El mapa judicial de las fosas del franquismo
El Supremo ha aplazado a la semana que viene su decisión sobre quién es competente para exhumar las fosas de los represalidos del franquismo
PILAR VELASCO / DIEGO SUÁREZ / GRANADA GÓMEZ / MONTSE RIART 14-03-2012
Hasta ahora, ¿cuál ha sido la situación de las fosas? ¿qué causas permanecen abiertas y cuáles se archivaron? Tras la deliberación del alto tribunal, seguirán quedando en este país más de 2.200 fosas y alrededor de 114.000 víctimas sin exhumar, según estimó el auto de Garzón. La estimación de los peritos dispara la cifra a 150.000 cuerpos enterrados.
Desde que Garzón se inhibió en noviembre de2008 afavor de los 46juzgados territoriales más cercanos a las fosas del Franquismo y la Guerra Civil, la mayoría de los expedientes – 46 de 60 -han sido archivados, no se han instruido ni se ha llamado a declarar a las víctimas. Sólo dos juzgados, en Granada y El Escorial, en las fosas que afectan a García Lorca y el Valle de los Caídos, remitieron la causa a la Audiencia Nacionala la espera del pronunciamiento del Supremo. Pero, ¿qué hay del mapa judicial del resto de fosas?
La primera que se abrió con tutela judicial fue en Santa Marta de Tera, en Zamora. El día de la exhumación, el sobrino de uno de los asesinados, comentaba: «Es un día muy especial, muy esperado por todos los familiares. y que todas las investigaciones y el esfuerzo de tantos satisfaga el deseo de todos». Sería la primera y no le seguirían muchas más.
En Extremadura se archivaron las causas a pesar de que se abren fosas desde 1979. Amparados por la Ley de la Memoria Histórica recurren al procedimiento administrativo. Desde 2003 cruzan listados de víctimas, contrastan nombres, buscan en registros civiles, prisiones, en documentos relacionados con consejos de guerra… La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la región ya cuenta con financiación para abrir dos trincheras en Puebla de Alcócer y una fosa en el cementerio de Frenegal de la Sierra. Siguen pendientes las fosas en Valdecaballeros, Zarza la Mayor, Cuacos de Yuste (Cáceres). El problema son las fosas en fincas particulares cuyos propietarios se niegan a autorizar la excavación en sus terrenos. Son los casos, por ejemplo, de Arroyo de San Serván y en Valencia de Alcántara.
En Andalucía podría haber más de 42.000 victimas. La asociación de la memoria histórica en Huelva presentó dos denuncias en la Audiencia Provincial. Una por amparo judicial y otra por apertura de fosas y se las echó para atrás la audiencia onubense y están pendientes de la deliberación del Supremo.
Almería representa la cara y la cruz en lo que a la exhumación de represaliados del franquismo se refiere. Por un lado, fueron recuperados los restos de los guerrilleros antifascistas Indalecio Fuentes y Rafael Jiménez, en diciembre de 2010 en el camposanto de Sierro, donde fueron enterrados en una fosa tras ser fusilados en el año 47. Por otro, los restos del ex alcalde republicano de Cuevas del Almanzora Martín Márquez, fusilado en 1939, continúan en una fosa común en el cementerio de San José. Su caso se encuentra en tierra de nadie. Tras un encuentro en abril de 2010 entre sus nietas; el comisario de la Memoria Histórica, Juan Gallo; y el Ayuntamiento de Almería, todavía no se ha dado luz verde a la cata arqueológica que permita localizar sus restos. Un hecho que el Comisariado interpreta cómo una forma de obstaculizar el proceso de exhumación. Según el Ayuntamiento, el procedimiento constituye un modo de cumplir con los requisitos legales pertinentes, teniendo en cuenta lo delicado del terreno en que se ubican los restos, un cementerio.
En Córdoba, siguen abiertos los trabajos de la Asociación Aremehisa, en Aguilar de la Frontera, para la búsqueda, localización y exhumación de las fosas del entorno.
Los trabajos de exhumación de restos en la fosa de Gerena, donde fueron enterradas 17 mujeres de la vecina localidad de Guillena tras ser vejadas y asesinadas por los franquistas, han terminado. Quedan por concluir las labores de identificación de ADN y determinar qué se hace con los restos hallados. Pero el éxito de esta campaña, tras más de una década de lucha persiguiendo la verdad, deja una consecuencia más importante: el grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (REMHSA), de la Confederación General del Trabajo, ha avanzado que promoverán la búsqueda de mujeres muertas en similares circunstancias en Fuentes de Andalucía (Sevilla) y la Puebla de Guzmán (Huelva). Las conocidas como las 17 rosas de Guillena fueron mujeres de entre 20 y 70 años secuestradas, violadas, rapadas, encarceladas, intoxicadas con aceite de ricino y expuestas al escarnio de sus vecinos antes de ser asesinadas. Sus descendientes, agrupados en la asociación 19 Mujeres (dos de las víctimas sobrevivieron), no han parado hasta desenterrar la verdad y pese a las presiones sociales y políticas sufridas.
El artículo 13 de la Ley de la Memoria Histórica obliga a comunicar al juez la apertura de una fosa, por si decide personarse. En la Comunidad Valenciana ningún juez lo ha hecho. De momento, en Paterna, una mujer quiere recuperar a su padre y otras dos familias han solicitado la apertura de fosas por esta misma vía, el ayuntamiento no ha contestado.
En Catalunya, con más de 3.000 peticiones de familiares, los procesos no se llevan por la vía judicial, sino por la administrativa, a raíz de la Ley de Fosas, Localización e Identificación de Personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura por parte de la Generalitat. Por esta ley se realiza un censo de personas desaparecidas (una lista con los nombres que proporcionan los familiares sobre un pariente del que no tuvieron nunca más noticia, sea durante la Guerra o en Dictadura) y un mapa de fosas: Por los datos que me han proporcionado, ahora mismo, en este censo hay 4.410 casos inscritos, 1.879 de los cuales ya se han resuelto (la mayoría se han archivado por falta de datos y sólo en 380 casos se han podido determinar las causas de la muerte y el sitio dónde se enterró a la persona).
En el caso de las Fosas, en Catalunya la exhumación la coordina el gobierno y se lleva por la vía administrativa, excepto en casos en que se sospeche que puedan pertenecer a crímenes no prescritos, aunque de este tipo de proceso en Catalunya no tenemos ninguno. Por la vía administrativa se han inhumado 13 fosas, donde se han encontrado un total de 50 cuerpos, de los cuales sólo se han podido identificar 5.
Tampoco hay ningún proceso en marcha para revisar alguna sentencia de un Tribunal Franquista. En el único caso en el que lo intentó la Generalitat fue el 2009 con Lluís Companys. Después de la petición de un familiar, el ministro de Justicia aprobó una Declaración de reparación y reconocimiento personal e instó al Fiscal General del Estado a interponer un recurso de revisión ante el Supremo, pero este lo desestimó porque consideró que no se podía revisar una sentencia que en su momento ya se expulsó del ordenamiento jurídico actual y se declaró nula de derecho.
En Castilla León, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, se abrió la fosa de Campo de Aviación. Desde el mismo lugar de la fosa, Francisco Echevarría, forense, explicaba lo ocurrido:?La mayoria de las veces, salvo en cuatro o cinco ocasiones, teniendo en cuenta que se han exhumado unas 200 fosas, la mayoria de las veces los jueces no aparecen. Reciben la notificación y luego se abstienen bajo el argumento de que los hechos han prescrito».
En Mallorca las dos causas abiertas fueron desestimadas por la fiscalía. En Aragón se archivó la causa, a pesar de los numerosos muertos enterrados en el barranco de la Bartolina, por citar uno de los muchos casos de la comunidad. Y en Galicia… así en cada comunidad autónoma. El auto de Garzón daba una cifra aproximada de 114.266 muertos y el último mapa del Gobierno repartía por España más de 2.600 fosas.
