; otra, por ordenar escuchas telefónicas contra una trama de corrupción que afecta a altos cargos del Partido Popular, y otra más por investigar los crímenes de la dictadura franquista. Sin embargo, estas denuncias no le importaron demasiado a la Corte Penal Internacional de La Haya, que lo nombró desde entonces como consejero especial del fiscal Luis Moreno Ocampo.

Y es que el prestigio nacional e internacional de Garzón es indudable. Se lo ha ganado a fuerza de abrir investigaciones controvertidas, pero también a su muy criticado afán de protagonismo, que lo ha tenido siempre en las portadas de los medios de comunicación, y que al parecer ha desatado la envidia y el odio de muchos de sus colegas españoles, que ahora lo han sentado en el banquillo.

El historial de éxitos de Garzón es extenso. Se atrevió a procesar al entorno de la banda terrorista ETA, cuando nadie lo había hecho hasta entonces, por lo cual recibió amenazas de muerte, y su acción fue decisiva en la lucha contra esa banda. También persiguió a los narcotraficantes de Galicia, las mafias más importantes del país, y extendió contra ellos redadas masivas. Aunque los conservadores lo tachan de “izquierdista”, abrió investigaciones para desmantelar la corrupción del alto gobierno socialista en los últimos tiempos del presidente Felipe González. Pero sus problemas comenzaron cuando decidió investigar la corrupción en el hoy gobernante Partido Popular, y más aún cuando se atrevió a revelar los crímenes y las desapariciones cometidas por la dictadura del general Francisco Franco, quien gobernó a España con mano de hierro entre 1936 y 1975.

Las heridas no cerradas del franquismo

En 1977, un año después de la muerte del dictador, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía que silenciaba el pasado como una fórmula para garantizar la transición de España a la democracia. Nadie se había atrevido a tocar esa ley, que suponía el perdón y olvido para los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). Pero en 2008 Garzón atacó esa ley, se declaró competente para investigar los crímenes franquistas, acusó al dictador y a 44 altos funcionarios de su régimen (todos ellos fallecidos) de crímenes de lesa humanidad y ordenó abrir 19 fosas comunes a lo largo y ancho del país, entre las cuales está una en donde se supone que se halla enterrado el poeta Federico García Lorca.

Según las investigaciones judiciales, durante la era de Franco desaparecieron más de 114.000 personas que fueron asesinadas por el régimen y sepultadas en fosas comunes por toda la nación. “Pero en cuanto Garzón tocó a Franco, los conservadores más recalcitrantes se levantaron contra él y ahora lo someten a escarnio con estos juicios vergonzosos, cuando en realidad lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral y el derecho a la memoria colectiva por las atrocidades demostradas del régimen franquista”, dijo a SEMANA Manuel Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Para muchos analistas, lo más sospechoso es cómo y quiénes iniciaron este juicio contra Garzón. El acusador es el autodenominado sindicato Manos Limpias (que no tiene ni un solo trabajador afiliado), que contó con una sospechosa colaboración del magistrado Luciano Varela. El primer documento acusatorio contra Garzón fue rechazado por Varela por sus vicios de forma y fondo, pero, según la defensa, este magistrado “instruyó” a Manos Limpias para presentarlo correctamente y llegó incluso a suministrarles un documento oficial suyo para que “copiaran párrafos completos y ni siquiera se tomaron la molestia de corregir las erratas”.

Por esta y otras razones, el fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, han exigido la nulidad del proceso, por considerar “insólita e insostenible” la colaboración del magistrado Varela con los acusadores. Pero esta demanda aún no se ha resuelto.

Juez y parte

El magistrado Varela ha hecho pública su animadversión por Garzón, así como muchos otros magistrados, pero eso no ha alterado el curso de los procesos. Otro magistrado sospechoso de ser juez y parte es Francisco Monterde, muy cercano al Opus Dei y quien juzga a Garzón por el caso Gürtel, una trama de corrupción dentro del conservador Partido Popular. Uno de sus hijos, Francisco Monterde Cones, es un alto cargo del gobierno de la Comunidad Valenciana y fue nombrado por el expresidente de esta Comunidad, Francisco Camps, quien fue a juicio por corrupción. Si bien la investigación demostró que una red de empresarios corruptos pagaba cuentas y regalaba trajes a líderes del Partido Popular a cambio de contratos públicos, Camps fue declarado la semana pasada “no culpable” por un jurado popular con un sorprendente veredicto de cinco votos a favor y cuatro en contra.

“Al parecer Garzón le ha robado protagonismo a otros jueces al investigar casos importantes dentro y fuera del país y estos no se lo perdonan, pero en el fondo subyace contra él un afán de revancha de sectores pro-franquistas, que acumularon poder en tiempos de Franco y lo siguen manteniendo. Por esa sed de venganza, y tomando en cuenta que la mayoría de jueces y magistrados de la Administración de Justicia española son de derecha, es posible que logren acabar con la carrera de Garzón”, aseguró a SEMANA el analista político de la Universidad Complutense, Joan Ripoll.

Garzón es candidato al Premio Nobel de la Paz por su persecución de los crímenes del régimen militar en Argentina (1976-1983), porque aprovechó el cambio del código penal de su país que le permitió a partir de 1985 actuar fuera de España en casos de abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, esta vía legal para la justicia universal, que permitió perseguir a Pinochet y a varios dictadores, fue limitada por el Parlamento español en 2009, como consecuencia de las presiones de Estados Unidos, Israel y China.

Calificado por sus críticos como “ególatra” y por otros como “paladín de las causas perdidas”, Garzón no tiene una instancia superior en España a la cual acudir si es condenado en cualquiera de los tres casos, lo que para los analistas es lo que ocurrirá. Y quienes conocen a Garzón aseguran que, si esto se produce, él no se quedará callado, sino que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (el Tribunal de Estrasburgo) para resarcirse y limpiar su nombre. Lo que deja claro este acoso a Garzón son los intereses personales y políticos que se cuecen dentro de la Administración de Justicia, el poder que todavía detentan los sectores franquistas (no hay que olvidar que el hoy gobernante Partido Popular fue creado por ministros del régimen de Franco), y el hecho de que España, 35 años después de la muerte del dictador, todavía no se atreve a enfrentar la terrible oscuridad de su pasado fascista.

http://m.semana.com/mundo/justicia-reves/171171-3.aspx