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Víctimas de dictaduras y regímenes de todo el mundo buscan justicia y reparación

20 Minutos, 28-01-2012 | 31 enero 2012

El Tribunal Supremo retoma este martes el juicio a Baltasar Garzón

 

El Tribunal Supremo retoma este martes el juicio a Baltasar Garzón por declararse competente para investigar en España los crímenes del franquismo.

Países como España, Argentina o Chile tuvieron transiciones democráticas tras sufrir regímenes dictatoriales en los que hubo violaciones de derechos humanos.

Los familiares de desaparecidos buscan a los muertos en fosas comunes y por la vía judicial; los Estados crean comisiones de la verdad y leyes de reparación.

Miles de víctimas de los crímenes y la represión de dictaduras militares y de otro tipo de regímenes persiguen a día de hoy justicia en todo el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 2005 unos principios sobre su derecho a reclamar y obtener reparación, tal y como están haciendo familiares de muertos y desaparecidos en países como España, Argentina o Camboya.

Esta semana, en nuestro país, el Tribunal Supremo retoma el juicio a Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo; al mismo tiempo, se lleva a cabo la exhumación de una fosa común de los restos de las conocidas como 17 rosas de Guillena (Sevilla), mujeres fusiladas en la localidad de Gerena hace poco más de 74 años por ser familiares de milicianos republicanos.

Las fosas comunes son una constante en estos casos. En 1980 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció un Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; en 2011, 26 países habían ratificado la Convención internacional y 88 la habían firmado. Desde su creación, en total, el grupo ha reportado 53.337 casos de desapariciones; 42.633 relacionados con 83 Estados siguen abiertos y sin resolver.

Este organismo “recuerda” que la desaparición forzada “es un delito permanente” mientras no se conozca el paradero de las víctimas, que están amparadas también por otros tratados o convenios internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención contra la Tortura o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

Los distintos países intentan olvidar su pasado atroz y pasar página mediante la justicia transicional, es decir, acciones penales, comisiones de la verdad, reparación y reformas en instituciones.

Estos son algunos de los ejemplos más significativos -cada uno con sus circunstancias-, incluido el de España, en los que víctimas de delitos de lesa humanidad continúan su lucha en plena democracia:

 

ESPAÑA

La dictadura de Francisco Franco duró cuatro décadas, desde 1939 a 1975. En 1977, en plena Transición, se aprobó una Ley de Amnistía, aún vigente, cuyo primer artículo incluye dentro de dicha amnistía “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”.

Tres décadas después, tras las denuncias presentadas por una veintena de asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y algunos particulares, el juez Baltasar Garzón se declaró en 2008 competente para investigar los crímenes cometidos en aquella época que no habían sido investigados penalmente en España hasta la fecha. Argumentó que eran crímenes contra la humanidad y apeló a la legislación internacional.

El juez hablaba en su auto de un “plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales)”. Las desapariciones, señaló entonces, fueron sistemáticas.

Garzón ordenó certificar la muerte de varios dirigentes del régimen, incluido el general FrancoGarzón ordenó certificar la muerte de 35 dirigentes del régimen, incluida la del general Franco, exhumar restos de 19 fosas y cifró en 114.266 el número total de desaparecidos entre el 17 de Julio de 1936 y diciembre de 1951. Posteriormente, recibió un listado con más de 130.000 nombres y cifró en 30.000 el número de niños robados durante la dictadura. En octubre de 2007 el Congreso aprobó la Ley de Memoria Histórica.

Entre otras cosas, el texto declara ilegítimos los juicios franquistas, garantiza el acceso a los archivos públicos, mejora las indemnizaciones y pensiones para las víctimas, crea un protocolo para las exhumaciones y establece la elaboración de un mapa de fosas comunes que, a día hoy, contabiliza 2.560 restos totalmente exhumados. La ley fue cuestionada por asociaciones y algunos partidos.

En abril de 2010, un mes antes de que el Consejo General del Poder Judicial suspendiera al juez Garzón -que está siendo juzgado ahora en el Tribunal Supremo- por investigar los crímenes del franquismo, se recibió la primera denuncia de familiares de víctimas de la dictadura en Argentina, que se amparaba en la justicia universal.

Menos de un mes antes de que muriera Manuel Fraga, en diciembre de 2011, la jueza argentina María Servini solicitó información sobre los ministros de la dictadura.

ARGENTINA

Durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 se cometieron delitos de lesa humanidad, según han determinado después varios procesos, que no fueron declarados imprescriptibles por la Corte Suprema hasta 2004. Las leyes del perdón -Punto Final y Obediencia Debida- habían impedido durante los primeros años de democracia que la justicia actuara con todas las consecuencias contra los autores de los crímenes.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que creó en 1983 el presidente Raúl Alfonsín, estableció en 8.960 el número de desaparecidos forzosos en el Informe Sábato y propició los primeros juicios contra las Juntas Militares, incluido el primero al comandante Jorge Videla, que después ha sido procesado en más ocasiones.

Solo para 2012 hay previstos en el país once juicios orales por delitos de lesa humanidadLa ONU ha declarado 3.288 casos no resueltos desde 1980, según el informe 2010 del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas. No obstante, organizaciones y asociaciones de derechos humanos aumentan a 30.000 la cifra de desaparecidos en más de 600 centros de detención clandestinos. La última fosa común fue hallada en diciembre de 2011, en Tucumán, con los restos de al menos 15 personas.

Solo para 2012 hay previstos en el país once juicios orales por delitos de lesa humanidad, según datos del Centro de Información Judicial argentino. Por otro lado, se ha reanudado la causa por el robo sistemático de bebés. En 2011, se dictaron 84 condenas por delitos cometidos durante la dictadura, lo que elevó el total de condenados a 269, mientras aún hay 843 bajo proceso judicial.

Algunos de los procesos de los últimos años han tenido lugar en España -Adolfo Scilingo, condenado en 2005 por la Audiencia Nacional-, Italia, Alemania y Francia. Asociaciones como la de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo han sido fundamentales en la preservación de la memoria histórica. El Gobierno argentino, por su parte, aprobó leyes de reparación y creó un Archivo Nacional de la Memoria, entre otras cosas.

CHILE

En 1973, tras un golpe de Estado, se instauró un régimen militar, con el comandante Augusto Pinochet al frente, que duró hasta 1990. Durante todo ese tiempo y según un informe oficial de 2011, la cifra total de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, víctimas de violencia política, torturados y presos políticos asciende a más de 40.000. Depués llegó la transición democrática.

Desde que se pusiera en marcha la Comisión Rettig en 1990, hasta cuatro comisiones y una Mesa de Diálogo de Derechos Humanos han investigado y trabajado por el reconocimiento de las víctimas. La última comisión recibió 622 solicitudes de calificación sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y 31.831 solicitudes de calificación sobre víctimas de prisión política y tortura.

Naciones Unidas, por su parte, maneja el dato de 806 casos de desapariciones forzadas sin resolver.

La última condena ha sido en enero de 2012: un juez chileno dictó prisión para cinco exagentes del régimen por secuestroEn 1998, el juez Baltasar Garzón unificó en una causa las investigaciones que llevaba a cabo en España sobre desparecidos en Argentina y Chile y logró la detención de Pinochet en Londres por cargos de genocidio, terrorismo y tortura. Desde ese momento, el dictador acumuló más de 300 querellas y fue desaforado 14 veces. El Reino Unido denegó su extradición en 2000.

Pinochet falleció en 2006 mientras era procesado por la Caravana de la Muerte, la Operación Colombo y el caso Riggs. Posteriormente, se han celebrado procesos contra decenas represores de la dictadura por casos concretos. La última condena ha sido en enero de 2012: un juez chileno dictó prisión para cinco exagentes del régimen por el secuestro, en 1976, de tres opositores en Colonia Dignidad.

La Corte Suprema de Chile se ha impuesto un plazo máximo de dos años -hasta 2014- para cerrar todas las causas de violaciones a los derechos humanos que están pendientes, con la consiguiente protesta de las víctimas. Las investigaciones del caso Caravana de la Muerte y las operaciones Cóndor y Colombo siguen en curso, así como las de la muerte del cantautor Víctor Jara y otras.

Según fuentes judiciales, en los últimos años se han recibido cerca de 700 procesos relacionados con delitos de tortura, todos ocurridos bajo la dictadura. Por su parte, el Gobierno de Sebastián Piñera anunció su intención de cambiar en los libros de texto de enseñanza básica el término “dictadura” por el de “régimen militar” para referirse a la etapa entre 1973 y 1990. La decisión se rectificó hace pocos días.

El Gobierno de Chile ha impulsado leyes de reparación y beneficios -entre 1996 y 2008 destinó más de 1.600 millones de dólares a conceder pensiones, según el International Center for Transitional Justice (ICTJ)- y la creación, entre otras cosas, de un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Aunque las sentencias de los jueces no aplican la Ley de Amnistía de 1978, esta sigue vigente: el Comité Contra la Tortura de la ONU recomendó su derogación en 2010.

URUGUAY

Entre 1973 y 1985 hubo una dictadura militar. Hasta octubre de 2011 la Cámara de Representantes uruguaya no declaró imprescriptibles los delitos cometidos durante ese período: aprobó un proyecto de ley para dejar sin efecto la ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y que impedía juzgar las violaciones de los derechos humanos y obligaba a aprobar expresamente cada investigación judicial.

La ley, que había sido dos veces ratificada en referéndum popular, en 1989 y 2009, fue declarada inconstitucional en 2010 por la Corte Suprema. Por otra parte, la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los últimos años ha sido clave para que el próximo mes de marzo el Gobierno vaya a pedir perdón a las víctimas, detenidos y desaparecidos, en un acto público.

En 2003, la Comisión para la Paz elaboró un informe con datos sobre el destino de 38 desaparecidos en Uruguay -32 uruguayos y 6 argentinos- y 182 en Argentina. Constató, asimismo, casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones. Naciones Unidas, por su parte, maneja 20 casos de desaparecidos; el Gobierno uruguayo habla de 175 detenidos desaparecidos, sin ser una cifra definitiva.

El Gobierno uruguayo decidió en 2011 prorrogar durante un año la búsqueda de desaparecidos como consecuencia del Plan Cóndor, la cifra que aportan distintos organismos de derechos humanos es de 200 uruguayos detenidos desaparecidos. Tras encontrar en octubre de 2011 los restos del maestro y periodista Julio Castro, desaparecido en 1977 y asesinado por un disparo en la cabeza, el Gobierno decidió prorrogar durante un año la búsqueda de desaparecidos iniciada en 2005.

Los tribunales han procesado a más de 20 militares, entre los que se encuentran el ex dictador Juan María Bordaberry -ya fallecido- y el comandante del Ejército Gregorio Álvarez. Hace casi un año, la Corte Interamericana condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García de Gelman, cuya hija -nieta del poeta argentino Juan Gelman-, cobrará una indemnización de 513.000 dólares.

BOSNIA

El conflicto de los Balcanes, entre 1991 y 2001, albergó todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Según Naciones Unidas, en Bosnia Herzegovina más 100.000 personas fueron asesinadas, hubo más de dos millones de desplazados y decenas de miles desaparecieron, entre 28.000 y 30.000, de los que un tercio continúan en paradero desconocido, según el Grupo sobre Desapariciones Forzadas.

La Guerra de Bosnia tuvo lugar entre 1992 y 1995: los hechos ocurridos en julio de ese último año en Srebrenica han sido descritos como la mayor atrocidad perpetrada en Europa desde la segunda Guerra Mundial.

La ONU recomienda que se tipifique en la legislación penal la desaparición forzosa o involuntariaLa Ley sobre Personas Desaparecidas de Bosnia, que entró en vigor en 2004, prevé compensaciones a las víctimas, aunque Naciones Unidas destaca en sus informes la dificultad de aplicarla, así como de resolver los casos pendientes, sobre todo a nivel local. Además, recomienda que se tipifique en la legislación penal la desaparición forzosa o involuntaria como delito con entidad propia.

El Instituto de Personas Desaparecidas, creado en 2005, recibió el encargo de buscar y localizar a los desaparecidos, exhumar restos e identificarlos y custodiarlos hasta que fueran entregados a las familias de las víctimas. Muchos de los autores de los crímenes se encargaron de ocultar pruebas y borrar rastros, según la ONU, por lo que la investigación no ha sido fácil durante estos años.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), de Naciones Unidas, se encarga de juzgar desde 1993 muchos de esos crímenes cometidos en Bosnia, Croacia, Serbia, Kosovo y Macedonia, “sentando precedentes” sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Ahora mismo hay siete procesos abiertos, incluido el de Radovan Karadžic, que terminará en 2014. El tribunal, con sede en La Haya (Países Bajos), ha acusado a más de 160 personas y condenado a más de 60. Naciones Unidas pide “más atención” para las víctimas.

CAMBOYA

Dos millones de personas murieron bajo el régimen del Jemer Rojo, que gobernó el país entre 1975 y 1979, por torturas, hambre, ejecuciones, trabajos forzosos, etc. El principal responsable fue Pol Pot, que murió en 1998. En 2001, el Centro de Documentación de Camboya había localizado unas 20.000 fosas comunes. En todo el país había, además, 343 ‘campos de la muerte’ y 167 prisiones.

Hasta 2011 se habían localizado en todo el país unas 20.000 fosas comunes En 1993 se creó un tribunal internacional, con salas especiales de Naciones Unidas, en el que cerca 4.000 víctimas y familiares están representadas. Su participación en los juicios, incluso como “parte civil”, está prevista por los estatutos del tribunal, denominado con las siglas ECCC (Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya).

El tribunal, que verá cuatro casos en total, emitió en 2010 su primera condena: 35 años de cárcel para Kaing Guek Eav, Duch, quien dirigió el centro de detención y torturas del S-21. Actualmente, está en proceso el caso número 2 contra de los tres exlíderes del régimen que quedan vivos: el ideólogo Nuon Chea, el exjefe de Estado Khieu Samphan y el exministro de Exteriores, Ieng Sary.

El tribunal decidió dividir las causas en “minijuicios”; muchos de los acusados y de las víctimas tienen una edad avanzada y existe una preocupación porque puedan morir antes de que haya más condenas en firme. Los retrasos y problemas en los procesos -dimisiones de jueces incluidas- y las reparaciones simbólicas y colectivas, en vez de individuales, han suscitado muchas críticas.

 

OTROS PAÍSES

BRASIL

El Congreso de Brasil aprobó por unanimidad en septiembre de 2011 un proyecto de ley para investigar “las graves violaciones de los derechos humanos” cometidas durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985, a través de una Comisión de la Verdad. La Ley de Amnistía de 1979 había impedido hasta ahora investigar los crímenes y procesar a sus autores. Unos 500 brasileños fueron asesinados, miles se enfrentaron a torturas -incluida la presidenta Dilma Rousseff- o al exilio y más de un centenar continúan desaparecidos.

PERÚ

La Comisión de la Verdad y Reconciliación determinó que el conflicto armado entre las fuerzas del Estado y el grupo Sendero Luminoso dejó más de 69.000 víctimas entre 1980 y 2000. Hubo casos de muerte, tortura, violaciones sexuales, secuestros, desplazamientos forzosos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, entre otros. En 2009, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos.

SUDÁFRICA

El balance del Apartheid, que imperó en el país desde finales de los años 40 hasta 1991, fue un rosario de violaciones de los derechos humanos. En 1995, cuando gobernaba Nelson Mandela, el parlamento sudafricano creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que entregó su informe tres años después con los testimonios de 22.000 víctimas y testigos; analizó 500 casos de desapariciones y funcionó a través de tres comités: Violación de los Derechos Humanos, Reparación y Rehabilitación -que incluye indemnizaciones- y Aministía. Se realizó una transición pactada. La ONU se pronunció varias veces contra el Apartheid, que el Estatuto de Roma considera un crimen contra la humanidad. La Fiscalía Nacional comenzó en 2005 la exhumación de cadáveres por todo el país.

En Guatemala, Colombia, Ruanda, Congo, El Salvador, Marruecos, Liberia y otros muchos países las víctimas siguen reclamando justicia y reparación y los Estados han establecido, a lo largo de los años, comisiones de la verdad y otros organismos.

http://www.20minutos.es/noticia/1288890/0/victimas/dictaduras/fosas/