La mitad de las fosas del auto de Garzón, ‘abiertas por los familiares
Ningún juez se ha pronunciado sobre las 23 causas tras la inhibición del magistrado
Alicia Torres / León
El juez Baltasar Garzón se sienta hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo (TS) después de que en 2008 se declarara competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo; en mayo de 2009, el TS imputó al magistrado por un delito de prevaricación por su actuación en el proceso después de la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias.
De las 63 fosas de la Guerra Civil recogidas en el auto inicial de Garzón, la mayoría de estos enterramientos comunes (23) se encuentran en la provincia de León. Según confirmó ayer el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Marco González, once de estas 23 fosas de León se han abierto por iniciativa privada de los propios familiares de las víctimas que se han puesto en contacto con la asociación y al margen de una decisión judicial.
Las otras doce causas siguen pendientes de exhumación (tal y como se detalla en el gráfico adjunto), si bien González denuncia que ningún juzgado de la provincia se ha pronunciado tras la inhibición del juez Garzón a favor de los juzgados locales en noviembre de 2008; el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada archivó las 12 causas de este partido judicial desde el primer momento al considerar que los delitos habían prescrito sin que se registraran recursos, mientras que ni en León ni en Astorga se ha conocido ninguna medida judicial al respecto, indican desde el colectivo.
González asegura que “ni a priori ni a posteriori del trabajo de la ARMH” la Justicia se pronuncia sobre los restos que se encuentran en estas fosas; así, el procedimiento habitual pasa por abrir uno de estos enterramientos con la autorización de algún familiar, presentar una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil y de ahí se da traslado al juzgado correspondiente que “siempre” responde que “el caso ha sido sobreseído en base a la Ley de Amnistía de 1977”, explica el responsable de la ARMH.
Insiste en que uno de los escollos más habituales es que se desconoce quién es la autoridad competente lo que les hace enfrentarse a problemas como, por ejemplo, la negativa del propietario de una finca que no permite que se inicien trabajos de exhumación en Magaz de Abajo.
Hasta la fecha, el número de cuerpos exhumados por la ARMH en la provincia de León, desde su fundación hace doce años, se eleva a 155 paseados y han trabajado en 44 enterramientos comunes repartidos por la geografía leonesa donde se estima puede haber 3.000 cadáveres a la espera de ser identificados.
