María Martín, testigo del juicio: «Ninguna Administración ha hecho nada por encontrar a mi madre»
Familiares de represaliados por el Franquismo relatan ante el Supremo las dificultades en la búsqueda de víctimas
@DiarioSIGLOXXI ,Miércoles, 1 de febrero de 2012,
MADRID, 1 (OTR/PRESS)
Enlutada, con el pelo cano y tardando varios minutos en acceder a la Sala debido a que tenía que caminar muy despacio y ayudada por un andador. Así compareció María Martín López, de 81 años, como testigo en el juicio contra Baltasar Garzón en el que se le acusa de investigar la represión franquista careciendo de competencias.
También comparecieron en la sesión María del Pino Sosa, de 75 años, y el historiador Ángel Rodríguez Gallardo. Los tres han sido los primeros testigos en declarar en la vista en la que el juez suspendido de la Audiencia Nacional se enfrenta a una pena de hasta 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que solicita para él el sindicato Manos Limpias. La Fiscalía por su parte, no acusa en este procedimiento.
Con un hilo de voz casi imperceptible, María Martín abrió el turno de declaraciones alegando saber ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Garzón dónde se encuentra enterrada su madre, asesinada el 21 de septiembre de 1936, cuando la testigo contaba con apenas 6 años de edad. «Pegada al puente, en un ensanche donde luego han echado tres metros de tierra por encima», precisó.
Ya que ninguna Administración había hecho «nada» por ayudarle a encontrar a su madre ni al resto de asesinados de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), Martín interpuso la denuncia en la Audiencia Nacional.
En su declaración, María del Pino Sosa explicó al tribunal que no supo nada de su padre desde que «se lo llevaron» y que su madre nunca quiso aceptar la declaración de fallecimiento. «Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba» señaló, para añadir que a otros como su padre «se los llevaron de casa, los apalearon, los tuvieron presos, se llevaron el pan y la sal de nuestras casas».
Sosa ha ratificado ante el tribunal que la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (Gran Canaria), que ella representa, presentó denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 por más de 500 desapariciones de dicha índole.
Las quejas por parte de Manos Limpias no se hicieron esperar y antes de la declaración de Sosa, el representante legal de la organización pidió la palabra para quejarse por la presencia de estos testigos dado el objeto del procedimiento de la Sala, que es la presunta prevaricación cometida por Garzón. La contestación de Carlos Granados, presidente del tribunal, fue rotunda: «Es el presidente el que determina las pruebas que son pertinentes».
UN HISTORIADOR DEFIENDE LA INVESTIGACIÓN DEL «GENOCIDIO»
Tras la declaración de Sosa, la vista se interrumpió hasta las 12,30 horas, cuando se reanudó con el testimonio del tercer testigo previsto para el día, el historiador y representante de la Asociación por la Memoria Histórica de Pontearas (Pontevedra) Ángel Rodríguez Gallardo, para quien sin investigación judicial es «imposible» conocer el «genocidio» cometido.
Como reconoció Rodríguez Gallardo ante las preguntas del abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, su investigación iba dirigida a «conocer exactamente cómo se habían producido las muertes y dónde estaban esas personas», que habían sido encarceladas, torturadas y en un «volumen muy significativo» seguían desaparecidas.
«Presentamos denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 para intentar saber cómo se había producido el proceso final, al que nosotros no podíamos llegar» subrayó el historiador con respecto a la labor que está haciendo la Asociación que representa en la comarca gallega donde centra sus investigaciones.
Defendiendo su tesis histórica, Rodríguez Gallardo, aseguró por «datos históricos» poder afirmar que no han existido actuaciones judiciales anteriores a Garzón que hayan investigado sobre este asunto, ya que si bien en 1978 se creó un «tribunal de la verdad» y se intentaron abrir algunas fosas, «todo ello quedó paralizado con el golpe de Estado del 23-F» y posteriormente, el Gobierno socialista de 1982, «decidió apartarse de este proceso».
La vista continuará con los testimonios de otros tres representantes de asociaciones de la Memoria Histórica.
