El alcalde de Gavà, en cambio, fue asesinado por la FAI durante la Guerra Civil

 

El Memorial Democrático se ha centrado en la recuperación de las víctimas del régimen franquista -o incluso de las víctimas de la retaguardia republicana como las religiosas de Cervera que honró el consejero el 5 de septiembre del año pasado-, pero Esquerra fue uno de los partidos que padeció más la represión con un total de 42 alcaldes fusilados durant los primeros años del franquismo. También hay algún caso, como Bartomeu Fabrés, alcalde de Gavà, que fue asesinado por la FAI durante la Guerra Civil.

Entre otros, murieron en estas trágicas circunstancias los alcaldes de la Aldea (Baix Ebre), Alella (Maresme), Alp (Cerdanya), Badalona (Barcelonès), Castellbell y el Vilar (Bages), Cornudella de Montsant (Priorat), Gandesa (Tierra Alta), la Espluga de Francolí (Conca de Barberà), según el estudio El franquismo contra Esquerra, escrito por los historiadores Josep Maria Solé y Sabaté y Oriol Dueña e Iturbe y editado por la Fundación Irla. La edad media era de 48 años y el 90% estaba casado.

Entre los dirigentes ejecutados más conocidos hay Josep Sunyol, diputado al Congreso y presidente del FC Barcelona. Fusilado por los franquistas a comienzos de la guerra cuando se extravió al frente de Madrid y fue detenido. Lluís Solà, alcalde de Santa Coloma de Queralt o Josep Fàbrega, diputado en el Parlament. El único que no se exilió. Fusilado por los franquistas a los 71 años. O el mencionado Bartomeu Fabrés, alcalde de Gavà. Asesinado el 11 de septiembre del 1936 por la FAI.

Otros casos son el alcalde del Aldea, Agustí Ventura, que fue alcalde justo un año entre el abril del 38 y su detención el 39. Ya había participado en los Fets d’Octubre. El de Santa Coloma de Gramenet, Celestí Boada, campesino de profesión, tenía 36 años, estaba casado y con cinco hijos. Domènec Puigredon, de Cervera, de 64 años, era viudo y abogado; y Ricard Farré, de la Espluga de Francolí, tenía un negocio de pastelería. Las autoridades franquistas lo acusaban de haber matado, bajo su mandato, once personas y haber participado en la destrucción de ornamentos religiosos e imágenes sagradas. También de la represión a Solivella después del 18 de julio, donde murieron asesinadas 28 personas.

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