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Un historiador: sin investigación judicial, imposible conocer el “genocidio”

Europa Press, 01-02-2012 | 2 febrero 2012

Ángel Rodríguez Gallardo ha testificado en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón

 

 

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) –

El historiador Ángel Rodríguez Gallardo, que ha testificado en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por investigar el franquismo careciendo de competencias, ha manifestado que debido a la falta de colaboración de las instituciones era “imposible” saber qué pasó con las víctimas de la represión tras la Guerra Civil al margen de una investigación judicial.

Rodríguez Gallardo ha comparecido como testigo de la defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional en representación de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra). Ha señalado que según sus investigaciones ha podido determinar que a partir de 1936 en la citada comarca, y por extensión en todo el terrotorio nacional, se llegó a cometer un “genocidio” en cumplimiento de un “plan sistemático para eliminar a los responsables del gobierno legítimo de la República”.

Según ha manifestado el testigo a preguntas del abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, su investigación iba dirigida a “conocer  exactamente cómo se habían producido las muertes y donde estaban esas personas”, que habían sido encarceladas, torturadas y en un “volumen muy significativo” continuaban desaparecidas.

“Presentamos denuncia en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 para intentar saber cómo se había producido el proceso final, al que nosotros no podíamos llegar”, ha manifestado el historiador.

Igualmente, a preguntas del abogado de Manos Limpias, Jorge Maria Ruiz, el testigo ha reconocido que su asociación presentó otra denuncia en Porriño (Pontevedra) por una fosa existente en la zona. La juez de este municipio se consideró no competente y derivó el asunto a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que les contestó que estaba pendiente de lo que ocurriera en el Juzgado de Garzón.

IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS

Rodríguez Gallardo ha indicado también que los historiadores podrían determinar cómo se produjo dicho “plan sistemático de eliminación” si pudieran acceder a los archivos penitenciarios, de la Policía y de la Guardia Civil.

“Pero todavía las instituciones del Estado no se han concienciado que deben entregar a la población civil, a los historiadores, el acceso a estos archivos para documentar el proceso represivo”, ha añadido el testigo para justificar que, por ello, investigar lo ocurrido al margen de un procedimiento judicial es “imposible”.

” Lo que buscábamos era encontrar a partir de una investigación juicial una reproducción lo más fiel posible de lo que ocurrió con las víctimas del franquismo y que se les pudiera reparar de alguna manera”, ha insistido.

A preguntas de la acusación particular, el historiador ha señalado que “por datos históricos” puede afirmar que no han existido actuaciones judiciales anteriores a Garzón que hayan investigado este asunto, porque si bien en 1978 se creó un “tribunal de la verdad” y se intentaron abrir algunas fosas, “todos ello quedó paralizado con el golpe de Estado del 23-F”.

Posteriormente, el Gobierno socialista de 1982  “decidió apartarse de este proceso”, que no se ha retomado hasta el presente siglo, según el testigo, cuando se abrieron los archivos del Ejercito y los  historiadores “pudimos empezar a mirar”. “Lo que se produjo es una cosa terrorífica”, ha añadido Rodríguez Gallardo.

“Somos personas sensibles y hemos viajado, y hemos visto que en otros territorios del mundo se habían producido denuncias por hechos similares y aquí no”, ha explicado el testigo, para concluir, a preguntas del abogado de Manos Limpias, que su asociación sólo ha obtenido una subvención en una ocasión.

El historiador ha sido el tercer testigo en declarar durante la sesión del juicio de hoy, tras haberlo hecho  María Martín y María del Pino Sosa, de 81 y 75 años respectivamente, quienes relataron  relataron  ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Baltasar Garzón  las dificultades a las que se han enfrentado en la búsqueda de sus familiares represaliados antes de interponer denuncia por lo sucedido ante la Audiencia Nacional.

Las dos mujeres fueron las primeras testigos en declarar en la vista en la que el juez suspendido de la Audiencia Nacional se enfrenta a una pena de hasta 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que solicita para él el sindicato Manos Limpias. La Fiscalía no acusa en este procedimiento.

La vista continuará mañana con los testimonios de otros tres representantes de asociaciones de la Memoria Histórica.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-historiador-investigacion-judicial-imposible-conocer-genocidio-20120201134624.html