La asociación progresista pide la rehabilitación de represaliados de la dictadura

 

PILAR CAMPO OVIEDO

Los jueces y magistrados asturianos alineados en la asociación progresista Jueces parala Democracia(JpD) instan al Estado a reparar la deuda que tiene contraída con miles de familias que sufrieron la represión de la dictadura franquista y aún no han podido recuperar de las cunetas y las fosas comunes los restos de sus parientes asesinados durante el régimen.

El coordinador de JpD en Asturias, el magistrado-juez Julio Martínez Zahonero, considera quela Leydela Memoria Históricaha supuesto un avance “bienintencionado”, aunque advierte de que su aplicación práctica ha resultado “insuficiente”, al quedar su eficacia “al albur de la disposición a colaborar por parte de las comunidades autónomas”. La asociación impulsa una propuesta para la rehabilitación de los represaliados a través del diseño de un ambicioso plan nacional donde el propio Estado sería el que, de forma “global, sistemática y planificada”, abordase una programación, facilitando los medios para proceder a las exhumaciones.

La absolución de Garzón “La solución no es dejarlo como hasta ahora, a impulsos de particulares y asociaciones que se ven obligados a tener que mover toda la maquinaria administrativa en actuaciones concretas. 37 años después del fin de la represión va siendo hora de abordar la cuestión de forma natural y sin que nadie se rasgue las vestiduras”, subraya el coordinador regional.

Jueces parala Democraciarespalda la sentencia del Tribunal Supremo que absolvió al juez dela Audiencia NacionalBaltasar Garzón del delito de prevaricación que se le imputaba por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Julio Martínez Zahonero atribuye precisamente a “la falta de respuesta efectiva de otras instancias” la iniciativa de Garzón de asumir esa investigación, con base en una interpretación de normas internacionales que, a juicio del coordinador asturiano, “podrá ser discutible, pero no era arbitraria”.

La absolución era la única vía posible, ya que, de haber sido otra la sentencia del Tribunal Supremo, el portavoz de JpD entiende que “se habría criminalizado la interpretación disidente pero razonada, cuando para corregir posibles errores interpretativos o nulidades ya está el sistema de recursos”. El Supremo mantiene el criterio de que no puede existir un proceso penal cuyo fin no sea depurar la responsabilidad de alguna persona concreta.

El secretariado nacional de la asociación reclama la declaración de nulidad de todas las sentencias que fueron dictadas por los tribunales de la dictadura.

Julio Martínez Zahonero reconoce que la situación coyuntural de crisis económica no propicia grandes inversiones en este capítulo, pero entiende que es necesario dar los pasos necesarios para la rehabilitación. “Es una pena que se hayan perdido tantos años”, lamenta el coordinador regional.

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