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Editorial. Derecho a saber

Noticias de Navarra, | 31 marzo 2012

En pocos meses, el caso de los niños robados ha dado un giro espectacular


EN POCOS MESES, EL CASO DE LOS NIÑOS ROBADOS HA DADO UN GIRO ESPECTACULAR, Y HA ADQUIRIDO POR FIN LA DIMENSIÓN PÚBLICA QUE MERECÍA Y OBLIGADO A INSTITUCIONES Y PARTIDOS A PRONUNCIARSE Y A IMPLICARSE EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

Martes, 27 de Marzo de 2012

FUE el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón quien, en su instrucción de los crímenes del franquismo, cifró en 300.000 el número de niños robados o víctimas de adopciones ilegales desde los años 40. Una cifra difícilmente contrastable, ya que la investigación no ha seguido su curso -el juez ha sido condenado por prevaricación por esta causa-, y las familias que se han puesto en marcha en la búsqueda de sus hijos o hermanos desaparecidos encuentran aún numerosas dificultades para acceder a la documentación oficial y poder así verificar sus sospechas.

DIARIO DE NOTICIAS ha venido publicando sucesivas informaciones sobre la organización y pasos de familias navarras -hay denuncias similares en la CAV y Madrid, con exhumaciones y actuaciones judiciales ya en marcha- que tienen sospechas de que sus hijos fueron robados y vendidos en adopción, y hoy informa de dos nuevas denuncias judiciales de dos familias que reclaman que se investigue qué ocurrió con sus hijos dados por muertos al nacer en 1963. Ambas mantienen que la documentación recabada registra irregularidades y lo que reivindican, admitiendo las dificultades de la investigación, es el derecho a saber la verdad. En pocos meses, el caso de los niños robados ha dado un giro espectacular, y ha adquirido por fin la dimensión pública que merecía y obligado a instituciones y partidos a pronunciarse y a implicarse en la búsqueda de la verdad.

De hecho, el Parlamento de Navarra ha acordado la creación de una comisión de investigación, tras reunirse con la asociación SOS Bebés Robados, para investigar los casos que supuestamente se sucedieron entre 1952 y 1990. Sensibilizada la sociedad sobre la necesidad del esclarecimiento de estos hechos y, si como todos los indicios señalan, estamos ante una trama que practicaba de forma sistematizada el robos de niños, su esclarecimiento debe ser una prioridad y, como tal, requerirá de medios que están muy lejos del alcance de las asociaciones que defienden los derechos de estas familias. Nos hallamos ante un deber ético como sociedad y las instituciones tienen que estar a la altura, por mucho que la investigación y asunción de responsabilidades a todos los niveles conlleven enormes dificultades. Se trata, antes que nada, de amparar el derecho a saber de unas familias que arrastran décadas de angustia por la incertidumbre generada por las dudas sobre cuál fue el destino de aquellos niños y niñas.

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/03/27/opinion/editorial/derecho-a-saber