Víctimas del franquismo, asociaciones de la memoria y jueces progresistas reclaman al Estado un plan de recuperación de fosas, ahora que la vía judicial ya es impenetrable

 

marco romero | león 04/03/2012

«Le sacaron de casa de una mujer en Quintanilla de Babia, pero mi abuelo vivía en Villaseca de Laciana con mi abuela y sus hijos. Lo que se dice es que era su amante y no se sabe si participó o no, pero quedó con ella tal día y a tal hora y apareció el camión en el que se lo llevaron junto a otros. Le pasaron por delante de su casa y le llevaron a Villablino. Allí estuvo una noche, creo. Y después los volvieron a meter en el mismo camión por la carretera de Omaña. Mi abuelo conocía muy bien los caminos y en un momento se tiró del camión; corrió y corrió, pero no pudo… Y lo mataron. Siempre se ha dicho que en aquel camión iban ocho hombres y una mujer que tenía 29 años y era de Grao. El resto eran de la zona. A la mujer, que llevaba un atillo con ropa, después de muerta se lo pusieron bajo la nuca para dejarle la cabeza bien colocada. Todos los años, mi padre nos llevaba desde Villaseca hasta Rioscuro para enseñarnos el lugar. Sé que era una curva y hay un lugar que es probable, pero no exacto. 200 o300 metrosen una cosa de estas es mucha distancia. Y, además, hoy todo aquello es un terreno privado, así que todo es más difícil. Sólo desearía poder unir los restos de mi abuelo a los de su familia. Pero ahora me ha entrado mucha preocupación y ya no confío». El desánimo de María Nieves Álvarez Machín viene motivado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que juzgó la instrucción de Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo y el rigor con el que ha determinado que la vía judicial está extinguida para estos casos. En resumen, la resolución dela Salade lo Penal dela Audiencia Nacionalviene a decir que la «legítima pretensión» de las familias de honrar y homenajear a las víctimas «no puede ser dispensada por la vía penal» sobre hechos «de los que se sabe que no es posible declarar la culpabilidad de una persona». Aunque anima las víctimas a ejercer derechos que no han visto plenamente satisfechos «a través de otros organismos del Estado» y «contando con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores». «Pero no corresponde al juez de instrucción», subraya esta sentencia originada por las denuncias de asociaciones de la memoria histórica de varios territorios en las que ponían en conocimiento del juzgado la desaparición de familiares sin conocer la verdad de los hechos acaecidos, el lugar de fallecimiento y de su enterramiento, y solicitaban la tutela judicial para la exhumación e identificación de los cadáveres y así poder honrarlos.

Pero el nuevo contexto que introduce la sentencia afecta a muchas víctimas y familiares de desaparecidos que siguen teniendo en sus manos la responsabilidad de localizar fosas, abrirlas y exhumar los cuerpos sólo con la ayuda de las asociaciones. María Nieves relata el caso inédito de una fosa que se encuentra entre Rioscuro de Laciana y el Villar de Santiago, en la que se supone que estarían los restos de, al menos, ocho hombres y una mujer, la mayoría o todos procedentes de pueblos asturianos del entorno. «A mi abuelo le llamaban el ‘tío de la pipa’ porque siempre la llevaba encima. Yo tengo la ilusión de encontrarla con él», señala esta nieta de represaliado. Como ella, docenas de familias leonesas conocen el paradero físico de sus antepasados en cunetas y fosas, pero deben actuar al margen de la justicia si quieren recuperar los restos.

Seguirán como hasta ahora. Desde que Garzón se inhibiera en la causa del franquismo en favor de los juzgados territoriales —este asunto aún está pendiente de ser resuelto en el Tribunal Supremo—, doce de las 24 fosas que inicialmente entraban en su auto ya han sido abiertas e identificadas con la autorización de los familiares. «En el 99% de los casos no se persona nadie», señala de manera gráfica el vicepresidente dela Asociaciónparala Recuperacióndela Memoria Histórica(ARMH), Marco González. Y eso que cada vez que confirman la existencia de una fosa común informan al juez que corresponda o al cuartel dela Guardia Civilmás cercano. El protocolo que siguen empieza por dejar constancia de una denuncia que detalla la aparición de restos humanos durante la cata arqueológica. Se abren diligencias y en un plazo de quince días el titular del juzgado dicta un auto archivando un caso de «no delito», en base ala Leyde Enjuiciamiento Criminal ola Leyde Amnistía de 1977, porque no resulta demostrable la infracción penal, según constata la documentación facilitada por la asociación. «Nosotros seguiremos», adelanta Marco González.

Un plan programado. Lo cierto es que la reciente sentencia del Tribunal Supremo ha movilizado a diversos colectivos implicados en la recuperación de la memoria histórica, jueces incluidos. Los magistrados integrados en la entidad Jueces parala Democraciaentiende que, en este nuevo contexto, el Estado debería desarrollar lo que denominan un «plan programado, sistemático y financiado públicamente» para resolver definitivamente la localización de fosas y honrar la memoria de los ejecutados exhumando sus cuerpos. Según el mapa de fosas del Ministerio de Justicia, en León hay 45 enterramientos comunes, algunos de ellos ya exhumados y con los restos trasladados al Valle de los Caídos.

La ineficacia dela Leydela Memoria Históricaen este ámbito es más que notoria. Como solución, Emilio Silva, presidente dela ARMH, explicó que no todo está perdido. «Hay dos posibilidades: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos». «El Estado —añadió— no cumple con sus deberes y llevando pruebas de que es así…». La organización que representa tiene previsto solicitar al Tribunal Supremo que resuelva con carácter de urgencia ese conflicto de competencias que rebotó la causa a decenas de juzgados locales. En el caso de la provincia leonesa, los juzgados de Ponferrada archivaron las actuaciones ya en el 2008. Los jueces de León y Astorga, como los de la mayor parte del territorio nacional, no se han pronunciado.

Entretanto, el terraplén de Rioscuro donde permanecen los restos de Clemente Álvarez sigue tomado por las ortigas. No existe partida de defunción. Procedente del concejo asturiano de Teverga, concretamente de Taja, se casó en Villaseca de Laciana y allí vivió hasta que fue apresado al poco tiempo de empezar la guerra. «Los campos estaban llenos de centeno», recuerda su nieta María Nieves por lo que tantas veces ha escuchado en boca de su padre, también represaliado. «A mi padre lo llevaron a San Marcos y redimió pena enla Minero Siderúrgicade Ponferrada».

Ahora se buscan testimonios sobre lo ocurrido aquel funesto día de 1936 en Rioscuro. Lo que siempre ha trascendido entre los vecinos es que todos los ejecutados eran asturianos. La mujer, de 29 años, era de Grao. También se ha oído en la familia que, con el tiempo, se llegaron a encontrar los cuerpos de dos hombres y una mujer, pero no existe constancia ni de eso ni de lo contrario. «Yo creo que su muerte fue más bien por lo político, porque era de izquierdas», narra la nieta de ‘el tío de la pipa’.

Pese a toda la represión que padeció la familia durantela Guerra Civily los años posteriores, asegura que no viven «con rencor». En realidad ha sido un tema tabú que su padre nunca quiso hablar en casa.

Como María Nieves, las familias de un número todavía indeterminado de desaparecidos inhumados en doce fosas ya identificadas y repartidas por toda la provincia esperan una solución, y la más cercana está en sus propias manos.

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