José Ignacio Marín, regidor de Villaviudas (Palencia), lleva diez años intentando localizar y exhumar a los 27 habitantes del pueblo que fueron fusilados en la Guerra Civil

NATALIA JUNQUERA Madrid 14 MAR 2012
José Ignacio Marín, alcalde socialista de Villaviudas (Palencia), tiene a 27 vecinos del pueblo repartidos por cunetas y fosas comunes. Y no lo puede soportar. Por eso, desde hace diez años intenta averiguar dónde están para exhumarlos y llevarlos «de vuelta casa», al cementerio del pueblo, donde les espera un panteón que ha hecho construir con sus nombres y apellidos.
“Ser alcalde de un pueblo significa preocuparte por las necesidades de tus vecinos, por su bienestar. Eso significa gestionar bien los presupuestos y hacer cosas como esta también. Es mi deber moral hacer todo lo posible por recuperar los cuerpos de estas personas y devolverles la dignidad. Es muy triste pensar que tu marido, tu padre, tu abuelo, está tirado en cualquier cuneta con un tiro en la cabeza, y no poder llevarle unas flores o ir a rezarle si eres católico. Un país democrático no puede permitirse tener las cunetas llenas de gente y a tantas familias con tanto dolor”.
En Villaviudas no hubo guerra, pero se pegaron muchos tiros. No hubo frente, ni trincheras, ni dos bandos enfrentándose con uniformes distintos. En Villaviudas, como en tantísimos pueblos de España, hubo verdugos y víctimas. De los 900 vecinos que tenía este pequeño municipio en 1936 los falangistas mataron a 27: chavales de 19 años, mujeres y hombres que dejaban hijos que aún no habían aprendido a hablar. Marín impulsó en 2003 la exhumación de ocho de ellos, arrojados a una fosa común en un pueblo a 59 kilómetros, Olmedillo de Roa (Burgos).
“Hicimos unas prospecciones en el lugar donde nos había indicado el investigador José María Rojas y encontramos unos huesos. Volvimos a tapar y llamamos a los arqueólogos. Los familiares vinieron a la fosa, tan ilusionados por recuperar a los suyos…pero los arqueólogos descubrieron que eran restos de animales. Fue un momento durísimo. La decepción fue enorme y lo pasamos muy mal. Pero seguimos buscando y a los dos días aparecieron”.
Allí estaban, en efecto, Isidoro Ruipérez, Marcelino Díez, Basilio y David Tolín, Justino Pastor, Pedro Sanz, Julio Fernández y Jesús Masa, ocho de los 27 vecinos que José Ignacio buscaba. Los habían asesinado el 7 de septiembre de 1936. El más joven tenía 19 años y el mayor, 55. Estaban cubiertos de cal. La fosa tenía 4,5 metros de largo y 80 centímetros de ancho. Estaban enterrados a menos de un metro del suelo, arenoso, fácil de cavar, que los asesinos habían elegido para arrojar a las víctimas.
“Ver a ocho personas tiradas unas encima de las otras y ver a sus familiares tan emocionados fue un impacto tremendo para mí. Esa mezcla de resignación, porque nunca les oí una palabra de odio o de venganza, y de alivio por recuperar al fin a los suyos….”, explica Marín. “Desde entonces, ayudo en lo que puedo en las exhumaciones. He estado en diez. Al principio preparaba un poco la tierra antes de que vinieran los arqueólogos. Ahora me han enseñado a limpiar los huesos con brocha y pincel y ya recupero esqueletos. Cuando tengo un cráneo agujereado por una bala entre las manos siento una tristeza inmensa. Pienso en lo mal que lo debió pasar esa persona antes de morir, en lo que sufrió su familia, en el sinsentido de encontrarte algo así en una zona donde no hubo guerra, en la crueldad. Perlo luego cuando Paco descubre en los huesos alguna patología y le dice a un familiar, creo que esta es la persona que buscas, se te hace un nudo en la garganta. Yo creo que he llorado más en estos años de exhumaciones que en toda mi vida”, cuenta emocionándose de nuevo.
Uno de esos 27 vecinos que busca es su abuelo, Julián Cantera. “Era agricultor y concejal del Ayuntamiento por el Frente Popular. Era muy religioso. Los falangistas le fueron a buscar a casa de noche el 12 de agosto de 1936. Lo subieron a un camión con otros seis y lo mataron a unos 10 o 12 kilómetros. Tenía 46 años, una mujer y cinco hijos, el mayor de 14 y el más pequeño de seis. Mi abuela, como todas las mujeres que se quedaron viudas en este pueblo, salió adelante como pudo: salía a arar con ganados, después se iba a segar a mano, luego a recoger la siembra… Los niños pasaron a ser adultos ese día. Se acabó la escuela. Tuvieron que empezar a trabajar en el campo”.
Las viudas, las madres y los hijos de los asesinados tendrían que aguantar mucho más que el dolor de no volver a ver a sus maridos, a sus hijos, a sus padres. Después de los fusilamientos, insiste José Ignacio, vino el miedo, ese miedo terrible a hablar del que faltaba, y el desprecio, los insultos de los que simpatizaban con los asesinos o incluso creían que se habían quedado cortos: “Iban por la calle y aún tenían que oír, ‘mira ahí van esos hijos de rojos. No tenían que haber dejado a ninguno”.
José Ignacio es una excepción. La mayoría de los alcaldes no sienten esa obligación de sacar de las cunetas a sus vecinos. “Algunos del PP me han dicho que no debería remover”. Para él tan importante que sus vecinos tengan un buen centro cultural, una buena asistencia sanitaria, un buen colegio, como una lápida con su nombre en el cementerio. Le preocupa que el Gobierno de Mariano Rajoy fulmine la ley de memoria histórica. “Se quedó un poco corta, pero era una herramienta que nos estaba sirviendo para recuperar los restos de asesinados y la historia. Hay mucha gente esperando. Mucha gente muy mayor, como mi madre, que tiene 85 años y antes de morirse quiere que su padre esté enterrado dignamente. Y no es tanto dinero. Las partidas económicas no son importantes”.
Hay necesidades de sus vecinos, sin embargo, que sabe que no puede satisfacer. Él no puede reescribir la palabra víctima donde ahora dice asesino. Un juez sí.“Estas personas fueron declaradas asesinos, tratadas como criminales, por pertenecer a un sindicato o a un partido de izquierdas. Garzón intentó hacerles justicia, devolverles la dignidad. Lo que le ha pasado es una injusticia».
Mientras tanto, José Ignacio sigue buscando. Ha recuperado ya a ocho vecinos en Olmedillo de Roa y a otros tres en Carcavilla. Le faltan 15, entre ellos, su abuelo. Espera poder encontrarles pronto y repetir el emocionante homenaje que les hicieron en 2003, uno de los primeros actos institucionales de apoyo a las víctimas de la represión. “Ahí aún no habíamos encontrado a mi abuelo, pero se sentía el alivio de muchas familias. Se habían quitado un enorme peso de encima”.
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