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El TS admite que las leyes no han conseguido la “reconciliación” perseguida

lainformacion.com, 27-02-2012 | 28 febrero 2012

No han satisfecho las demandas de las víctimas para la localización de sus familiares asesinados ni han procurado la “efectiva reconciliación”

 

Madrid, 27 feb.- El Tribunal Supremo afirma en la sentencia en la que absuelve a Garzón de prevaricación por querer investigar el franquismo que las distintas leyes aprobadas en democracia no han satisfecho las demandas de las víctimas para la localización de sus familiares asesinados ni han procurado la “efectiva reconciliación”.

Esas leyes, incluida la de Memoria Histórica, “han reparado, en gran medida, las consecuencias de la guerra y posguerra, pero no han concluido las actuaciones concretas en orden a la localización y recuperación de los cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación que la Ley de Amnistía persiguió”, admite el alto tribunal.

La sentencia se refiere a lo ocurrido en uno y otro bando durante la Guerra Civil y luego en los primeros años del franquismo como hechos “vergonzosos para la condición humana”, dice que hubo “episodios de gran violencia, motivados, en ocasiones, por un revanchismo fratricida” y habla de “situación de barbarie”.

“Muchas de las personas fueron fusiladas sin juicio, a lo que se añadió la ocultación del fallecido a su familia y su lugar de enterramiento”, dice el Supremo, que señala que los testimonios oídos durante el juicio revelaron el silencio al que se vieron obligados los familiares de las víctimas, “la vergüenza padecida y lo horrible de la comparación entre la suerte” de unos y de otros.

Sin embargo, el tribunal afirma en varias ocasiones que la pretensión de las víctimas del franquismo, “legítima en su planteamiento de demanda de tutela”, no podía ser atendida por Garzón, pues la Justicia no puede indagar sobre unos hechos “respecto a los que se sabe que no es posible que concluya con la declaración de culpabilidad de una persona”.

“La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria. Corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores. Pero no corresponde al juez de instrucción”, concluye el Supremo.

Tras exponer las razones por las que los crímenes del franquismo no son perseguibles penalmente -extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento de sus autores, prescripción de los hechos, inaplicabilidad de las leyes sobre crímenes contra la humanidad-, el tribunal admite que, en 1977, en España se optó por un proceso de “impunidad absoluta con indemnización a las víctimas”.

En este contexto enmarca la Ley de Amnistía, de la que dice que “fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas”, fruto de la reivindicación de las fuerzas políticas “ideológicamente contrarias al franquismo” y que “tuvo un evidente sentido de reconciliación, pues la denominada ‘transición’ española exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo”.

“En consecuencia, en ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores (…) para encubrir sus propios crímenes”, añade el alto tribunal, que concluye que “precisamente porque la ‘transición’ fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso”.

También el magistrado José Manuel Maza, que ha sostenido en un voto particular que Garzón cometió prevaricación, afirma en su escrito que localizar los lugares en los que estaban enterradas las víctimas del franquismo es una tarea de las Administraciones, “que pueden, y deben, facilitar” a los familiares los medios para encontrar y recuperar los restos.

El magistrado disiente de la conclusión alcanzada por sus compañeros en el sentido de que la intención de Garzón, satisfacer a los perjudicados, contribuye a justificar que erró al aplicar la norma, pero que no prevaricó.

Al discrepante le “preocupa seriamente” que con esta afirmación “se pueda estar dando pie a que alguien, en situación semejante, presuma que se encuentra habilitado para aplicar el célebre principio de que el fin justifica los medios”.

Maza dice, además, que ni siquiera esta finalidad era realizable por la vía del procedimiento penal y que Garzón debía saberlo, lo que convirtió su actuación “en un verdadero simulacro de instrucción penal” que llevaría además a los denunciantes “a una frustración más en tan meritoria búsqueda” de los restos de sus fallecidos, añadiendo sobre ellos un “nuevo y reiterado efecto victimizador”.

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